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El juez imputa al PDeCAT en el 3% por ser ‘tapadera’ de CDC

El expresident Artur Mas, junto a la defenestrada Marta Pascal y al nuevo presidente del PDeCAT, David Bonvehí.

La AN les atribuye haber cometido tráfico de influencias, cohecho y blanqueo durante 11 años

Igor Santamaría - Sábado, 28 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - El PDeCAT es una mera tapadera de la antigua Convergència. Es la conclusión a la que llega el juez José de la Mata tras ampliar la investigación en la llamada causa del 3%en la Audiencia Nacional incluyendo como personas jurídicas imputadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) y a su formación heredera, el PDeCAT que desde el pasado sábado controla mayoritariamente Carles Puigdemont, partido al que considera “un mero continuador de la anterior”. El magistrado de la AN, que emplaza a estas sociedades mercantiles para que designen abogado y procurador, sostiene que la fundación del PDeCAT, en julio de 2016 se corresponde con “la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente”, que ya fue condenada como partícipe a título lucrativo en el caso Palau este año.

El PDeCAT, en un comunicado, mostró “su más absoluta disconformidad e incredulidad” por la decisión del juez al considerar que los hechos que se investigan son previos a la constitución de la fuerza posconvergente. Además, señalan que la imputación se basa en “apriorismos sin consistencia jurídica” que extienden “una sombra de duda con objetivos que no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción”. A pesar de todo, el partido asegurara que colaborará con la Justicia.

El magistrado De la Mata investiga a altos cargos de la vieja CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas catalanas, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a fundaciones ligadas a dicha formación (CATDEM -la antigua Trias Fargas- y Forum Barcelona), “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política”, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con “donaciones” al partido, según se recoge en el auto de la Audiencia Nacional.

un millón en donaciones Según la instrucción de De la Mata, los pagos se obtenían por las fundaciones y, por consiguiente, por CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con “vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y, en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”. El juez cifra las licitaciones comprometidas en más de 278 millones de euros a cambio de un millón en donaciones al partido independentista. En el caso Palau, el partido, en fase de liquidación pendiente de las causas con la justicia, fue condenado a devolver más de 6 millones de euros obtenidos de forma ilícita. Según el magistrado esas irregularidades se han prolongado en el tiempo de forma sistémica y han permanecido inalterables pese a los cambios de personas que ha habido en la estructura política, que vio caer en la Asamblea a Marta Pascal como su máxima líder, relevada ahora por David Bonvehí y, desde la distancia, por Puigdemont.

El instructor de la AN apunta que los responsables de CDC “estaban en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa”. El auto concluye que esta formación política “carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación”. El juez asevera que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación ilícita, en las que se utilizaba a las fundaciones vinculadas al partido como “sociedades interpuestas” a través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido comisiones, que simulan corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años.

De la Mata esgrime que Convergència “no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe”.

El constitucionalismo no tardó en hacer leña del árbol caído. Para Albert Rivera, líder de Ciudadanos, “el procésy el golpe a la democracia de los separatistas no era más que una huida hacia delante. No hay estelada tan grande para tapar lo que ha robado CDC”. Pablo Casado, líder del PP, fue más comedido: “CDC y el PDeCAT deben dar explicaciones de lo que ha pasado durante los gobiernos independentistas”.

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