Competencia recurre la norma que regula los pisos turísticos en Donostia

La Comisión Nacional de los Mercados ha llevado también ante los tribunales las ordenanzas de Bilbao y Madrid

Arantxa Lopetegi - Miércoles, 8 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

donostia- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recurrido ante los tribunales la normativa municipal que regula las viviendas turísticas en Donostia y Bilbao, además de la de Madrid, por considerar que “no protege adecuadamente a los ciudadanos” y, en todos los casos, son “contrarias a la competencia y los principios de regulación económica eficiente”.

La CNMC argumenta que, además, las normas recurridas “perjudican a los consumidores y a los usuarios”.

Tras conocer el recurso, el alcalde Eneko Goia manifestó que el Ayuntamiento donostiarra “no comparte en absoluto” la interpretación que la CNMC hace de la norma, al tiempo que defendió “la facultad que tiene el consistorio de regular los usos del suelo sobre la base de la competencia urbanística”.

Dicha competencia constituye, ha abundado Goia, “un instrumento fundamental para poder articular la convivencia entre ciudadanos”, que es “el bien supremo que debe ser preservado”, lo que “pretendió y consiguió” la ordenanza recurrida.

El alcalde, que aseguró que defenderá esa “visión municipal y municipalista”, lamentó que la interpretación de la CNMC únicamente “da alas al libre mercado sin tener en consideración ningún otro principio ni valor. El teniente de alcalde, Ernesto Gasco, también defendió la ordenanza y la calificó de “correcta y adecuada”, mostrándose convencido de que así quedará en evidencia ante los tribunales.

Desde la CNMC se recordó ayer que ya se había solicitado, tanto al Consistorio de Donostia como a los de Bilbao y Madrid, que “justificaran la necesidad y proporcionalidad” de las restricciones impuestas a los pisos turísticos o, que “directamente anularan estos requisitos”. Al no recibir respuesta alguna, según indicó la Comisión en un comunicado , se optó por acudir a la vía del “recurso contencioso-administrativo”.

restricciones En Donostia, la normativa fija, entre otros aspectos, que en cada comunidad haya un número máximo de metros cuadrados para destinar a esta actividad y limita la apertura de pisos turísticos a la primera planta o planta baja, si no se tiene acceso independiente a la calle.

La regulación resulta más laxa en el conjunto de los barrios de la ciudad que en la Parte Vieja, considerada zona saturada, ya que la norma divide Donostia en tres ámbitos de regulación.

La norma tiene defensores y detractores. Entre estos últimos se encuentra la asociación de apartamentos turísticos de Euskadi, Aparture, que presentó 300 solicitudes para obtener una licencia. Otros tantos pisos, según cálculos de la plataforma, dejaron de presentar las solicitudes o se verán obligados a cerrar por no cumplir los requisitos exigidos.

La regulación también ha sido encarada por el Gobierno Vasco, que presentó hace pocas fechas el nuevo Decreto de Viviendas para Uso Turístico, que respeta las ordenanzas municipales por entender que cada ayuntamiento tiene la potestad para decidir en qué zonas se puede ofertar este tipo de alojamiento.

Según los datos que baraja, en Gipuzkoa están registrados 1.600 pisos turísticos (1.200 de ellos en Donostia), aunque 280 se hayan dado de baja desde que se dio luz verde a la regulación.

La propia Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha elaborado un informe que recoge que en Euskadi existen alrededor de 3.650 viviendas de uso turístico, de las que se calcula que el 60% son ilegales.

Por ello la AVC, que en su día emitió un informe en el que indicaba que la ordenanza donostiarra tendría problemas legales, se ha manifestado a favor de que los apartamentos turísticos estén regulados, aunque sin indicar cuál debería de ser la administración pública que asumiera dicho control.

Pero para la CNMC las medidas adoptadas “tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades”, ya que “impiden” la entrada de nuevos operadores y que se consolide la oferta ya existente.

Las normativas locales tendrán un efecto en los precios de los alojamientos turísticos, que tenderán a subir, a la par que “se reducirá la calidad, la inversión y la innovación”, según considera. En su argumentación señala que en ninguno de los tres casos recurridos “se especifican con claridad los objetivos de interés general que se persiguen”. Por último, desde la CMNC se recordó que puede impugnar las normas por ser de rango inferior a la Ley y porque “presentan obstáculos para que una competencia efectiva en el mercado”.