Los hermanos Osinalde acusan a Hacienda de vulnerar su honor

Denuncian que ha cometido una ilegalidad al publicar sus nombres en la lista de grandes deudores

M. Mariscal Ainara Garcia - Miércoles, 11 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - Los hermanos José Ramón y Juan Miguel Osinalde Echaniz, que figuran en la lista de grandes morosos que publicó la Hacienda guipuzcoana el pasado 29 de junio, acusan a la entidad foral de un “gravísimo y difícilmente reparable atentado contra el honor, la propia imagen y la intimidad” por haberles incluido “ilegalmente” en este listado.

El motivo principal aducido se encuentra recogido en el artículo 92 de la norma foral tributaria de Gipuzkoa, que establece que “no se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o suspendidas”.

El caso concreto en el que aseguran encontrarse es en la suspensión de la deuda que, según afirman, fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco TSJPV en un auto del 8 de junio de 2017. La resolución judicial “es firme, no fue recurrida por la Diputación Foral de Gipuzkoa y mantiene a día de hoy plenos efectos suspensivos”, añaden.

Este supuesto se acoge a las condiciones que eximen a los hermanos Osinalde de aparecer en el listado de grandes deudores de la Hacienda guipuzcoana y de pagar ninguna deuda tributaria hasta que el TSJPV no decida si es exigible.

Otro aspecto que denuncian es que se les atribuye una deuda de 49 millones cada uno, cuando es la cantidad única que reclamó la Hacienda foral a su padre, por lo que “ha dado la falsa apariencia de que se adeuda el doble de lo que realmente se reclama”.

Por último, los hermanos Osinalde Echaniz aseguran que en ningún momento se han encontrado acusados por fraude fiscal. Por todas estas razones, actualmente valoran iniciar acciones legales que aclaren la situación.

La Hacienda Foral guipuzcoana, por su parte, señala que la inclusión de los integrantes de la lista de grandes morosos se realiza automáticamente con los datos que el sistema dispone, en este caso, a 31 de diciembre de 2017.

Asimismo, recuerda que los afectados son advertidos anteriormente y disponen de un plazo de 10 días para presentar las alegaciones correspondientes.