Abogados de los presos exigen el fin de la “excepción” para salir del primer grado

Los abogados Iñaki Zugadi y Onintza Ostolaza, ayer en Bilbao. Foto: Oskar González

Denuncian que el juez de Vigilancia Penitenciaria tiene cien peticiones sin resolver

M. Vázquez - Sábado, 23 de Junio de 2018 - Actualizado a las 07:53h.

Donostia - Aunque las palabras de Pedro Sánchez sobre la política aplicada a los presos han alimentado las expectativas sobre un acercamiento paulatino, individual y muy medido a cárceles vascas, la superación del primer grado penitenciario y la concesión de permisos de salida continúa siendo un terreno ignoto sin novedades ni movimientos en lo que se refiere al colectivo oficial de presos. A diferencia de lo que sucede con el acercamiento, que es una decisión política no regulada en ninguna ley, la concesión de beneficios sí está pautada y exige un ejercicio de autocrítica y desvinculación de ETA. La disolución de la organización no ha provocado un cambio en la situación de los presos, según explicaron ayer los letrados Onintza Ostolaza e Iñaki Zugadi, porque a día de hoy permanecen en la cola del juez de Vigilancia Penitenciaria un centenar de peticiones sin atender y que previamente habían sido rechazadas en vía administrativa por Instituciones Penitenciarias.

Ambos abogados comparecieron ayer en Bilbao para solicitar al nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y al juez José Luis de Castro, que se termine con “la política penitenciaria de excepción”. A su juicio, los presos permanecen en primer grado con criterios “estrictamente políticos e ideológicos”. Compararon las cifras que se registran en el Estado (donde un 97,9% de la población reclusa está clasificada en régimen ordinario y solo el 2,1% está en primer grado) con el caso de los presos de ETA, donde “no llegan al 5% los clasificados en segundo grado”, y el 95% está “sistemática y permanentemente clasificado en primer grado”, el régimen más severo y donde no se permite acceder a permisos de salida. Según dijeron, no hay “ni uno solo en tercer grado o libertad condicional”. La izquierda abertzale no cuenta en este cómputo a los presos de la vía Nanclares que han realizado una reflexión crítica con la violencia y han mostrado su deseo de reparar a las víctimas. La autocrítica es una asignatura aún no resuelta dentro de la izquierda abertzale.

Los abogados explicaron que se han registrado “muy numerosas” solicitudes de progresión de grado y todas ellas han recibido “respuestas negativas” en la vía administrativa de Instituciones Penitenciarias y, posteriormente, en la vía judicial existe “un bloqueo absoluto de todos los recursos” en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que ha llegado a acumular cien expedientes en el cajón. Los abogados aseguraron que todas las respuestas están cortadas por el mismo patrón y rechazan la concesión del segundo grado por “la no disolución de ETA” pese a “haber dejado de existir”, la “no desvinculación de ETA” aunque “el EPPK se desvinculó claramente el pasado verano en su debate”, o la “peligrosidad por pertenecer a ETA” y la reincidencia.

En esas negativas también se alude a la “falta de adaptación al régimen ordinario” por parte de los presos, cuando no han tenido oportunidad de entrar en esa clasificación. Además, a los pocos presos que se encuentran en segundo grado también se les ha denegado la concesión de permisos de salida salvo en dos casos. Por otro lado, citaron el caso de Sebastian Etxaniz, que sigue en prisión a la avanzada edad de 75 años.

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