Ley de Memoria Histórica

Sánchez estudia crear una comisión de la verdad y anular las sentencias franquistas

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer la reforma de la Ley de Memoria Histórica. (Foto: Efe)

El Gobierno quiere reformar la Ley de Memoria Histórica que incluye planes de búsqueda de desaparecidos y exhumaciones

Humberto Unzueta - Jueves, 12 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

Donostia - Pedro Sánchez parece decidido a culminar la obra de José Luis Rodríguez Zapatero en algunas cuestiones sensibles y de mucho sesgo ideológico. Tras los primeros anuncios en materia de igualdad, ayer la ministra de Justicia desplegó algunas de las intenciones del nuevo Gobierno español en materia de memoria histórica que, en esencia, suponen el desarrollo pleno de muchas de las iniciativas que el expresidente socialista trató de llevar a cabo y no pudo con la llegada al poder de Mariano Rajoy. La reforma de la Ley de Memoria Histórica anunciada ayer por Dolores Delgado abarca un catálogo amplio de medidas que han sido frenadas por el anterior gobierno del PP. Entre ellas destacan la creación de una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista o la declaración de nulidad de los tribunales franquistas y sus sentencias.

Tras subrayar que la Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada por el Gobierno de Zapatero ha de ser actualizada, la ministra Delgado avanzó que estudian habilitar una comisión que saque del olvido, rompa el silencio y permita conocer la verdad sobre lo sucedido en España durante la contienda civil española y la dictadura posterior.

Delgado hizo este anuncio en su comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso para presentar sus líneas de actuación, en la que dedicó un apartado a la memoria histórica porque, a su juicio, “es inaceptable España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya”.

Además, el Gobierno buscará la fórmula para anular las condenas de los tribunales franquistas. “Hay que declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y de sus sentencias”, subrayó. La nulidad de las sentencias condenatorias dictadas por tribunales franquistas por razones ideológicas y con la vulneración de las elementales garantías del derecho a la defensa y el proceso debido es una de las reivindicaciones centrales de víctimas y asociaciones memorialistas. Estas sentencias dictadas por consejos de guerra y otros órganos represores como el Tribunal de Orden Público no fueron anuladas con la restauración de la democracia, reconociendo así su validez jurídica.

Las víctimas han utilizado la vía del recurso de revisión para reclamar de los tribunales españoles -en este caso, del Tribunal Supremo, aunque en algún caso el Constitucional- la anulación de las sentencias y condenas franquistas. En la mayoría de los casos la respuesta ha sido negativa, rechazando así la anulación de tales sentencia. Tras señalar que “no puede ser que personas que más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento”, la ministra avanzó que prevén la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y programas de exhumación.

También estudiará la manera de ilegalizar las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo, como por ejemplo la Fundación Francisco Franco. Además establecerá un procedimiento por el que quienes vieron sus bienes incautados durante el franquismo podrán solicitar una compensación pecuniaria.

Se prevé además dar un nuevo significado al Valle de los Caídos trasladando los restos de Franco, retirar la simbología de exaltación de la guerra y el franquismo con sanciones para quien lo incumpla, reforzar el acceso archivos y reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo. Junto a esa reforma, anunció que quiere recuperar la justicia universal y revisarla “conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica y medioambiental”.

El PP y Ciudadanos recordaron a la ministra de Justicia que las víctimas de ETA también reclaman “memoria, dignidad y justicia” frente a los planes de su Ministerio de resarcir a las víctimas del régimen franquista. La diputada del PP María Jesús Moro pidió a Delgado que se comprometa con las víctimas de ETA. “Nosotros estamos en la defensa de la verdad y de la dignidad de las víctimas del terrorismo, de todo el terrorismo”, recordó.

planes del gobierno

Comisión de la verdad para conocer lo sucedido en el pasado.

Nulidad de los tribunales y las sentencias franquistas. Las condenas de los consejos de guerra y tribunales franquistas mantienen su validez jurídica al no haber sido anuladas por el Supremo o el Constitucional.

Fundación Franco. Estudia ilegalizar asociaciones que hagan exaltación del franquismo.

Programas de exhumación y planes de búsqueda de desaparecidos.

Compensación económicas. Quienes vieron sus bienes incautados podrán solicitar compensación pecuniaria.

Valle de los Caídos. Resignificar el mausoleo que alberga las tumbas de Franco y Primo de Rivera.

Simbología franquista. Retirada de los símbolos que supongan una exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.

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