Cuestionan cómo se tramitan los impagos del peaje de la N-I

La federación de transporte Fenadismer denuncia al Ararteko que los camioneros reciban una carta sin datos para identificar la deuda

Martes, 26 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Donostia - La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado ante el Ararteko los presuntos “abusos” que padecen los transportistas por parte de Bidegi, la empresa pública que gestiona las carreteras guipuzcoanas, por el impago de los peajes en la N-I y en la A-15 en Gipuzkoa. Fenadismer anunció que se opondrá a que el Tribunal Supremo admita a trámite el recurso de casación interpuesto por la Diputación de Gipuzkoa y las Juntas Generales contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el pasado 9 de abril que anuló el cobro de peajes para camiones a su paso por la A-15 y la N-I. Junto con el resto de asociaciones de transportistas, Fenadismer considera que los recursos de las instituciones guipuzcoanas “carecen de interés casacional alguno”.

La federación denunció el procedimiento de notificación de deudas por presuntos impagos de peajes que efectúa Bidegi mediante una carta por correo ordinario no certificado que ha dirigido a numerosos transportistas. En la misiva, Bidegi “se limita a notificar la presunta existencia de un impago del peaje sin especificar en la carta ningún dato que permita identificar la deuda”, ya que “no incluye referencia alguna a la carretera por la que presuntamente transitó el transportista, ni la fecha ni la hora en la que se produjo el impago ni el pórtico de peaje atravesado”.

Para comprobar que el transportista efectivamente circuló por dicha vía y que su dispositivo de pago de peajes ViaT no abonó el pago correspondiente, Bidegi “obliga a los transportistas a registrarse en la página web” de este organismo y a facilitar “tanto sus datos personales como los de una tarjeta bancaria para proceder al pago”, denuncia Fenadismer. Esta actuación, en su opinión, genera “indefensión jurídica hacia los transportistas”. - Efe