El Ayuntamiento, responsable de los despidos de la OTA

Deberá abonar 700.000 euros para las indemnizaciones, aunque ha recurrido

Aitziber Muga - Sábado, 9 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:04h.

Errenteria - Tras la publificación del servicio de la OTA en Errenteria, los trabajadores acudieron a los tribunales y recientemente han recibido las sentencias emitidas por distintos juzgados de Donostia. Como señalaron ayer en una comparecencia en la sede del sindicato ELA, “en todas ellas, sin excepción, reconocen que los despidos fueron injustos” y que el responsable es el Ayuntamiento, en vez de la empresa contratada durante 25 años para prestar el servicio.

Así las cosas, seis trabajadores serán indemnizados y otros tres tendrán que volver a ser contratados por el Consistorio. Los trabajadores aseguraron que el Consistorio deberá desembolsar 700.000 euros de dinero público para el pago de indemnizaciones. “En los casos en los que las sentencias no dan opción a la indemnización, ha decidido lo siguiente: que nos readmitirá por que no le queda otra opción, pero argumenta que no existe ningún puesto para nosotras y que por tanto nos pagará el salario sin que tengamos que ir a trabajar”, afirmaron.

Salario sin trabajar “Como trabajadoras queremos denunciar la gravedad que supone que el Ayuntamiento nos prive de nuestro derecho a trabajar. Queremos recordar que nuestro deseo es trabajar, recuperar nuestros puestos de trabajo y unas condiciones dignas, y en ningún caso deseamos recibir un dinero que proviene del pueblo a cambio de no hacer nada”, manifestaron.

Por último, indicaron que “ante el surrealismo y la gravedad del asunto”, hacen un llamamiento al Ayuntamiento para llegar a un consenso y “proponga una salida digna” a esta situación. “Creemos que ni las trabajadoras ni la gente del pueblo merecemos esta salida”, concluyeron en su exposición.

El pasado diciembre el equipo de gobierno de Errenteria (EH Bildu y Errenteria Irabaziz) decidió no renovar el contrato a la empresa que prestaba los servicios de grúa y OTA. El equipo de gobierno siempre defendió que la responsabilidad de recolocar a los trabajadores era de la empresa privada, pero los juzgados no lo han visto así.