Admiten el escrito del recurso contra la anulación de peajes

La Diputación y las Juntas Generales registraron un escrito de preparación de casación ante el TSJPV el pasado 29 de marzo

Miércoles, 13 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitió a trámite el escrito de preparación de recurso de casación presentado por las instituciones guipuzcoanas contra la sentencia que anuló el cobro de peajes para camiones a su paso por la A-15 y la N-I, informó ayer la Diputación.

Esta institución y las Juntas Generales (JJGG) registraron el pasado 29 de marzo, en el último día de plazo, “un escrito de preparación del recurso de casación” ante el TSJPV, solicitando que el Tribunal Supremo analizase la cuestión, porque consideraban que tenía “interés casacional”.

El TSJPV ha admitido ahora este documento, por lo que las distintas partes implicadas dispondrán de un plazo de 30 días para comparecer en forma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), encargado de dirimir el recurso de casación.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, recordó en un comunicado que, antes de dar el paso de implantar este peaje, la institución foral llevó a cabo “un estudio exhaustivo” para asegurar la legalidad del sistema y que, tras enviarlo a la Comisión Europea, esta ofreció su “aval jurídico, tanto desde el punto de vista de su implantación, como de los cánones establecidos”.

“El sistema -explicó Oiarbide- cuenta con las garantías jurídicas exigidas por la legislación europea y, además, su implantación ha contado con el apoyo político, sin oposición alguna, de las formaciones presentes en las Juntas Generales de Gipuzkoa, que, sin votos en contra, apoyaron la norma foral que regula el sistema”.

La diputada recordó además que el cobro de las tarifas sigue funcionando “a todos los efectos” y que “el canon no sufrirá variación alguna”.

“Ahora, con la decisión adoptada por parte del TSJPV, la Diputación recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo, argumentando que el sistema no incurre en ningún tipo de discriminación indirecta”, concluyó Oiarbide. - Efe