Macri es imputado por “abuso de autoridad”

El presidente argentino, Mauricio Macri.

Un fiscal ve delito en firmar el acuerdo con el FMI a espaldas del Parlamento

Jueves, 6 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

Buenos Aires - La decisión de un fiscal de imputar al presidente Mauricio Macri y parte de su Gobierno por “abuso de autoridad”, al haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin consultar al Congreso, elevó ayer el desconcierto social con la situación económica y el futuro del país.

Según dijo el propio procurador, Jorge di Lello, su decisión de impulsar la investigación se debe a la sospecha de que la negociación del Ejecutivo con el FMI -para obtener el crédito de 50.000 millones de dólares concedido en junio pasado- se hizo “de manera irregular” por no tener autorización del poder legislativo. En concreto, el fiscal se basa en la denuncia presentada por el economista y exdiputado de izquierda Claudio Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo, quienes en horas de la madrugada de ayer miércoles fueron los encargados de difundir a la prensa la resolución del Ministerio Público, que tiene como firma el 28 de agosto pasado. “Nuestra constitución establece que es el Congreso el que tiene la facultad únicamente para tomar deuda pública y para hacer convenios con organismos internacionales”, contó Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Según agregó, el Gobierno basó su justificación de tomar unilateralmente la decisión de ir al FMI en que existía una ley de administración financiera de la década de 1990 que autorizaba al Ejecutivo a “realizar acuerdos con organismos internacionales de los cuales Argentina formaba parte para tomar deuda pública”.

“Solo que esas delegaciones del Congreso al poder ejecutivo caducaron en 2010. Lo que está haciendo el Gobierno es ocho años después revivir normas que habían muerto jurídicamente”, concretó el abogado. Sobre la firma con el FMI, el oficialismo ya declaró semanas atrás que no es una materia sobre la que el Congreso tenga competencia para decidir. La investigación de Di Lello, cuyo devenir dependerá de que si el juez federal Julián Ercolini le da el visto bueno, se da en medio de las renegociaciones en Washington entre el Gobierno y el FMI para acelerar el cobro de una nueva partida de los 50.000 millones de dólares, tras la entrega de los primeros 15.000 este junio. - Efe

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