La vía Macron de Pedro Sánchez

El presidente español mira de reojo el plan de su homólogo francés, que acerca a un buen número de presos de ETA de manera paulatina y selectiva, por el rechazo de las víctimas a un movimiento masivo

Un reportaje de Humberto Unzueta - Domingo, 24 de Junio de 2018 - Actualizado a las 07:34h.

la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa ha cambiado por completo las expectativas sobre la política penitenciaria en relación a los presos de ETA y de la kale borroka. Sus primeros nombramientos en puestos decisivos para la aplicación de una nueva línea de trabajo con los reclusos etarras y sus primeras manifestaciones públicas esta semana permiten vislumbrar una cierta distensión en las medidas relacionadas con el acercamiento de algunos presos, la humanización de aquellos que padecen enfermedades graves y quizás algunos pasos con los que superan los 70 años. En cualquier caso, los pasos serán prudentes y medidos para no soliviantar ni a la oposición parlamentaria (PP y Ciudadanos) ni a algunos colectivos de víctimas que miran con lupa los movimientos en esta materia, por lo que no cabe esperar un acercamiento inmediato y masivo a cárceles próximas a Euskadi. El nuevo presidente del Gobierno español mira de reojo la vía Macron de acercamiento paulatino y selectivo de presos que, desde febrero pasado, ha llevado a París a acercar a catorce presos a prisiones más próximas a la frontera española. Además, el nuevo inquilino de Moncloa apunta hacia un remedo de la vía Nanclares que alumbró su compañero de partido José Luis Rodríguez Zapatero.

La reunión el pasado jueves entre las asociaciones de víctimas y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la política penitenciaria fue la antesala de lo que pudieran ser los primeros pasos del Gobierno español con los presos de ETA. Los colectivos de víctimas avisaron al magistrado metido a político que le vigilarán con lupa y que no tolerarán acercamientos globales ni fuera de la legalidad, sobre todo si no rechazan de manera clara su pasado violento y no colaboran con la justicia en los más de trescientos atentados sin esclarecer y sin firma de autor.

El encuentro con las víctimas evoca las reuniones entre el Ministerio de Justicia francés y los presidentes de colectivos de víctimas españoles (AVT, Covite y Fundación de Víctimas del Terrorismo) previas a los acercamientos de presos de ETA y la kale borroka desde cárceles lejanas a las prisiones de Mont-de-Marsan (Las Landas) y Lannemezan (Altos Pirineos). Fue lo primero que hizo El Elíseo: sentarse con las víctimas españolas, explicarles sus planes y necesidades en relación a los entonces cerca de 80 reclusos etarras en su cárceles (ahora, medio centenar) y convencerlos de la bondad de su intención y de su adecuación a la legalidad francesa. En estos encuentros, el Gobierno de Emmanuel Macron explicó por separado a Alfonso Sánchez (AVT), Consuelo Ordóñez (Covite) y Mari Mar Blanco (FVT) que el Ministerio de Justicia galo, del que depende la administración penitenciaria, tenía sobre la mesa una veintena de solicitudes individuales de acercamiento de presos de ETA que iba a estudiar caso por caso.

Los reclusos a los que París ha acercado han debido realizar las solicitudes de forma individual, tal y como establece la legislación ordinaria francesa y además deben estar en el tramo final de su cumplimiento de condena. Además, han de cumplir con los requisitos de seguridad exigidos y haber acreditado un buen comportamiento en prisión. Aunque dijeron que no acercarán a reclusos con delitos de sangre, ha habido alguna excepción, y además tampoco han trasladado a aquellos con condenas pendientes en España.

Las asociaciones de víctimas españolas quedaron satisfechas de las explicaciones ofrecidas por la número tres del Ministerio de Justicia galo, Hélène Davo, y recalcaron que con estos acercamientos el Gobierno Macron se limita a aplicar la legalidad ordinaria como a cualquier otro delincuente y de manera individualizada.

Es pronto para que Pedro Sánchez empiece a mover ficha en el tablero penitenciario, apenas acaba de sentarse en el sillón presidencial y todavía no ha completado del todo su equipo en los escalafones inferiores. De momento solo ha fijado su posición sobre la política penitenciaria y lo hizo de manera pública, en Televisión Española y en horario de máxima audiencia. No rehuyó la pregunta y lo dijo con claridad, por lo que asume su compromiso de un cambio en relación a los reclusos de la banda. Interrogado sobre sus intenciones con los presos tras la disolución de ETA, el presidente español fue bastante claro: “Tenemos que abordar el problema desde una visión distinta”, aunque no dio más pistas ni concreciones. Y, en referencia a PP y Ciudadanos añadió: “Me gustaría pedirles a todas las fuerzas políticas que no hubiera elementos de discordia en relación con la política penitenciaria tras el fin de ETA. La banda fue derrotada por la democracia”, apostilló.

Sus nombramientos en puestos clave vinculados a la política penitenciaria también insinúan una querencia por impulsar algo que se parezca a la vía Nanclares, que promovió la reinserción de presos disidentes de ETA que estaban dispuestos a romper con la disciplina de la banda, repudiar la violencia, reconocer el mal causado a las víctimas y afrontar en la medida de sus posibilidades su responsabilidad civil con los damnificados. Una treintena de reclusos se sumaron a esta iniciativa impulsada por el Gobierno de Zapatero a finales de la pasada década y principios de esta, entre ellos históricos miembros de ETA como José Luis Álvarez Santa Cristina, alias Txelis, Kepa Pikabea, Carmen Gisasola o Joseba Urrusolo. La iniciativa quedó en vía muerta con la llegada del PP de Mariano Rajoy al Gobierno español allá por el 2011.

hay consenso Fuentes socialistas y nacionalistas vascas consultadas por este diario aseguran que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene decidida su apuesta por la reinserción de los presos de ETA si estos, de manera individual, expresan un rechazo más contundente de su pasado violento y un reconocimiento más reconocible del daño causado. La coyuntura política es ligeramente favorable ya que cuenta con el respaldo de Unidos Podemos, y nacionalistas vascos y catalanes. Además, cuenta con el respaldo social y parlamentario mayoritario en Nafarroa y la Comunidad Autónoma Vasca, donde PNV y PSE son socios de gobierno.

Pero no va a ser un movimiento suicida y se parapetará en los movimientos que prevé realizar con los exconsellers de la Generalitat de Catalunya que continúan presos y que una vez termine la instrucción del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena serán acercados a prisiones catalanas. La piel de la opinión pública y publicada española es, ahora mismo y con ETA ya fuera de circulación, más sensible hacia lo que se haga con los presos catalanes que con los reclusos de la banda.

En cualquier caso, los acercamientos de presos -que nada tienen que ver con la legalidad penitenciaria sino con la voluntad política del gobierno de turno- y la recuperación de fórmulas de reinserción del tipo de la vía Nanclares-que tienen encaje en la normativa penitenciaria a través de la clasificación del recluso en primer, segundo o tercer grado- va a necesitar de pedagogía y de finas manos. A tal fin, Sánchez ha designado a tres figuras que serán clave: Fernando Grande-Marlaska, como ministro del Interior, Ángel Luis Ortiz, al frente de Instituciones Penitenciarias, y Jesús Loza, que mañana lunes tomará posesión oficial del cargo de delegado del Gobierno español en la CAV.

Durante su etapa de magistrado de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska respaldó la vía Nanclares a través de varias sentencias. Loza fue comisionado de Convivencia en los tiempos del lehendakari Patxi López y estuvo implicado directamente en algunos asuntos relacionados con el desarrollo de la reinserción de los presos disidentes de ETA. Por su parte, Ortiz es un profundo conocedor de la vía Nanclares y pasa por ser reconocido como un jurista defensor de la justicia restaurativa.