La diputación se da de plazo hasta mayo para que los nuevos arcos para camiones de la N-I empiecen a cobrar

La diputada Aintzane Oiarbide defiende que la nueva norma foral elimina el argumento de la discriminación en favor del transporte local
Sostiene que es responsabilidad del Ejecutivo guipuzcoano garantizar el cobro de un gravamen que “ha llegado para quedarse”

“Los tribunales no podrán volver a utilizar el argumento de la discriminación;los flujos dicen que no es así”

Iraitz Astarloa Gorka Estrada - Viernes, 14 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - “Un varapalo jurídico que no esperábamos”. Así calificó la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anuló en abril los peajes de la N-I y AP-15 al considerarlos discriminatorios, algo que de facto prohíbe Europa. Desde entonces, la Diputación ha iniciado una andadura que le ha llevado a recurrir la sentencia mientras, paralelamente, ha arrancado la tramitación de una nueva norma foral para corregir los aspectos que censura el Alto Tribunal vasco y así, “garantizar un sistema de cobro” que está llamado a sufragar los gastos de mantenimiento y conservación de las mencionadas carreteras. Un proceso que la Diputación ha emprendido por “responsabilidad política” y cuyos frutos se verán el próximo mayo, cuando los nuevos pórticos entren en funcionamiento.

Así lo anunció ayer la propia Oiarbide, quien compareció en las Juntas Generales para presentar el proyecto de norma foral que regulará el nuevo canon y que tendrá que ser refrendado por las Juntas Generales. Actualmente, el sistema de peajes consta de tres pórticos, colocados en Etzegarate, Andoain e Irun, que gravan tres tramos de 10,3 kilómetros (entre Astigarraga y Andoain), otro de 2,2 kilómetros (entre los enlaces norte y sur de Andoain), y un tercero de 7,4 kilómetros (de Idiazabal a Etzegarate). La principal novedad del sistema que se implantará en mayo consiste en alargar el tramo intermedio que determina el arco de Andoain hasta los 5,37 kilómetros. Además, el arco de Irun, que grava el trayecto entre Andoain y Astigarraga, dejará de cobrar (aunque permanecerá instalado por motivos técnicos) y pasará a implantarse uno en Astigarraga, que además cobrará por 3,19 kilómetros. Asimismo, se instalará otro pórtico en Andoain para que los transportistas que accedan al sistema allí no tengan que pagar los 5,37 kilómetros de todo el tramo, sino 2,2 kilómetros.

Lo que no varía es la previsión de ingresos de uno u otro modelo, que asciende a nueve millones anuales, de los que tres se destinarán a sufragar los gastos operativos del sistema, otros tres para el mantenimiento ordinario de las vías objeto del gravamen y otros tres para el mantenimiento extraordinario de las mismas.

De esta forma, el peaje permitirá liberar este montante del presupuesto ordinario de la Diputación y destinar este dinero a otras partidas.

Argumento de la discriminación Esta modificación de los tramos trata de “evitar cualquier interpretación de posible discriminación”, precisó Oiarbide, que además, añadió que los tribunales “no podrán volver a utilizar el argumento de la discriminación indirecta ya que los flujos de tráfico demuestran que esto no es así”.

En este sentido, recordó que en abril, cuando se conoció la sentencia del TSJPV, la Diputación no disponía de datos suficientes referentes al tránsito, algo de lo que hoy, casi nueve meses después, sí.

“Creemos que el sistema AT no es discriminatorio y tenemos datos reales que lo confirman. El 72% de los transportistas que solo pasan por el pórtico de Andoain no son de Gipuzkoa, en contra de lo que afirma la sentencia”, explicó la diputada, que añadió que esos camiones “llegan fundamentalmente de la AP-15 de Navarra o bien desde la autovía Beasain-Bergara o la AP-8, desde Zarautz”. Asimismo, del denominado tráfico mixto que tiene Gipuzkoa como origen o destino, solo el 18% son transportistas guipuzcoanos. “Estos datos reales contradicen los supuestos asumidos como ciertos en la sentencia”, subrayó.

Con respecto al perjuicio económico que estos cambios van a suponer para el transporte local, Oiarbide reflexionó que “el problema de los transportistas no es ni de lejos el peaje, sino la competencia desleal, la contratación a precio de ganga y otros”.

Por todo ello, la diputada defendió que una carretera de tránsito internacional como la N-I sea de pago. “No es justo que siendo tierra de tránsito el mantenimiento lo tengamos que pagar los guipuzcoanos, como ha pasado hasta ahora. Hay una planificación que debemos llevar adelante. En las Juntas Generales se decidió que mediante los peajes se realizara el mantenimiento y mejora de varios tramos de la N-I y la A-15 aplicando la justicia a través del pago por uso. Tras la puesta en marcha de este peaje, no somos los guipuzcoanos los únicos en mantener estas carreteras, aportan todos los usuarios por primera vez. Nuestra responsabilidad como Diputación es proponer el único instrumento que tenemos para garantizar este mandato: una nueva norma foral”, zanjó.

críticas Los argumentos de la diputada no convencieron a los partidos de la oposición, que criticaron los movimientos del Ejecutivo foral. “A pesar de que la Diputación de Gipuzkoa haya hablado una y otra vez contra esa sentencia y repetido que tenían razón jurídica, la propuesta presentada anula todo su discurso. Esa propuesta es una enmienda a la totalidad que la Diputación se hace a sí misma”, señaló el juntero de EH Bildu Iban Asenjo.

Por su parte, Imanol Gude, de Podemos, hizo la siguiente reflexión: “Nos plantearon esta norma foral -la anulada por el TSJPV- diciendo que estaba todo atado y bien atado. Esta vez ¿va a estar bien atado de verdad o va a ser otro nuevo fracaso?”.

Finalmente, el representante del PP, Juan Carlos Cano, lamentó que “la Diputación de Gipuzkoa ha emprendido una huida hacia delante que va a tener como resultado que los guipuzcoanos seamos los que más peajes paguemos”.

En corto

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Son los millones de euros anuales que la Diputación de Gipuzkoa tiene previsto recaudar con los peajes de la N-I y AP-15. De estos, tres millones se destinarán a sufragar los gastos operativos del sistema, otros tres para el mantenimiento y conservación de las carreteras objeto del gravamen y los tres restantes para el mantenimiento extraordinario. Estas tareas de conservación corrían hasta ahora a cargo del presupuesto foral.

Cambios de la nueva norma. La principal novedad del sistema que se implantará en mayo consiste en alargar el tramo intermedio que determina el arco de Andoain hasta los 5,37 kilómetros. Además, el arco de Irun, que grava el trayecto entre Andoain y Astigarraga, dejará de cobrar (aunque permanecerá instalado por motivos técnicos) y pasará a implantarse uno en Astigarraga, que además cobrará por 3,19 kilómetros. Asimismo, se instalará otro pórtico en Andoain para que los transportistas que accedan al sistema allí no tengan que pagar los 5,37 kilómetros de todo el tramo sino 2,2 kilómetros.