Editorial

Más que un reparto de fondos

El Gobierno español promete a las comunidades autónomas 40 millones para afrontar el coste de la acogida de los ‘menas’ pero este enfoque está muy lejos de un reparto en clave solidaria de los menores

Jueves, 6 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

La Conferencia Sectorial de Migraciones, la segunda celebrada ayer en el plazo de un mes, sirvió para poner sobre la mesa de trabajo tanto del Gobierno español como de las comunidades autónomas, la actuación conjunta sobre la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas), agravada este verano por la fuerte llegada de migrantes a la península. La reunión sirvió para trazar las líneas de trabajo de las administraciones, todas concernidas por el escenario migratorio. Además, trajo consigo la promesa de una partida de 40 millones de euros en los próximos seis meses - hasta la aprobación de los presupuestos para 2019- que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social pondrá a disposición de las comunidades para hacer frente a la asistencia de los 10.000 menores extranjeros no acompañados registrados en el Estado. Sin embargo, el anuncio del fondo económico del Gobierno -sin concreción en cuanto al reparto por comunidades autónomas- no puede obviar la urgencia de establecer una acogida que sea afrontada de forma solidaria con el objetivo de atenuar la presión existente en aquellos lugares que albergan a mayor número de chicos que llegan solos, como son Euskadi, Andalucía, Catalunya y Melilla. El plan de trabajo incluye la puesta sobre la mesa a corto plazo de este reparto equitativo que solventaría la sobreocupación en algunos centros de menores de aquellos territorios que concentran sistemáticamente el grueso de los menores extranjeros no acompañados. El carácter voluntario en el que se mueven los flujos de acogida aboca a que, de nuevo, sean la mismas comunidades que hasta ahora las llamadas a ser receptoras de este colectivo. Bajo el principio de “corresponsabilidad institucional” en el que ayer insistió el Gobierno Vasco, recordando los más de 700 menas que actualmente tiene la CAV, debiera fundarse el reparto equitativo y la distribución solidaria. De este modo, se evitaría que algunas comunidades estén sobrecargadas y en otras apenas haya presencia de menores extranjeros no acompañados. Es el de ayer un paso valorado positivamente pero insuficiente para cerrar un plan de acogida solidaria, urgente y con garantías. Y en este objetivo, el Gobierno español tiene la responsabilidad principal, pues la inmigración es competencia suya y limitar el plan a un reparto de dinero por los costes que ocasiona la acogida está muy lejos de un enfoque solidario de este desafío.