Tribuna abierta

Cualificaciones empresariales

Por Joaquín Arriola - Lunes, 16 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

uno de los mantras más repetidos, y no por ello menos falaces, es que existe un desajuste entre el sistema educativo y las necesidades de mano de obra de las empresas. Así se insiste desde hace años, para paliar semejante problema, en recortar la autonomía de las universidades y la participación de la comunidad universitaria en la gestión estratégica, para trasladar dicha misión a cuerpos institucionales, los consejos sociales, dominados, cómo no, por y empresarios y políticos adscritos. Estos al parecer estarían en mejores condiciones que los propios agentes universitarios para establecer la evolución futura de las carreras y profesiones que mejor se adapten a las necesidades del idolatrado mercado que, si no ha resuelto de una vez este problema, es porque no se le deja actuar con la libertad que requiere para realizar sus conjuros (ya saben, la mayoría de las universidades son públicas, arrastrando todos los males económicos que se achacan a la propiedad colectiva).

Ese desequilibrio sería al parecer el causante de la baja productividad general de las empresas españolas, y se arguye, tirando del recetario de las teorías metafísicas del capital humano, en que una población más formada aumenta necesariamente la productividad. Aunque esto no es óbice para que los mismos expertos de la cosa digan, en otros foros o en otros momentos, que la formación universitaria alcanza ya a un porcentaje excesivo de la población, y mejor que se desincentiven las matrículas, de nuevo recurriendo al elixir mercantil de los precios.

Sorprende que esta argumentación se siga sosteniendo por tirios y troyanos, incluidos en muchas ocasiones los propios representantes universitarios (lo del desajuste formación-mercado;lo de que hay exceso de universitarios no es argumento que encuentre el favor de las autoridades académicas), cuando los datos no sugieren que la cosa vaya precisamente por estos derroteros.

Veamos, por ejemplo, el comportamiento del mercado de trabajo en la era Rajoy. Los populares se encontraron un país en el que estaban empleadas 18,2 millones de personas, y han salido del gobierno dejando 18,9 millones de ocupados. Más de 700.000 empleos creados en seis años, un 4%, que no está nada mal. Pero detengámonos un momento en analizar no cuánto, sino cómo ha evolucionado el empleo en este periodo. Esos casi tres cuartos de millón de empleos creados no han impedido que el número de gerentes y directores de empresas y departamentos se haya reducido en 138.000 personas. Esta evolución es harto sospechosa, porque si tradicionalmente las empresas españolas no se caracterizaban precisamente por la alta cualificación y extensión de sus cuerpos directivos y de gestión, que en este periodo se haya reducido nada menos que un 15% permite albergar dudas de que un ejército empresarial con una pérdida tan elevada de generales, esté realmente capacitado para determinar las estrategias formativas y profesionales que se van a necesitar en el futuro.

En este ciclo económico de recesión y recuperación que ha acompañado el último ciclo político español, se han creado nada menos que 390.000 empleos de ocupaciones profesionales que requieren una larga carrera formativa… El problema es que estos empleos no los ha generado el mercado, sino, como es habitual por estos pagos, el sector público. 88.000 de estos profesionales han hallado cobijo en el sector educativo;42.000, en el sector de la salud, y 26.000, en el sector de la cultura y el espectáculo. Difícilmente se puede argumentar que estas actividades, incluso en el sector privado, están sometidas a la dura competencia del mercado. Por el contrario, todas ellas crecen al calor de la subvención, la transferencia y el concierto que permiten aprovechar los dineros distribuidos a través del presupuesto público.

La demanda de químicos, físicos, matemáticos e ingenieros ha aumentado en 60.000 ocupados, el 8% del los empleos creados. Pero si nos fijamos en las ocupaciones con más demanda, no son precisamente las que requieren una cualificación muy elevada: en los últimos seis años cerca de uno de cada tres empleos se ha creado en el sector de la hostelería y la restauración: 140.000 camareros, 45.000 ayudantes de cocina y 32.000 dueños de bares y restaurantes.

El argumento de que la industria es un sector en proceso de tecnificación acelerada que demanda mucho personal cualificado, choca de nuevo con los datos: en la era Rajoy se han creado 90.000 empleos en la industria… pero de ellos 52.000 han sido de peones industriales, lo que en Francia púdicamente denominan O. S. (Ouvriers Spécialisés… en nada).

El problema de las cualificaciones en la industria está vinculado al relevo generacional: en estos años se van a jubilar muchos obreros cualificados que tendrán que ser sustituidos por jóvenes. Pero esto no significa que el empleo industrial nuevo que se va creando requiera principalmente un personal altamente cualificado, ni siquiera en el sector más tecnológico, como es la industria manufacturera.

Las únicas ocupaciones que generan más de un 4% de los empleos son las de dependientes en tiendas, camareros y profesores de enseñanzas obligatorias, y más de un 3%, las de chóferes, servicios de limpieza, agentes comerciales, atención al público y personal del servicio de salud. 5,7 de los 18,9 millones de ocupados se ubican en estas categorías. El empleo como dependiente de comercio es el que más alegrías puede dar a los parados españoles -sobre todo a las paradas, pues 592.000 de los 835.000 ocupados en esta actividad son mujeres;si el parado es hombre, lo mejor que puede hacer es formarse para sacar el ABCDE… Es decir, los títulos de conducir: 670.000 de los 700.000 conductores profesionales son hombres-.

Ante esta realidad del mercado de trabajo, harían bien los discursantes en girar el foco de su atención: el problema de las cualificaciones en España no está tanto en la formación de los trabajadores, como en la de los empresarios.

En un país en el que solo el Estado es capaz de demandar profesionales de alta cualificación, la mejor oportunidad para renovar el tejido productivo y lanzar una dinámica de empleos de alto valor añadido y aumentos de la productividad es precisamente el desarrollo de la actividad de fomento. Solo el sector público puede poner en marcha las actividades en sectores nuevos, sectores tecnológicos y de futuro, (industrias médicas, biotecnológicas, nanotecnológicas, espaciales, etcétera) en los que el riesgo inherente a proyectos novedosos espanta a unos empresarios -y a unos banqueros financiadores- acostumbrados, salvo raras excepciones, a huir del riesgo como las abejas del humo. Pensar que el mercado, con o sin incentivos públicos, será capaz de llevar a cabo esta tarea es una idea que fluctúa entre la ingenuidad metafísica y la irresponsabilidad política. Una versión renovada del ¡que inviertan ellos!;es decir, los estados y las multinacionales… del extranjero.

Pero sustituir el Estado de obras por el Estado empresario implica romper con inercias que se han ido consolidando durante 40 años de democracia y 30 de neoliberalismo, que se expresan en ideologías y normas dominantes. Este es el principal desafío político que enfrenta la gestión del mercado de trabajo y ante el cual la reforma de la reforma o la derogación de la reforma de la legislación laboral es solo literatura.