Editorial

Unas víctimas que existen

La decisión de sindicatos policiales y de la Guardia Civil y asociaciones de víctimas de salir a la calle contra la ley vasca de abusos policiales abunda en la discriminación de los damnificados

Domingo, 2 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

la denominada Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999 -nombre oficial de la conocida como ley de abusos policiales- es una norma aprobada por el Parlamento Vasco cuyo objetivo es reconocer y reparar a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos en Euskadi, muchas de ellas perpetradas por funcionarios públicos. Esta ley ha estado envuelta en la polémica y en la confrontación política antes incluso de su nacimiento, ante la oposición de diversos sectores a su puesta en marcha, al considerar que suponía la equiparación de estos damnificados con las víctimas del terrorismo, fundamentalmente de ETA, así como un cuestionamiento de la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, en definitiva, un supuesto aval a la denominada teoría del conflicto. Ayer, sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, asociaciones de la Guardia Civil y colectivos de víctimas de ETA mantuvieron en Gasteiz la primera reunión de un grupo de trabajo formado ante el malestar generado después de que a finales de julio los gobiernos vasco y español llegaran a un acuerdo mediante el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez retiraba el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el gabinete de Mariano Rajoy contra la ley vasca de abusos policiales. En este primer encuentro, estos grupos acordaron convocar diversas movilizaciones en la calle y agotar todas las vías legales para impedir la retirada del recurso del Gobierno del PP. Es decir, su único objetivo es impedir que exista un reconocimiento oficial de las víctimas de abusos policiales. Víctimas que existen, no son una invención. La movilización, la protesta o reivindicación en la calle, es un recurso plenamente legítimo en democracia. Otra cosa, bien distinta, es agitar determinados sentimientos en la ciudadanía y utilizar a las víctimas para evitar que se reconozca a quienes han sufrido vulneraciones de derechos humanos, cualesquiera que sean. La virtualidad de la ley vasca es que evita -más aún con las modificaciones previstas en breve- usurpar la labor de la justicia y se limita al reconocimiento de las víctimas. Un aspecto que una sociedad democrática y comprometida con la justicia y los derechos humanos no puede ni debe impedir sino, más bien al contrario, fomentar.