Una progresista se perfila como la fiscal general del Estado que afrontará el ‘procés’

María José Segarra, fiscal jefe en Sevilla y amiga personal de la ministra de Justicia, tendrá sobre la mesa buscar salida al problema judicial catalán tras la etapa de conflictividad protagonizada por el fallecido José Manuel Maza

Carlos C. Borra - Miércoles, 13 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Donostia - La fiscal jefe de Sevilla, la progresista María José Segarra, se perfila como la nueva fiscal General del Estado en lugar de Julián Sánchez Melgar, que sustituyó a su vez al controvertido José Manuel Maza tras el repentino fallecimiento de este el pasado noviembre en Argentina. A falta de confirmación oficial, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, le habría comunicado esta propuesta ayer mismo al presidente español, Pedro Sánchez.

Una de las cuestiones más importantes a las que tendrá que enfrentarse Segarra, de 54 años de edad, es el conflicto en Catalunya tras la etapa de absoluta beligerancia que protagonizó Maza y cuyo legado continuó su sustituto, Julián Sánchez Melgar, que ha permanecido apenas medio año en el cargo. Fuentes cercanas a la fiscal citadas por Público aseguraron que aún no ha hablado con Sánchez sobre su posición acerca de Catalunya, aunque se prevé que abogue por rebajar la tensión.

María José Segarra es miembro destacado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y amiga personal de la actual ministra de Justicia, que es también fiscal como ella. El pasado abril ambas fueron designadas miembros del Consejo Fiscal, el órgano consultivo que asesora al fiscal general del Estado. Según diversas fuentes, el papel de Segarra también habría sido clave en la acusación impulsada por el Ministerio Público en elcaso de los ERE que ha estallado con su epicentro en el Gobierno socialista de Andalucía.

De confirmarse, la opción de Segarra habría desbancado así a otros candidatos que sonaban en las quinielas, como el fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pedro Crespo y otros fiscales también de la UPF, entre ellos Sofía Puente y Álvaro García. También habían sonado en diferentes círculos el exmagistrado del Supremo Joaquín Giménez y la actual miembro de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal Ana Ferrer.

Al parecer, ayer se precipitaron los acontecimientos y el actual fiscal general del Estado en funciones, Julián Sánchez Melgar, comunicó a la ministra Delgado su voluntad de poner el cargo a disposición del Gobierno del PSOE, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El Ejecutivo socialista le había solicitado que permaneciera en funciones hasta la designación de su sucesor. Sánchez Melgar lleva menos de seis meses en el puesto, al que accedió tras el fallecimiento de su antecesor, José Manuel Maza, en noviembre de 2017 en Argentina, a causa de una repentina infección renal. En situación de servicios especiales, prevé volver al Tribunal Supremo.

El mandato de fiscal general del Estado tiene una duración de cuatro años, pero cesa al mismo tiempo que el Gobierno que lo hubiera propuesto o cuando se ejerza el cargo por un periodo inferior a dos años, entre otras causas.

Con Villarejo La fiscal María José Segarra, que el pasado otoño celebró 30 años como miembro del Ministerio Público, comenzó trabajando en Barcelona de la mano de Carlos Jiménez Villarejo y después fue destinada a Sevilla, donde desde hace doce años ejerce como fiscal jefe. Durante su candidatura al Consejo Fiscal, Segarra destacó la importancia del despliegue territorial de las fiscalías, del desarrollo digital en esta profesión, que presenta importantes carencias, y llamó la atención sobre las escasas plantillas en las secretarías de las fiscalías.

En un comunicado hecho público en el contexto de esa candidatura hacía igualmente mención a las mejoras laborales necesarias en la carrera profesional, como son la compensación económica ante la imposibilidad real de organizar en las fiscalías los días de libranza, el abono de los días de guardia perdidos durante las bajas por enfermedad o la nivelación salarial conforme a las funciones que se realizan.