Lakua no ve en peligro la atención a víctimas policiales

Prevé que el Parlamento avale la ley, pero está pendiente del recurso del PP

M. Vázquez - Jueves, 23 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

Donostia - Los gobiernos vasco y español llegaron a un acuerdo en julio para hacer posible el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999, pero aún quedan una serie de etapas que deben cumplirse para que la comisión de expertos empiece a estudiar los casos que lleguen a su despacho. En concreto, el gabinete de Iñigo Urkullu está pendiente de dos hitos: el Parlamento Vasco debe aprobar primero los retoques acordados con el presidente español, Pedro Sánchez, a cambio de la retirada del recurso de Rajoy en el Tribunal Constitucional;y el PP podría abrir nuevamente el conflicto judicial porque cuenta con más de 50 diputados en el Congreso.

Sánchez retiró el recurso, pero el Parlamento Vasco debe aprobar a cambio en octubre las modificaciones mínimas que pactaron ambos gobiernos. Los trabajos de la comisión arrancarán cuando se cumpla ese trámite. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se pronunció ayer de manera críptica en una entrevista concedida a Europa Press cuando dijo que, si los cambios van a desvirtuar la ley, es mejor no aprobarlos, pero el Gobierno Vasco no ve en riesgo el trámite y considera que hay votos suficientes.

Desde el Ejecutivo recuerdan que los cambios solo buscan blindar la seguridad jurídica de la ley dejando claro que no se pretende suplantar al juez ni centrarse en buscar culpables, sino que se trata de reparar a la víctima. Se reforzará la presunción de inocencia y la protección de datos de los agentes de las fuerzas de seguridad, pero ningún cambio afecta al núcleo de la ley: se podrán estudiar todos los casos, tengan o no una sentencia que acredite su versión;y las indemnizaciones previstas son las mismas.

los escenarios Durante todo el proceso de elaboración de la ley, EH Bildu mantuvo una posición muy ambiciosa para eliminar los límites temporales y remontarse al franquismo, pero se inclinó por una abstención para no torpedear el reconocimiento a estas víctimas. Unas horas después del acuerdo entre los gobiernos, de hecho, confirmó otra abstención, pero ahora Otegi matiza, aunque no se espera que la izquierda abertzale se haga la fotografía tumbando el reconocimiento a los afectados. “Nosotros tenemos el temor de que se modifique la ley hasta el punto de tratar de desvirtuarla. Vamos a ver qué ocurre al final”, dijo. El Gobierno Vasco necesita la abstención de un grupo de la oposición. El PP votará en contra. Se prevé que Elkarrekin Podemos no ponga obstáculos.

El Gobierno Vasco está pendiente también del recurso que pueda presentar el PP ante el Tribunal Constitucional, pero recuerda que el Gobierno español es el único que tiene potestad para paralizar las normas con el mero acto de interponer la demanda en el tribunal. La sentencia tardaría en llegar, al menos, dos años. Los magistrados acaban de tumbar la ley navarra, pero en ese caso se introducían alusiones al esclarecimiento de los hechos que han servido de percha al tribunal para vetarla. Por otro lado, el sindicato policial SUP ha recurrido la ley vasca al TSJPV.

El principal hito del que está pendiente Lakua es la tramitación en el Parlamento Vasco. La comisión de expertos va a esperar a que se produzca ese trámite porque es el compromiso pactado con Sánchez. La comisión la preside Juana Balmaseda, y el forense Paco Etxeberria es uno de sus integrantes.

Foro Social. El portavoz del Foro Social Permanente, Agus Hernán, mostró ayer su preocupación porque el Gobierno de Pedro Sánchez, a su juicio, “no ha dado ningún paso” en política penitenciaria y, aunque admitió que “necesita tiempo”, cree que “tiene que empezar a dar pedaladas a esta bicicleta”.

En una entrevista a Radio Euskadi, recordó que se anunciaron acercamientos antes de que terminara el verano, empezando por los presos enfermos y mayores de 70 años.