Cada año unos 250 niños vascos nacen gracias a un vientre de alquiler

Imagen del pie de un bebé recién nacido.

El fenómeno no para de crecer y se estima que está por encima de las adopciones internacionales Emakunde presenta un informe para clarificar el “estado” de esta práctica

Ruth Gabilondo - Viernes, 13 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

dONOSTIA - Es un fenómeno que no ha parado de crecer y que se cree que ya está por encima de las adopciones internacionales. Por ello, y ante el debate que suscita este polémico asunto en la sociedad, Emakunde presentó ayer un exhaustivo informe sobre la gestación subrogada en los Cursos de Verano de la UPV/EHU, en Donostia. En él, trata de desenmarañar quién está detrás de cada una de las posturas, de clarificar el estado en el que se encuentra esta práctica, y también de plasmar los riesgos que entraña.

“Hay voces en ambos sentidos, cada uno con su argumentario, desde el mundo jurídico hasta la bioética. Es un debate que va cogiendo fuerza, pero tengo la sensación de que es muy difícil alcanzar un consenso común en este tema. Quien lo tiene claro, lo tiene claro en un sentido o en otro”, afirma Aída Ortega, abogada del área de la mujer de Suspergintza Elkartea, que presentó el estudio ¿Gestación subrogada o vientres de alquiler?, junto a Ainara Canto, responsable del servicio de investigación de la Fundación EDE.

Actualmente, nacen en el mundo unos 20.000 niños a través de la gestación subrogada y se estima que cerca de 1.000 tienen madres o padres “de intención españoles”, según apuntan algunas fuentes, tal y como recoge el dosier de Emakunde. El volumen de bebés vascos nacidos gracias a un vientre de alquiler se calcula en 250 al año.

Pese a ser una práctica ilegal en el Estado español, muchas parejas acuden a otros países donde sí está permitida, como EEUU o Ucrania, y posteriormente solicitan el registro de los menores en España. “Nos encontramos una situación que puede calificarse de irregular y caótica”, señala Aída Ortega.

Y es que, la Dirección General de Registros y del Notariado ha traslado la recomendación a los registros civiles de todo el Estado de inscribir a los niños que vienen de otros países, habiendo nacido a través de un vientre de alquiler, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dejado claro que esos contratos son nulos. “Existe una especie de laberinto donde por un lado el derecho dice una cosa, pero la práctica reconoce la contraria”, se afirma en este estudio. En el Estado, este fenómeno se documentó por primera vez en 2009, cuando se admitió la primera inscripción de un niño.

Desde el Gobierno Vasco, aunque tampoco se han pronunciado expresamente sobre esta controversia, sí que han llevado a cabo actuaciones de reconocimiento de esta práctica. En concreto, en febrero de 2017 emitió una instrucción para que las personas que trabajan en la Administración y opten por la gestación subrogada puedan disfrutar de los mismos derechos a efectos de permisos que quienes elijan la adopción, el acogimiento o el parto.

¿Derecho o explotación? Desde entonces, y muy especialmente, en el último año, los vientres de alquiler suscitan una gran polémica, que divide a la sociedad. Según este estudio, mientras que hay posiciones que defienden la gestación subrogada como “un derecho reproductivo asociado a un ejercicio de libertad individual”, hay otras voces que consideran que es una “forma de explotación relacionada con la desigualdad de género y clase social”.

Por ello, el informe de Emakunde, aunque no se posiciona a favor o en contra de esta práctica, sí que hace especial hincapié en los riesgos que puede tener este fenómeno, sobre todo, en términos de igualdad entre hombres y mujeres. “La división entre mujeres con poder adquisitivo que encargan y mujeres con necesidades económicas que se prestan a cumplir con el encargo podría llevar a la paradoja de que aquellos países que cuentan con las más desarrolladas políticas de igualdad sean a su vez los principales países de destino de compradores de gestación comercial”, se expone en el estudio.

Por su parte, Ainara Canto señala que hay algunas personas que ponen más el acento “en esa libertad de las mujeres a poder decidir si quieren o no gestar para otros”, pero también es “importante” tener en cuenta, como dicen otros expertos, “que el contexto de libertad y de libre consentimiento está muy relacionado con el hecho de que las relaciones entre las distintas partes sean simétricas”. En este caso, “hay bastantes personas que ponen en duda que esto sea así”, subraya Canto. De alguna manera, las mujeres gestantes están renunciando a su libertad, “al menos durante el tiempo del embarazo”.

Además, entre los principales riesgos que enumera Emakunde en su informe están los peligros para la salud física de las gestantes, para su salud emocional y la del niño, los relacionados con proteger la autonomía y los derechos de las mujeres y los riesgos de no acertar con una regulación adecuada.

Compensación económica Así, mientras que desde una perspectiva ética o social sobre la maternidad por sustitución se pone de relevancia “todo el tiempo los derechos de las mujeres”, su libertad o autonomía, cuando se aborda esta cuestión desde un punto de vista jurídico, “donde se pone el acento es en los derechos de los niños que nacen bajo esta práctica”. “Todas las regulaciones se ven obligadas a poner el acento en el interés superior del menor”, insiste Aída Ortega.

Pero sí es cierto, según detalla el documento de Emakunde, que el hecho de que en muchos casos haya una compensación económica y, por tanto, esta práctica represente una manera de conseguir dinero para la mujer que se presta a gestar, “puede plantear dudas en relación a su libertad y autonomía”. “Esta práctica se produce en un contexto de desigualdad de posiciones, ya que en cierto modo las madres o padres subrogantes están en una situación de mayor poder (quienes encargan y pagan) con respecto a la mujer gestante (quien asume todos los riesgos)”, se señala en el informe.

Otro de los puntos polémicos que aborda el documento es el de los lobbys y las agencias intermediarias como “máximas beneficiarias de un mercado muy lucrativo, que se incrementa exponencialmente año a año y donde los ingresos que reciben las madres gestantes son mínimos”, según apuntan algunos expertos. Estas agencias crean mercados y redes nacionales y transnacionales de gestación por sustitución “a gran escala”.

Por ello, esta práctica podría contribuir a crear “una especie de ciudadanía censitaria”, donde el ejercicio de determinados derechos dependerá de la “capacidad económica o de los recursos que tenga cada persona”.

Aunque Emakunde no se pronuncia a favor o en contra de esta práctica, su directora, Izaskun Landaida, sí aseguró ayer que “hay que evitar la mercantilización del cuerpo de las mujeres”.

Secciones