El Ejecutivo de Sánchez defenderá a Llarena si Bélgica cuestiona su causa

Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores. (Foto: Efe)

El Gobierno español recurre la apertura de embajadas catalanas por una cuestión de plazos

Viernes, 24 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

DONOSTIA - El Ministerio de Justicia anunció ayer que contratará un bufete privado de abogados que defienda “la soberanía e inmunidad jurisdiccional” del Estado español en el procedimiento civil abierto en Bélgica contra Pablo Llarena si el tribunal belga cuestiona la causa abierta por el procés que instruye este juez. Esta decisión supone que pague la defensa de Llarena, que no será asumida por la Abogacía del Estado. Esta decisión no supone alinearse con el magistrado ni el contenido de sus investigaciones en sentido estricto y particular, sino que el Gobierno español está saliendo en defensa de la soberanía de la justicia estatal en general. En el comunicado del ministerio, además, se concreta expresamente que esta defensa no va a extenderse a las valoraciones personales que ha podido hacer Llarena en ámbitos privados.

Justicia recuerda que dicho proceso penal “está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española”, por lo que el tribunal belga que estudia la demanda civil interpuesta por el expresident Puigdemont y otros cuatro exconsellers fugados no debe inmiscuirse en el mismo. Si, por el contrario, la instrucción “se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda”, Justicia advierte de que “el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional” del país y “su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción”. Y no descarta incluso acudir, si fuese preciso, hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Esta actuación no implica “en ningún caso”, recalca el ministerio, que el Estado vaya intervenir en “defensa” del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por las expresiones o manifestaciones de carácter privado “que se le atribuyen” en la demanda. Esta decisión se ha tomado después de que el Consejo General del Poder Judicial pidiera asumir la defensa.

Por otro lado, el Gobierno español presentará un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de la Generalitat que pretende restablecer las embajadas catalanas en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia. Lo hará el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (MAUC), que destaca en un comunicado que el Govern “no ha cumplido las condiciones”. En concreto, defiende que la Generalitat debía avisar con antelación de la reapertura de las delegaciones cerradas por el 155, y lo hizo “con solo 24 horas de antelación a la adopción del decreto de creación”. Asimismo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitió una carta a Quim Torra en la que propone celebrar la Junta de Seguridad del 3 al 7 de septiembre, donde previsiblemente se tratará la retirada de los lazos amarillos. - N.G.

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