Tribuna abierta

La eurozona: estancada sin objetivos ni principios

Por Joaquín Arriola - Viernes, 22 de Junio de 2018 - Actualizado a las 08:27h.

La Comisión Europea pedía el año pasado a los gobiernos de la eurozona que establecieran unos objetivos y principios comunes para guiar las actuaciones a llevar a cabo hasta 2025, año en que se pretende completar las estructuras de la zona monetaria única. El mes de junio es la fecha elegida para concretar tan relevante estrategia en la reunión de jefes de gobierno que se celebrará en Bruselas mañana y pasado.

A tenor de las propuestas y toma de posición que se han ido conociendo, no parece que de tan magno cónclave vaya a surgir ninguna idea novedosa sobre cómo actuar ante la situación general de la UE y de la eurozona en particular. Al parecer todos los gobiernos coinciden -y ya la coincidencia es sospechosa, ante una realidad tan esquiva y con tantas aristas como la crisis global y la crisis del euro- en que el problema que enfrenta la Eurozona es que las estructuras y el funcionamiento del sector bancario es fundamentalmente correcto, y que lo que la crisis habría puesto de manifiesto es que la moneda única se tiene que acompañar de un sistema financiero único, para lo cual hay que establecer una sola autoridad de vigilancia y de resolución bancaria, un sistema de garantías de depósito único y un sistema de bolsa de valores -mercado de capitales- unificado.

La mayor perturbación en el horizonte sería el aumento de la deuda de los estados, una consecuencia de la transmisión de riesgos del sistema bancario al presupuesto estatal. Todos comparten la idea de que los déficits fiscales son muy malos y la deuda insostenible, y que las “reformas estructurales” (eufemismo para referirse a la precarización de las condiciones de trabajo, salariales y de transferencias fiscales) son la mejor receta para enfrentar las inevitables perturbaciones que surgirán en el funcionamiento futuro de los mercados financieros y globales.

Por tanto, se propone que la deuda se reduzca lo antes posible, para lo cual hay que dar una nueva vuelta de tuerca a los instrumentos de presión sobre los gobiernos, acompañando la intervención ya existente de los presupuestos públicos (mediante el pacto de estabilidad y el semestre europeo) con un sistema de castigos que incluyan las transferencias de los fondos de cohesión y, en su caso, con la reconversión del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en fondo de financiación contingente en coyunturas en las que las cosas vayan mal, para los países que se porten bien en materia de deuda y déficit.

Las discrepancias se limitan a decidir si los 500 mil millones de euros que maneja actualmente el MEDE se deberían ampliar, o son suficientes para enfrentar las futuras crisis de deuda pública, que se da por descontado que van a existir. La Comisión o el Gobierno francés proponen que se establezca un sistema limitado de emisión de títulos de deuda europeos, de modo que todos los países se puedan financiar al mismo coste, cosa a la que se oponen quienes, como Alemania, refinancian su deuda a menor coste que la media, y está por ver si el Gobierno español plantea la necesidad de una medida de este tipo. Finalmente, la propuesta simbólica de designación de un ministro de Economía y Finanzas europeo que represente los supuestos intereses financieros comunes de los países del eurogrupo tampoco cuenta con el aval germano ni español.

De modo que más allá del consenso entre los gobiernos de la UE en torno a la integración del sistema financiero y bancario -pero paradójicamente no para las finanzas de los estados- y de un MEDE reconvertido en FMI europeo, no hay mayores propuestas en las toma de posición previas de los gobiernos.

Y no solo los gobiernos, porque las propuestas planteadas al alimón por un grupo de políticos y economistas del PP y PSOE (entre otros Joaquín Almunia, Josep Borrell, Josep Piqué, Belén Romana o Ana Palacio) no aportan ni una coma diferente a las propuestas conocidas y difundidas por la Comisión: frente a la propuesta del Gobierno español y de los países nórdicos de empezar por la unión bancaria y el fondo de inversiones europeo, los tecnopolíticos hispanos tan solo se apuntan a la receta completa (unión bancaria, unión bursátil, eurobonos, europresupuesto y elección de un jefe de la eurozona).

La ausencia de cualquier referencia a una interpretación diferente de las causas de la crisis y de la debilidad estructural del crecimiento económico solo se puede explicar por la excesiva influencia del capital bancario en la conformación de la opinión “informada” de políticos y tecnócratas en España y en Europa. La idea de crear un sistema bancario comporta necesariamente, como estamos viendo, un crecimiento desmesurado del tamaño de las entidades y una reducción de la competencia por fusiones y absorciones, que debilita la capacidad de negociación de los demandantes de crédito (familias, empresas y estados) ante los oferentes (bancos). No hay ninguna razón técnica ni teórica para afirmar que un sistema bancario fuertemente centralizado es mucho mejor para el funcionamiento de la economía que uno diversificado en múltiples entidades y descentralizado.

Pero el problema de la concentración no aparece en las propuestas manejadas por gobiernos e instituciones comunitarias. Por su parte, la idea de establecer un sistema único de bolsas de valores solo se traducirá en una creciente concentración de la actividad en unas pocas plazas -la experiencia de Bilbao, Valencia e incluso Barcelona frente a la Bolsa de Madrid es un buen espejo para entender por dónde van los diseños de futuro a escala europea-, solo que Madrid sufrirá en este caso el mismo destino que le tocó en años pasados a las “bolsas de provincias”.

Hay un problema político de largo alcance en reconocer el error de diagnóstico, porque supondría asumir que la orientación general del BCE y del Tratado de Lisboa está dictada por el contubernio de intereses entre burócratas y banqueros. Y que el problema del “riesgo financiero” no se mitiga con políticas de ajuste salarial y austeridad presupuestaria, porque está vinculado precisamente al desbocado crecimiento de las finanzas globales, fruto de la desregularización (liberalización la llaman) de las decisiones de los responsables -es un decir- del capital financiero: el problema de fondo estriba en que no es posible capitalizar sumas de dinero más allá de determinada magnitud, que se encuentra vinculada a las necesidades de dinero del proceso de producción;de algún modo, el valor de capital dinerario adicional debe tener un límite apropiado al carácter particular de la inversión.

Cuando el capital dinerario se multiplica al margen de toda vinculación con las necesidades de la producción, en tal caso el capital dinerario asume, ciertamente, la forma de tesoro, pero sólo a la espera de poder desempeñar su función productiva en algún momento (se trata de capital en potencia). Cuando como ahora, el capital dinerario o capital financiero acumulado supera en más de cinco veces el valor de la producción anual en la Eurozona o en Japón, o cuatro veces y media en Estados Unidos, este capital financiero suplementario no puede ser más que una simple acumulación de títulos de deuda y de propiedad. Es por eso que el sistema financiero necesita la existencia de un mercado continuo de deuda pública en continua expansión, y no puede dejar de acudir al descuento del banco central para su reciclaje permanente;así, el BCE ha reducido la compra neta de bonos a las entidades bancarias de 80.000 millones de euros al mes en 2016 a 60.000 en 2017 y desde enero de este año a 30.000 a la mitad, pero aun así, este año va a adquirir al menos una cantidad equivalente al 3% del PIB de la eurozona, una inyección de liquidez nada desdeñable.

De esto no se habla en las propuestas que hay en la mesa de los jefes de gobiernos, Como tampoco del efecto más pernicioso de la moneda única, que no tiene que ver con el desequilibrio fiscal o financiero, sino con el hecho de que permite a una economía fuertemente exportadora (Alemania) vender barato (respecto al tipo de cambio que tendría una moneda nacional alemana), y obliga a vender a países con estructuras productivas fuertemente importadoras a vender caro (en una moneda revaluada respecto a la que les correspondería). De modo que el único procedimiento que le queda a países como España, Portugal o Italia -y en ocasiones también a Francia- para reequilibrar su cuenta externa es… bajar los salarios. Condenados para siempre.

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