Los taxistas guipuzcoanos ponen punto final a la huelga

No descartan más movilizaciones, pero prefieren esperar a ver qué medidas se adoptan

A.U. Soto/J. Fernández Ruben Plaza - Miércoles, 1 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

Donostia - Los taxistas guipuzcoanos -hay 640 licencias en el territorio- han regresado hoy al trabajo tras poner punto final a dos jornadas de huelga para reivindicar la limitación de las licencias de VTC (alquiler de vehículos con conductor) que usan compañías como Uber o Cabify. A diferencia de sus compañeros de Bizkaia y Araba, los taxistas de Gipuzkoa mantuvieron ayer la propuesta de concluir la huelga a medianoche porque “en 24 horas no ha cambiado nada”, según explicaba a este periódico el presidente de la Asociación Guipuzcoana del Taxi (Agitax), Emilio Fernández. Eso sí, no descartan volver a movilizarse si no hay avances a lo largo de los próximos días y no garantizan que se puedan realizar trayectos que se adentren en territorios donde se mantiene la huelga, como puede ser una carrera hasta el aeropuerto de Loiu.

Tal y como se había acordado en un principio en la Federación Vasca del Taxi, la huelga iba a concluir la pasada medianoche. Pero tras las primeras declaraciones del Gobierno español sobre su voluntad para cumplir con la exigencias del sector que generaron “cierto optimismo”, como reconoció Fernández, luego el globo se fue desinflando hasta que ayer por la mañana la propia Federación Vasca no descartaba prolongar la huelga, como así se decidió finalmente. “Unos pedían hasta mañana (por hoy), hasta ver qué sale de la reunión con el ministro (quien presidirá la Conferencia Nacional de Transportes ), pero otros hablaban de huelga indefinida. Como hoy había consenso en la federación y pensamos que no había cambiado nada en estas últimas 24 horas”, explicaba ayer Fernández, los taxistas guipuzcoanos prefirieron dejar el paro y volver a trabajar, a la espera de lo que pase en las siguientes reuniones, tanto ahora como en septiembre, cuando está previsto que el Ministerio de Fomento convoque a los principales ayuntamientos del Estado a una reunión para abordar esta problemática.

Precisamente, una de las cuestiones que reivindican los taxistas es que la regulación de todos los transportes, incluidas las licencias VTC, recaigan en manos de los consistorios.

No obstante, la situación en Euskadi y en Gipuzkoa es particular. Para empezar, ni Uber ni Cabify tienen presencia en la CAV, aunque sí hay licencias VTC. En concreto, 24 en Gipuzkoa, 30 en Bizkaia y 20 en Araba. Eso sí, en territorio guipuzcoano hay otras 75 licencias paralizadas judicialmente tras ser recurrida su concesión por parte de la Diputación.

Por eso, ayer el presidente de la Federación Vasca del Taxi, Borja Musons, justificaba el prolongamiento de una jornada más de la huelga afirmando que, aunque hoy “no tenemos un problema con esas compañías, igual sí lo tenemos en septiembre u octubre”.

De hecho, desde el principio de las movilizaciones la “solidaridad” ha sido la bandera enarbolada por los taxistas vascos para apoyar el paro, puesto que en lugares como Gipuzkoa incluso se cumple el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxis, tal y como marca la ley. Pero en lugares como Madrid se ha llegado a alcanzar una de VTC por cada cuatro de taxis.

Esa voluntad por apoyar a los compañeros de Barcelona, donde se prendió la mecha, o Madrid, y de intentar prevenir que las situaciones que se viven en estas ciudades se repitan en Euskadi ha sido el leit motiv de los taxistas vascos para apoyar los paros.

A nivel estatal, el sector mantiene la huelga pese a que el Ministerio de Fomento apeló a la responsabilidad y a la “conciencia cívica” de quienes prestan un servicio público. Un día después de reunirse durante casi cinco horas con los representantes de los taxistas, el departamento que dirige José Luis Ábalos, citó al sector de VTC. El presidente de la patronal Unauto, Eduardo Martín, se mostró “moderadamente satisfecho” y avanzó que participará en nuevas mesas de diálogo, aunque denunció 160 ataques a sus vehículos y advirtió de la “inseguridad jurídica” y del “peligroso” precedente que puede suponer transferir las competencias en materia de licencias a las comunidades autónomas.