Tribuna abierta

Solidaridad para una falsa crisis migratoria

Por Miguel Laparra - Sábado, 18 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

hay algunos elementos relevantes de cambio en la política migratoria del nuevo gobierno de España que merecen la pena ser apoyados: la asunción de la parte de responsabilidad que nos toca para enfrentar la crisis humanitaria que se da en las rutas mediterráneas, la búsqueda de alianzas con otros países de la UE para poder construir una respuesta auténticamente europea, la denuncia de las actitudes más xenófobas de ciertos países miembros o, internamente, la llamada a la corresponsabilidad del conjunto de las CCAA para abordar algunas necesidades más perentorias. Pero estos primeros pasos que hemos visto, no exentos de titubeos, deberían profundizarse y extenderse al conjunto de la política migratoria del Estado para que sean realmente creíbles y eficaces. Y para ello, es necesario ampliar la perspectiva en el análisis de la situación.

En primer lugar, el flujo de entradas irregulares a través del Estrecho no supone una crisis migratoria para España, no es un problema migratorio, ni siquiera es un flujo especialmente significativo (de la misma forma que el flujo total por el Mediterráneo tampoco lo supone para Europa). Sí que es una crisis humanitaria en la que se ponen en riesgo cada día decenas de vidas humanas y habría que tratarla como tal. Las cifras son claras: en España, en 2017, entraron 532.482 personas inmigrantes. De ellas, solamente 27.349 lo hicieron irregularmente por el Estrecho, Ceuta o Melilla: un escaso 5,1%. En 2018, pese al crecimiento, difícilmente llegará al 10%. El total de la inmigración procedente de África supuso 63.000 personas, un 12% ese año. Contrariamente a lo que se quiere hacer creer, la frontera sur de España está muy protegida y es poco permeable. La cuestión clave aquí es cómo ese control puede hacerse compatible con el respeto a los derechos humanos. El anuncio de la retirada de las concertinas parece oportuno cuando se dispone de las tecnologías más modernas sin necesidad de causar daños a las personas: debería aplicarse de inmediato y deberían también clarificarse los procedimientos de contención en la frontera para que sean admisibles y no supongan la eliminación de derechos y garantías, como se le han achacado a las “devoluciones en caliente”. También requiere una revisión la política de internamiento de estos inmigrantes (muy cuestionada por las ONGs) cuando muchos de ellos se van a quedar finalmente en el país.

Además, ese medio millón largo de entradas se ve muy compensada por 367.878 salidas, la inmensa mayoría, unas 300.000, nacidas en el extranjero también, con un saldo migratorio final de 164.604 personas. En Navarra, durante ese mismo año 2017, el número de personas empadronadas nacidas en el extranjero creció en 4.124, un 4,7%, aproximadamente un tercio de lo que sucedía otros años de la década pasada. Esto supone 6,4 nuevos inmigrantes por cada 1.000 habitantes, un saldo bastante moderado teniendo en cuenta la congelación del crecimiento vegetativo. Muy lejos pues de cualquier “crisis migratoria”.

Es cierto que ese flujo de entradas irregulares afecta especialmente a Andalucía, Ceuta y Melilla, pero también es cierto que es un flujo menor en comparación con el conjunto de la inmigración. Es significativo, por ejemplo, que la población nacida en el extranjero supone en Andalucía un 9%, bastante por debajo de la media estatal o de Navarra (14%) y muy lejos del 18% de Madrid o Cataluña. Esto supone que en Navarra hay un 51% más de población inmigrante que en Andalucía en términos relativos. El impacto de las entradas irregulares debería por tanto matizarse dentro de la valoración del impacto general de las migraciones.

Algo parecido sucede respecto de los menores extranjeros no acompañados (MENAs). Es cierto que el flujo irregular de la frontera sur incide más en el sistema de protección al menor de Andalucía, pero el fenómeno no es exclusivo de esta comunidad. Hay otras comunidades autónomas con importante presencia de MENAs. En Navarra, de hecho, hemos pasado en poco tiempo de no recibir prácticamente ningún caso a tener 42 atendidos en este momento. Y la proporción de menores extranjeros en el total de atendidos ha ido descendiendo en los últimos años, pero aún supone un 38%. Visto en su conjunto, la tasa de menores atendidos por el sistema de protección en Andalucía (5,8‰) no se aleja mucho de la media estatal (5,3‰) y es muy inferior a otras CCAA como La Rioja, Galicia, País Vasco o Asturias (además de Ceuta y Melilla), según los datos recopilados por el Ministerio. Al parecer, al margen de la inmigración irregular, hay otros factores a tener en cuenta para valorar la presión sobre el sistema de protección de menores en las CCAA.

Es importante pues hablar de las entradas irregulares por el Estrecho y de su atención adecuada, especialmente cuando son menores. Y puede ser clave, para construir vías de entrada legales y seguras, llegar a acuerdos con los principales países emisores y de tránsito (algo que se abordaría con más eficacia a escala europea), estableciendo cupos ligados al empleo y reprimiendo la actividad de las mafias que trafican con seres humanos.

Pero el debate debería desarrollarse dentro de un planteamiento más general sobre las políticas migratorias, teniendo en cuenta el conjunto del flujo migratorio, el objetivo esencial de la integración laboral y social del conjunto de la población inmigrante, abordando también el sistema de asilo y refugio, en el que algunas comunidades como Navarra han hecho un esfuerzo muy superior a la media, o atendiendo al conjunto de situaciones de irregularidad, que están repuntando aunque se encuentran muy lejos todavía de los niveles de mediados de la década pasada.

Navarra está, una vez más, dispuesta a colaborar en una respuesta solidaria con el resto de CCAA en estas cuestiones. Pero si se apela a la solidaridad y a la colaboración de las CCAA para resolver cuestiones importantes como la atención a los menores o la acogida de personas refugiadas, deberá replantearse muy seriamente cuál es el rol de las CCAA en la toma de decisiones en estos ámbitos. De la misma forma que hemos planteado para el sistema de asilo y refugio, es necesaria una revisión del modelo de gestión de las migraciones. Es oportuno recordar aquí la desaparición del Fondo para la Integración, que permitió el desarrollo de programas interesantes en las CCAA, y cómo podrían diseñarse mecanismos similares de financiación para abordar los problemas que tenemos ahora sobre la mesa. Hay que poner en marcha nuevos tipos de permisos que eviten el crecimiento de las situaciones de irregularidad, que son la clave para la explotación más abyecta, y que permitan una inserción laboral lo más rápida posible. Hay que potenciar el papel de la Conferencia Sectorial de la Inmigración como un auténtico foro de decisión para la gestión del flujo migratorio y hay que pensar que algunas competencias puedan ser gestionadas por las CCAA que lo deseen, como la gestión de los permisos de trabajo (tal como se preveía en los estatutos de Cataluña o Andalucía) o de los programas de acogida de población refugiada.

Esa es la auténtica vía para la corresponsabilidad. Si no es así, la apelación a la solidaridad territorial en materia de migraciones tendrá poco más recorrido que algunos gestos simbólicos.

Secciones