Fernando Grande-Marlaska Ministro del Interior

La política penitenciaria en la era post-ETA, tarea del juez bilbaino

Jueves, 7 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Donostia - Fernando Grande-Marlaska, nacido en Bilbao en 1962, es vocal del Consejo General del Poder Judicial y fue juez de la Audiencia Nacional, donde, entre otras causas, procesó a Arnaldo Otegi, ordenó el ingreso en prisión de José Ignacio de Juana Chaos e instruyó el caso Faisán sobre el chivatazo a ETA. También fue el magistrado que instruyó y archivó inicialmente la causa contra los cargos militares por los errores que hubo en la identificación de los cadáveres tras el accidente del Yak-42, procedimiento que reabrió por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Marlaska llegó a la Audiencia Nacional en 2004 y poco después sustituyó al juez Baltasar Garzón en el Juzgado de Instrucción número 5 durante la licencia que solicitó para impartir clases en Nueva York. A la vuelta de Garzón, Marlaska pasó al Juzgado número 3, donde permaneció hasta 2012, cuando fue elegido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Llegó al CGPJ propuesto por el PP, y fue el primero en hacer público su patrimonio en el Portal de Transparencia sin estar obligado a hacerlo. Mucho antes se había convertido en uno de los primeros jueces en hacer pública su homosexualidad.

Estuvo amenazado por ETA, que planeó atentar contra él durante unas vacaciones en Ezcaray, y ahora, con la banda disuelta, le tocará encarar el posible cambio en la política penitenciaria. Son desafíos a los que se enfrentará junto con la amenaza yihadista y la reforma aún pendiente de la ley mordaza.

Como gesto inicial, podría acceder a la petición que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le hizo al presidente del Ejecutivo: que su primera medida sea la retirada de la Medalla de Plata al Mérito Policial a Billy el Niño. En manos del departamento de Marlaska, concretamente en la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, también puede estar atender a la solicitud de los dirigentes soberanistas presos de ser acercados a cárceles catalanas.

La presión del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, el aumento de la llegada de inmigrantes de forma irregular, una nueva ley de Tráfico o la reforma de la Ley penitenciaria serán otros de los asuntos en los que deberá afanarse. - I. Santamaría