La Justicia europea cuestiona el sistema de bonificaciones fiscales del sector naval

El Tribunal Europeo ordena revisar la sentencia que avaló el modelo español de ‘tax lease’ a los astilleros

Xabier Aja - Jueves, 26 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

donostia - El sector de la construcción naval del Estado español se ha vuelto a situar en primera línea europea y, casualidad o no, el hecho es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de sentenciar que la decisión de la Comisión Europea, entonces presidida por Joaquín Almunia, de declarar ilegal el anterior sistema de tax lease, o de bonificaciones fiscales a la construcción naval española, en la primera década de este siglo “no estuvo mal motivada”, por lo que vuelve a poner en cuestión el esquema fiscal que Competencia calificó, en su día, como ayudas de Estado.

Como se recordará, el Gobierno español, Lico Leasing y Pymar recurrieron la decisión de Bruselas. El Tribunal General de la UE -organismo de primera instancia- anuló la decisión del Ejecutivo comunitario en una sentencia que hizo pública el 17 de diciembre de 2017.

El Tribunal General anuló la referida decisión de la CE que declaraba ilegal el sistema español de arrendamiento fiscal, que permitió a navieras obtener descuentos del 20% al adquirir buques construidos por astilleros del Estado, principalmente gallegos.

Ante aquella decisión judicial, Bruselas recurrió en casación y ayer el Tribunal de Justicia europeo ha dado la razón a la CE en una vuelta de tuerca más de un tema cuyos orígenes están en 2003. Para el Tribunal, la decisión de Bruselas no estuvo mal motivada.

Por ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha ordenado revisar la sentencia que avaló el sistema español de bonificaciones fiscales, más conocido como tax lease naval, para los inversores en astilleros y que previamente había sido declarado ilegal por la CE.

recuperar ayudas El asunto se remonta a 2013, cuando Bruselas pidió a las autoridades del Reino de España recuperar las ayudas supuestamente ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen vulneraba las normas de la UE en materia de ayudas públicas.

El Ejecutivo europeo estableció que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros. Aunque el sistema se puso en marcha en 2003, Bruselas propuso que se recuperasen desde abril de 2007, frente a la posición del Gobierno, que abogaba por contar desde 2011, fecha en se consideró ilegal.