Cuatro de cada diez contratos inspeccionados son irregulares

Jon Azkue, María Jesus San José e Iciar González presentaron el balance de las 11.000 inspecciones realizadas en el semestre.

La Inspección de Trabajo obligó a modificar 4.334 contratos para ajustarse a la legalidad vigente

Xabier Aja - Martes, 24 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

Donostia - Casi cuatro de cada diez contratos de trabajo analizados por la Inspección de Trabajo en la CAV en el primer semestre de este año tenían irregularidades y no se ajustaban a la legalidad vigente. La mayoría de las incidencias contabilizadas se basaban en un abuso de la precariedad, sobre todo en el sector Servicios y fundamentalmente en la hostelería.

Los datos fueron dados a conocer ayer en la capital vizcaina por la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, acompañada del viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Jon Azkue, y de la subdirectora de Inspección de Trabajo, Iciar Gonzalez, con motivo de la presentación del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al primer semestre del 2018, así como las previsiones de este año.

La consejera de Trabajo destacó la efectividad de la labor inspectora pero señaló que es preciso un cambio normativo para reducir la precariedad en el empleo y un nuevo régimen sancionador “porque parece que es más rentable contratar irregularmente ya que las multas no disuaden de hacerlo”.

María Jesús San José indicó que los resultados de la Inspección de Trabajo en el citado primer semestre han sido “muy satisfactorios” a la vista de la efectividad de las actuaciones realizadas que han permitido transformar nada menos que 4.334 contratos laborales y ajustarlos a la legalidad.

Según la consejera vasca de Trabajo, los citados contratos irregulares “han sido transformados para ajustarse a la normativa legal bien transformando contratos temporales a contratos indefinidos, en unos casos;o bien, en los contratos a tiempo parcial elevándolos a mayores jornadas.

Perseguir el fraude “Desde el inicio mismo de esta legislatura -afirmó San José- nos comprometimos a intensificar las actuaciones inspectoras sobre los contratos a tiempo parcial y perseguir el fraude en la contratación temporal”. Y en el primer semestre, destacó la consejera, se han revisado en la CAV un total de 11.000 contratos de trabajo y se han detectado numerosas irregularidades a la normativa reguladora”.

Una vez detectadas las irregularidades por la Inspección de Trabajo y tras advertir a las empresas o requerirlas, según los casos, a que legalizasen la situación, el 39,4% de los contratos ha sido transformado. Un hecho a destacar es que se ha detectado un mayor número de irregularidades en las áreas de hostelería y educación. Y la mayor parte de los trabajadores afectados eran del género femenino.

María Jesús San José destacó que la Inspección de Trabajo va a seguir actuando “sobre las empresas que incumplan el deber de igualdad en las condiciones laborales de hombres y mujeres, en general, y donde exista brecha salarial, en particular”

A la vista de la mayor concentración de situaciones irregulares en el sector servicios, la consejera advirtió que la Inspección de Trabajo “continuará centrando una parte importante de sus esfuerzos de investigación en las empresas de hostelería y en el trabajo de limpieza de sus instalaciones”.

En este sentido, San José, resaltó los objetivos de actuación preferente que, en materia de igualdad de género, se recogen en el Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-20120 elaborado por el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, junto con las autoridades autonómicas. “Este Plan Director aspira a ser la principal herramienta para hacer frente al deterioro de las condiciones de trabajo de nuestro mercado laboral siendo el objetivo fundamental recuperar los derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo”, señaló.

La Inspección de Trabajo ha supervisado unos 11.000 contratos laborales y de ellos, 4.334, el citado 40%, ha tenido que ser ajustado a la normativa. La cifra supone más del doble de los detectados durante todo 2017, cuando se obligó a ajustar a la normativa 1.979 contrataciones. Los expedientes abiertos han supuestos sanciones por un importe de 2,54 millones. Al cierre del 2017, las sanciones sumaron algo más de 8 millones de euros.

La cifra

16

expedientes sancionadores se han abierto por la Inspección de Trabajo tras detectarse fraudes en la contratación tras revisar 6.075 contratos en el primer semestre de 2018.

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