politika

Las luces y sombras de las 37 transferencias

Sánchez prevé transferir pronto las infraestructuras
Los aeropuertos presentan el escollo de la privatización
El bloque más duro será el de la Seguridad Social y las políticas pasivas

Míriam Vázquez - Domingo, 1 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - La disposición de Pedro Sánchez a negociar las 37 competencias pendientes, sin excepción, ha provocado una gran expectación en la comunidad autónoma. Las perspectivas de cumplir en su integridad el Estatuto de Gernika casi cuatro décadas después de su aprobación en 1979 han aumentado después de que el presidente español asegurase públicamente que no ve ningún problema político ni técnico en más de una treintena de traspasos, lo que supondría abordar de manera fluida la práctica totalidad de las materias pendientes.

La gestión del régimen económico de la Seguridad Social será la cuestión más compleja y se reservará para los últimos compases de la legislatura, que está previsto que aguante hasta 2020. Esta competencia supondría que la comunidad autónoma recaudase las cotizaciones y pagara la prestación, mientras el Estado continuaría regulando la cuantía de la pensión para preservar el carácter unitario del sistema. En torno a esta competencia gravitan otras materias con un grado de dificultad política similar porque conllevan un importante despliegue monetario y tienen gran simbolismo. Son las políticas pasivas de empleo (pagar las prestaciones de desempleo) y la inspección de trabajo. Las políticas activas para incentivar el empleo ya se gestionan con Lanbide.

El PNV vive este momento como una oportunidad histórica, sobre todo teniendo en cuenta que Sánchez quiere convertir al grupo vasco en su socio preferente en el Congreso de los Diputados. Los jeltzales, que tienen un acuerdo de gobierno con el PSE en la comunidad autónoma donde se contemplan estas materias, llevan décadas defendiendo el traspaso de las competencias por su incidencia en la vida cotidiana de los vascos. Existe un bloque relevante ligado a las infraestructuras, donde el Gobierno español tiene un margen muy amplio para comenzar a realizar traspasos. En ese caso, la mayor dificultad se encuentra en los aeropuertos de Hondarribia, Loiu y Foronda. No es un escollo político, sino legal, porque el Gobierno de Rajoy inició un proceso de privatización de Aena.

Las competencias, hasta un total de 37, se enumeran en el informe que entregó hace unas semanas el consejero Josu Erkoreka a la ministra Meritxell Batet. Las nueve que aparecen en los primeros puestos guardan relación con las infraestructuras y el desarrollo económico, y en la mayor parte de los casos tienen un perfil muy técnico que haría posible un traspaso rápido. El Gobierno Vasco se queda con que Madrid ha abierto por primera vez la puerta a todos los traspasos, y a medida que avancen los acuerdos se irá forjando un clima de confianza que puede ayudar a superar los obstáculos en asuntos más delicados. Tampoco se le escapa a Lakua que, a medida que suba la dotación económica de un traspaso, mayor será la dificultad política para pactarlo.

traspasos inmediatos Sánchez acaba de llegar a La Moncloa y ya prepara el traspaso de tres competencias, frente a la ausencia total de transferencias durante la etapa de Rajoy, que arrancó en 2011. El Gobierno español ha acordado dejar en manos de la comunidad autónoma dos de las once líneas de ferrocarril que circulan íntegramente por suelo vasco en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo). El PNV demanda las otras nueve de la lista, donde brilla con especial intensidad la muy transitada línea Bilbao/Abando-Santurtzi. El PNV ha mantenido todo este tiempo la creencia de que la ausencia del traspaso ha ralentizado el desarrollo y la revitalización de las zonas afectadas.

También con carácter inmediato, Sánchez abordará el traspaso de la autopista A-68 (Bilbao-Zaragoza) y A-1 (en el tramo Burgos-Armiñón), y el Puerto de Pasaia, determinante para establecer conexiones con la plataforma logística de Lezo y construir una red amplia de transporte de mercancías. El Gobierno Vasco demanda también el de Bilbao.

En el capítulo de las infraestructuras, ocupan un papel destacado los aeropuertos de Loiu, Hondarribia y Foronda, una de las materias que con mayor insistencia ha reclamado el PNV, y que implicaría que la comunidad autónoma prestara los servicios de asistencia en tierra y pudiera administrar y explotar las instalaciones, con las implicaciones que tendría a la hora de desarrollar un modelo aeroportuario propio y establecer sinergias entre las tres pistas.

Además, se pide el traspaso del organismo público Cedex, que estudia las posibilidades de innovar en la obra pública;y la financiación de proyectos de apoyo a las pymes y la innovación tecnológica desempeñados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y la Dirección General de Industria y la Pequeña y Mediana Empresa (IMPI). Todas las comunidades, salvo la vasca, han recibido ya el traspaso de la IMPI.

El informe del Gobierno Vasco recoge otras tres competencias en materia de infraestructuras: la inspección del transporte por carretera, las operaciones de búsqueda y salvamento de vidas y buques en el litoral vasco, y la competencia sobre la explotación de los hidrocarburos, donde la comunidad autónoma ha dado permisos para la investigación sin haberse producido la transferencia ni existir una previsión presupuestaria.

Al margen de las competencias de prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, los traspasos con el mayor peso político se encuentran en el capítulo dedicado al empleo y las políticas sociales. Ahí se reclama la gestión del sistema de protección social por desempleo, que incluye prestaciones específicas y los subsidios. Reclama, asimismo, completar el traspaso de las políticas activas asumiendo el control, la inspección y la potestad sancionadora en el trabajo. Se pide, por otro lado, la competencia sobre el Fogasa, el fondo que paga los salarios pendientes a los trabajadores cuando su empresa se ha declarado en quiebra.

En materia de inmigración, el Gobierno Vasco exige herramientas para recibir “en condiciones dignas” a los inmigrantes. Pide asumir todas las actuaciones administrativas relacionadas con sanidad, bienestar social, desarrollo comunitario y trabajo. Se mencionan otras competencias con impacto en las gestiones más cotidianas, como la expedición de los permisos de circulación y la matriculación de vehículos, el desarrollo ordenado del mercado de las empresas de seguros, la convalidación de títulos extranjeros en la universidad, y la inspección de productos farmacéuticos en aplicación de la legislación estatal (en este último caso, la competencia la han asumido ya trece comunidades).

política penitenciaria Los dos traspasos más simbólicos son los que atañen a las prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. En el caso de las cárceles, la comunidad autónoma gestionaría la vida en las prisiones, pero lo haría en aplicación de la legislación estatal. Sin necesidad de cambiar la ley, las Juntas de Tratamiento de la prisión podrían realizar una interpretación más flexible y acorde con la realidad vasca a la hora de conceder las progresiones de grado o los permisos de salida.