Tribuna abierta

Derecho penitenciario y el TSJPV

Derecho penitenciario y el TSJPV.

Conviene recordar que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho a cumplir condena cerca del domicilio habitual como un componente del derecho a la vida familiar y también como un derecho a la intimidad de la vida familiar

Por Jon Iñarritu - Martes, 7 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

Los periódicos del Grupo Noticias realizaron recientemente una entrevista al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, entrevista que presentaba importantes contradicciones o incluso significantes carencias, al menos desde mi punto de vista, y en relación a alguna de las cuales me gustaría hacer ahora una breve referencia. En concreto, se le preguntaba cómo podía acercarse a los presos y presas de ETA a las cárceles vascas en este momento, habiendo sido negada esa posibilidad hasta ahora. Ante ello afirmaba el magistrado que el lugar de cumplimiento de condena tiene que ver “con los objetivos de la pena que son la reinserción y la resocialización”. Un poco más tarde a la pregunta de si el acercamiento era una decisión política o puro cumplimiento de la legalidad, decía que el acercamiento “no es decisión política, en la medida en que las decisiones sobre el acercamiento son controladas por el juez”.

Estas afirmaciones me han producido sorpresa teniendo en cuenta que provienen de la máxima autoridad judicial de la Comunidad Autónoma Vasca. En primer lugar porque no veo que en ningún momento el magistrado bilbaíno haya hecho referencia alguna a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). De acuerdo con esta jurisprudencia, tal como recientemente me permitía hacerme eco en un artículo de prensa, las personas internas en prisión tienen derecho a cumplir condena cerca de su domicilio habitual. Este derecho además se ha visto no solo confirmado, sino que se ha agrandado, en el caso del señor Urdangarin, donde se ha hablado del derecho de elección de prisión donde cumplir condena. En el otro supuesto, no tan excepcional por no verse afectada la familia de la Jefatura del Estado, atendía al acercamiento de los presos y presas catalanas que fueron trasladadas a prisiones próximas también a su domicilio habitual. En el caso de los presos vascos sin embargo no se realiza este traslado, y no se establece el derecho que estos presos tienen, al igual que los anteriores, a cumplir condena cerca de su domicilio habitual.

En opinión del magistrado el traslado de los presos no es una decisión política, y no es una decisión política porque el acercamiento está controlado por un juez. Según creo, todas las decisiones de los poderes públicos están sometidas al control de los jueces, si esas decisiones afectan a los derechos de las personas. Y en este sentido no cabe diferenciar entre decisiones políticas y no políticas como parece que quiere dar a entender el magistrado citado. Pero es más, cuando se dice que es una decisión política que está sometida a la decisión del juez, a renglón seguido debería decirse que ese juez tiene que controlar si se respetan los derechos de los internos e internas en prisión, y entre ellos, tal como señalaba anteriormente, el derecho a cumplir condena cerca de su domicilio habitual.

Pero sigamos con el argumentario que en esta materia se utiliza en los citados medios.

Se pregunta al magistrado si para acercarlos es necesario que se arrepientan las personas internas en prisión. Y el magistrado afirma que “es necesario el duelo”. Más tarde se le pregunta si es necesaria la delación, y responde que no es necesaria la delación, ya que esa exigencia no está en el Código Penal. Claro está, la pregunta es obligatoria, ¿y en el Código Penal, dónde está establecido que sea necesario el duelo para que se pueda producir el acercamiento? Yo no he visto, tras buscarlo a fondo, ni en el Código Penal ni en la Ley General Penitenciaria ninguna referencia a esta exigencia que parece que el magistrado se inventa.

Pero, de todo ello, creo que es importante seguir subrayando un hecho que es fundamental y que la jurisprudencia del TEDH pone de manifiesto desde al año 2014. Esta jurisprudencia reconoce el derecho a cumplir condena cerca del domicilio habitual como un componente del derecho a la vida familiar y también como un derecho a la intimidad de la vida familiar. Sin embargo, siendo esto un elemento clave en la política penitenciaria, sorprende que el presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco no tenga en cuenta en su reflexión ni haga referencia en ningún momento a estos derechos. Lo mismo sucede con las declaraciones del nuevo Delegado del Gobierno. Con el mismo entrevistador tiene ocasión de hablar de este tema y tampoco hace referencia alguna a los derechos de los presos. Estas autoridades parecen olvidar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos es norma interna y que vincula también a la administración penitenciaria.

A todo ello quisiera añadir alguna consideración más. ¿Por qué están los presos vascos tan lejos de su domicilio habitual? Si el objetivo real hubiera sido que estuvieran dispersos, hubieran estado dispersos en prisiones cercanas o situadas en Euskal Herria, pero el objetivo era otro. Por otra parte si las medidas de alejamiento y de dispersión no han tenido el efecto que algunos querían perseguir, ¿qué lógica acompaña a esta política penitenciaria que incide en medidas que no son nada más que de castigo añadido para presos y familiares?

Creo que los responsables judiciales y políticos deberían profundizar algo más en la perspectiva jurídica cuando tratan de esta cuestión.

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