El Gobierno de Sánchez no reclamará a la Fiscalía que relaje la causa del 1-O

La entrega de Puigdemont podría rebajar los cargos de otros procesados

I. Santamaría - Martes, 17 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

Donostia - El Gobierno de Pedro Sánchez no dará instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que “aligere la situación” de los líderes independentistas procesados por el proceso soberanista y el 1-O, tal y como demandó el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, la semana pasada, tras entrevistarse con la vicepresidenta del Ejecutivo socialista Carmen Calvo. “No, no vamos a hacer nada”, advirtió ayer el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. “Sería un escándalo”, alertó, para la independencia de la Fiscalía. “Al Gobierno no se le puede apelar ni en un sentido ni en otro”, zanjó Ábalos. Es decir, ni para que la Fiscalía levante el pie del acelerador, “ni para perseguir” a los líderes independentistas. A su vez, rechazó expresar cuál es la posición del Gabinete Sánchez respecto a la posible extradición de Carles Puigdemont desde Alemania, exclusivamente por el presunto delito de malversación y no por el de rebelión. “Hay que estar a lo que disponga el juez”, matizó.

Ábalos consideró que en el procés hay responsabilidades “muy distribuidas”, “dentro y fuera” del Govern: “No creo que hubiera un solo responsable y todo el proceso estuviera dirigido por una sola persona”, destacó tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, respondiendo a la pregunta de si comparte el argumento de algunos independentistas de que no se puede juzgar por rebelión a los subordinados si al número uno no se le puede aplicar ese delito, en referencia a que Puigdemont sea juzgado solo por un delito de malversación. Ábalos no compartió esa “disquisición doctrinal” e insistió en que “políticamente” no cree que hubiera un único responsable “y que todo el proceso soberanista estuviera dirigido por una sola persona”. El responsable socialista recordó que hay personas implicadas, e incluso presas, “que no estaban en el Govern y no presidían la Generalitat. No creo que hubiera alguien que fuera realmente la cúspide”. En todo caso, aseveró que todo esto se enmarca en un proceso judicial que es el que corresponde a los jueces “singularizar” las responsabilidades “de modo individual, no colectivo.

En este escenario, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se encuentra en la diatriba de si acepta que Alemania entregue a Puigdemont solo por malversación y su postura influirá decisivamente para el curso del caso. No traer al expresident al Estado supone para el Supremo perder la oportunidad de juzgarle por el 1-O. Pero aceptar esa entrega condicionada puede implicar, a su vez, que haya que modificar a la baja las acusaciones contra el resto de procesados, por aquello de que sería un contrasentido acusar al líder del Govern de responsabilidades penales inferiores a las de sus antiguos consellers.

El magistrado tiene diez días para decidir desde el momento en que se le notifique la resolución del Tribunal de Schleswig-Holstein. Lo más probable es que no deje concluir ese plazo. En el Supremo corre un sentimiento de indignación con los jueces alemanes por haber entrado en el fondo del asunto para argumentar que el sistema político y constitucional no peligró porque no hubo suficiente violencia ni desórdenes en las calles.

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