Colaboración

Ley de víctimas de violencia policial

Por Joseba Eceolaza - Miércoles, 1 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

Tanto Carmen Alba como Ana Beltrán suelen repetir de forma habitual que la Ley de reparación a las víctimas de violencia policial trata de “igualar a víctimas con verdugos y manchar el buen nombre de la policía”. Pero echando un vistazo serio a la ley registrada no se sostiene semejante acusación.

La Ley de reparación a víctimas de la violencia policial pretendía llenar un vacío de justicia ante unos hechos objetivos. En Navarra, en aquella época en la que la democracia y sus instituciones eran todavía débiles, fueron asesinadas por los motivos que fija la ley al menos las siguientes personas;Gladis del Estal, Germán Rodríguez, José Luis Cano, Joxe Arregui, Naparra y Mikel Zabalza.

La mayoría de los asesinatos no se investigaron, y cuando se hicieron, como en el caso de Gladys del Estal, las penas para el guardia civil responsable no llegaron a un año y medio de cárcel. Existe, por lo tanto, entre los familiares de esas víctimas, una sensación legítima de agravio e injusticia. Ninguna institución se acercó a ellas, nadie les apoyó oficialmente. Se ha dado en estos casos una impunidad evidente, impunidad que se produce también en los cerca de 300 crímenes de ETA sin resolver, cuestión que citaba la Ley de víctimas de violencia policial registrada inicialmente.

Y ante ese comportamiento inhumano e injusto necesitábamos una ley que reconociera ese dolor, que había sido silenciado bajo paladas de olvido.

La ley que registró Izquierda-Ezkerra trataba entonces de visibilizar, en nuestra normativa foral, unos hechos que eran públicos y conocidos, pretendía corregir esa herida moral que existía, y quería hacerlo desde una reflexión ética contundente;la necesidad de deslegitimar definitivamente y para siempre la violencia. Y para ello se redactó un extenso preámbulo que conviene tener en cuenta, porque es ahí donde se fijan los criterios inspiradores de la ley.

El preámbulo de la ley era claro en sus intenciones, y adelantándose a juicios de valor como los de Beltrán y Alba, decía contundente que “procede dejar claro que no se trata de equiparar a ETA y a las instituciones democráticas. No hay dos violencias equivalentes que haya que extirpar. Hay una organización violenta que ha pretendido imponerse a la sociedad de modo totalitario y antidemocrático y unas instituciones democráticas plenamente legítimas y elegidas por la ciudadanía. Unas instituciones que rigen los asuntos públicos de nuestra sociedad y que tenían el deber de impedir los asesinatos y demás tropelías cometidas por ETA contra personas por pensar diferente o por representar a la otra identidad respetando los derechos humanos. En esto no hay ni puede haber equiparación alguna. En lo que sí debe haber equiparación es en los derechos que les asisten a todas las víctimas”.

Respecto a la Comisión de Reconocimiento y Reparación, que concreta el artículo 3, se trata de una comisión con un carácter administrativo que pretende definir quien es y quien no víctima. De hecho, el propio artículo, sabedores como éramos de que el recurso era más que probable, dice literalmente que fijará los derechos de las víctimas “al margen de toda interferencia en el plano penal”. Por ello es muy relevante el voto particular de cuatro de los doce magistrados del TC que han entendido esto mismo.

En España tenemos una herida moral no resuelta y que es necesario y sanador abordar. La negación ante estas víctimas ha sido un escudo fatal e inútil. Porque a mi juicio lo que desprestigia a las instituciones no es hablar sobre lo sucedido, al contrario, lo que debilita a la democracia es no abordar con normalidad estos sucesos. Ocultar y silenciar estos asesinatos perpetúa el daño al negar el pasado, al mantener esa absurda conspiración del silencio. ¿Y si hablar del pasado pudiera curarlo en lugar de calcificarlo?, ¿y si el silencio y la negación no son las únicas opciones tras una pérdida? En algún libro integrado en eso que se llama literatura concentracionaria leí que “olvidar ya las cosas del pasado, además de paternal, es tremendamente ingenuo porque nos lleva a un estado de superación y de bienestar, irreal y falso”.

Como dice Carlos Beristain, experto en DDHH, “el reconocimiento de la pluralidad del sufrimiento de violaciones de derechos humanos cometidas, y el asumir la responsabilidad del Estado en ello, no tiene porqué suponer igualar los mecanismos de victimización ni aceptar simetrías o decir que todo ha sido igual”.

De hecho, aunque muchas veces se olvide, la Ley de víctimas del terrorismo de ETA aprobada en 2010, también en su preámbulo dice lo siguiente “la preocupación prioritaria de esta ley foral es el reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo de ETA, que por su virulencia y persistencia, y por su triste realidad, siguen sufriendo especialmente los ciudadanos de la Comunidad Foral. Pero sin por ello querer menospreciar otras lamentables realidades como el terrorismo internacional, u olvidar situaciones de violencia terrorista afortunadamente desaparecidas hoy en día, como la del GAL, y los grupos de extrema derecha, tal y como se reconoce en el objeto de la presente ley foral.” Y a nadie en su sano juicio se le ocurre decir que esta ley equipare a víctimas con verdugos o que desprestigie a las policías.

Estas actuaciones del Estado o de sus miembros, además de injustas, minan la legitimidad y credibilidad del Estado democrático de derecho, socavan el tejido moral de nuestra sociedad, sacan el lado oscuro del poder, su impunidad y arbitrariedad, desencadenan una espiral de agravios y resentimientos y, lo que es más grave, su aceptación por parte de la sociedad corrompe su conciencia.

Por ello, estas víctimas deben recibir el mismo trato, la misma justicia, la misma reparación en todos los órdenes: económico, social, atención a sus demandas judiciales. Que la vía de tratamiento haya de ser diferente no quiere decir que el reconocimiento de derechos deba de ser desigual.

Queda claro entonces que la ley de víctimas de violencia policial no pretendió, de ninguna manera, dar por bueno la teoría del conflicto, o de las dos violencias, o de los dos ejércitos legítimos, no, la ley fijó otro relato a pesar de que desde el Partido Popular se oculte. Tal vez Alba y Beltrán tendrían que explicar porqué unieron sus votos a Bildu y dejaron desnuda de preámbulo a la ley, sin posibilidad de fijar un relato ético sobre la violencia para evitar precisamente lo que ellas ahora achacan a la ley.