Colaboración

El salto al Estado federal

Por Iñaki Balsategi - Miércoles, 20 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Cuentan que la Constitución española de 1978 dio lugar a reticencias por parte del socialista Alfonso Guerra, quien se quejó a Fernando Abril Martorell de que estaban maquinando una Carta Magna en extremo reaccionaria, ya que “estamos repitiendo el mismo error que ha condenado a España a ser un país sin futuro, con constituciones impuestas por media España a la otra”. El caso es que Abril Martorell recogió el guante lanzado por Guerra y estos dos cocineros de la Ley de leyes española coadyuvaron a que los siete padres de la misma lograran un equilibrio entre el liberalismo y el progresismo.

Yo diría que, tal vez, tengan razón en que se logró fabricar una Carta Magna liberal-progresista, aunque tiene artículado, como el 1.2 (“La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”), que antepone los derechos de un 90% al del 10% restante. Periódicamente ven la luz encuestas que certifican que en el Estado español hay un 10% poblacional que considera que una de sus nacionalidades, como podrían ser Catalunya o Euskadi, tienen derecho a decidir por sí mismas y a desgajarse si así lo considera su ciudadanía. Empero, hay un 90% que lo fía todo al conjunto del pueblo español, siendo este quien decide al amparo de la Constitución lo que debe sobrevenir a pueblos como el vasco o el catalán. Estamos, pues, ante una Carta Magna en la que la mayoría decide sobre el futuro de las minorías.

Podríamos también entrar a debatir cómo esta recogido el derecho a decidir en lo que a Nafarroa hace referencia, concretamente en la disposición transitoria cuarta, y que alguna fuerza emergente ya ha soslayado que hay que tumbar como sea.

El caso es que con el cambio de gobierno, y con la llegada del PSOE al poder, una bocanada de aire fresco se ha colado por las ventanas de La Moncloa, y Pedro Sánchez y su gabinete ministerial han logrado que en Catalunya y Euskadi se atisben soluciones a sus problemáticas. El encaje de ambas es algo en lo que el Gabinete Sánchez se ha puesto manos a la obra, y urge una reforma constitucional, en palabras de Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública. Los constitucionalistas, entre los que se incluyen los socialistas, tienen como objetivo construir un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación. En cuanto a Catalunya, hay tres aspectos sobre los que parece se va a incidir: el reconocimiento de la singularidad, la recuperación de los contenidos estatutarios desactivados por la sentencia del Estatut de 2006 y la remisión al Estatuto de aquellos aspectos identitarios que solo afectan a ese territorio. Y es que el político madrileño Pedro Sánchez ha hecho desde siempre especial hincapié en la plurinacionalidad de España, con España como nación y con al menos tres naciones más dentro de ella. Eso sí, para él, “todas las naciones son España”;porque si hay un concepto discutible y discutido en términos constitucionales es el de nación. Y los catalanes se darían con un canto en los dientes si hoy en día el PSOE defendiera lo que defendía en la Transición, esto es: “El partido propugnará el ejercicio libre del derecho de autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades, las cuales compondrán, en pie de igualdad, el Estado federal que preconizamos”. Estado federal que hoy también preconizan, pero sin derecho de autodeterminación.

Se trata, en definitiva, de dar el salto de un estado de las autonomías que ha naufragado a uno federal que responda de una manera más eficaz a las interrogantes planteadas desde Euskadi y Catalunya.

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