PSE y Podemos piden que el parlamento regule la fiscalidad

EH Bildu plantea dar un rango institucional a la participación ciudadana para que se constituya en un cuarto poder dentro del nuevo estatus de autogobierno

Míriam Vázquez - Miércoles, 13 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Donostia - Dentro de la negociación del nuevo estatus, los partidos intercambian documentos no solo sobre la relación entre la CAV y el Estado, sino también sobre la organización interna de los poderes públicos vascos. Como cabía esperar en este apartado, ha resurgido el clásico debate sobre la competencia para fijar los impuestos, una cuestión que remite a la Ley de Territorios Históricos de 1983. Son los territorios históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, a través de sus Juntas Generales, quienes aprueban las normas fiscales. La recaudación la ejecutan las diputaciones. Con distintos matices, PSE y Elkarrekin Podemos plantean que el Parlamento Vasco tenga competencias reguladoras, una posición que no es mayoritaria porque cuenta con el rechazo de PNV y PP, mientras EH Bildu se decanta por un perfil bajo y prefiere sacar este debate de la Ponencia de Autogobierno a una ley posterior. Elkarrekin Podemos, por el contrario, quiere abordarlo dentro del Estatuto. El PSE también, pero no tiene intención de provocar un conflicto con este asunto y lo dejará en manos de los juristas que designen los grupos para que arrojen luz sobre el ámbito oportuno para discutirlo.

La Ponencia se reunirá hoy para abordar el documento sobre las competencias, aunque también se tratará el texto sobre los poderes públicos vascos. EH Bildu se ha encargado de realizar una síntesis a la que ha tenido acceso este diario. La principal novedad es la conformación de un “cuarto poder social y ciudadano”. La coalición propone institucionalizar la participación ciudadana para “vehiculizar” sus propuestas, facilitar su control de la labor de las administraciones, y evaluar las políticas públicas. El Parlamento tendrá que legislar para articular ese cuarto poder. Además, coincide con Elkarrekin Podemos en ampliar los órganos de control. Además del Ararteko y el Tribunal de Cuentas Públicas, propone una Autoridad Vasca de Transparencia, una Defensoría de la Igualdad de Mujeres y Hombres, y un Consejo Vasco Audiovisual que garantice la independencia de los medios públicos. Reitera planteamientos ya conocidos, como la creación de un poder judicial vasco y el Tribunal Superior de Justicia Vasco como última instancia;y una política penitenciaria propia.

Elkarrekin Podemos, por su parte, centra su documento en la transparencia y la creación de consejos, incluso a pie de barrio, para vehiculizar de manera permanente la participación ciudadana. No entra en la división autonómica del poder judicial por las limitaciones que ve en la doctrina del Tribunal Constitucional. Por otro lado, plantea “un profundo cambio en el actual modelo que define la Ley de Territorios Históricos y hacerlo desde el propio Estatuto, y no en una ley posterior”. Reivindica el papel del Parlamento para “armonizar” la fiscalidad y que no se produzca una gran disparidad entre los impuestos de los tres territorios.

En cuanto al PSE, fuentes del grupo explicaron a este periódico que dividen su propuesta en tres poderes (autonómico, foral y local). Piden que la transparencia, la igualdad y la participación presidan su actuación. No comparten las propuestas de PNV y EH Bildu sobre el poder judicial vasco, aunque sí proponen un Consejo Vasco de Justicia, y también un sistema propio de tratamiento penitenciario, pero sin regular la política penitenciaria, que corresponde al poder judicial. Sobre los impuestos, plantean que el Parlamento pueda regular la fiscalidad. Esta demanda la volverán a plantear en el capítulo sobre la Hacienda vasca. La petición ha provocado siempre fricciones con las diputaciones y el PNV, que cree que privar a las diputaciones de su competencia fiscal ataca el corazón de la foralidad y el “núcleo intangible” protegido por el Tribunal Constitucional. Opina que se transformarían en diputaciones de régimen común.