Euskera: falsedades y realidades

Encuesta sociolingüística.

La manifestación celebrada en Iruñea el pasado sábado contra la equiparación de los derechos lingüísticos de los euskaldunes en Navarra ha vuelto a colocar a la lengua en el campo de batalla partidista, alimentando un discurso que no se sustenta ni en los datos ni en el articulado de las diversas normativas

Un reportaje de Txus Iribarren Infografía Itxaso Mitxitorena - Martes, 5 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

La manifestación celebrada en Iruñea contra la política lingüística del Gobierno de Navarra y de los ayuntamientos del cambio ha vuelto a generar una cadena de acción-reacción con posicionamientos, manifiestos y cruces de declaraciones colocando al euskera en el centro de la batalla partidista con el consiguiente desgaste y tensionamiento. Quizá ese sea el objetivo oculto de un llamamiento legítimo desde el plano de la política y la sociedad civil, pero basado en afirmaciones y visiones que no cuentan con un soporte real: los datos y las normas desmienten muchos de los motivos de la marcha. Las lenguas son una materia sensible pero la sociedad navarra tiene una situación de razonable convivencia lingüística, lejos de planteamientos extremos. Esto es evidente en sus nuevas generaciones que viven con naturalidad el plurilingüismo. Sin embargo, es cierto que la suma de diferentes factores ha podido generar una cierta inquietud en determinados sectores pero alejados de lo que se puede considerar un conflicto o fractura social. A continuación se repasan algunos de los temas claves sobre los que se han volcado muchas declaraciones que juegan con ideas con fuerza como “imposición”, “discriminación”, “igualdad”... Conceptos y razonamientos que no se utilizan cuando se hablan de otros idiomas no propios como el inglés.

Lo cierto es que, salvando algunas excepciones, muchas medidas que denuncian como “imposición” en realidad son una “opción”, mientras que supuestas “discriminaciones” hacia la lengua mayoritaria en realidad son restitución de los derechos de las minorías lingüísticas para colocarlas en situación de igualdad de oportunidades.

DEMOGRAFÍA. 80.000 vascoparlantes activos y otros 60.000 euskaldunes pasivos

Una de la cuestiones en debate sobre la mesa tiene que ver con la dimensión de la propia comunidad euskalduna y el carácter bilingüe o no de Navarra. Los datos sociolingüísticos hablan de 80.000 vascoparlantes, a los que habría que sumar 60.000 pasivos (conocen en diferente grado el idioma pero lo usan menos). Mirando hacia atrás se ve cómo el primer bloque ha pasado de suponer 40.000 en 1991 a casi el doble actualmente y, como dato de futuro, es destacable saber que uno de cada cuatro de navarros de entre 16 y 24 años maneja el euskera con solvencia. Estos datos, traducidos en porcentajes, dan un 12,9% de euskaldunes activos, un 10,3% de pasivos y un 76,8% de personas que no tienen relación con esta lengua. Los números varían no sólo si se adopta la perspectiva de edad (crecen conforme la población es más joven), sino también desde el punto de vista geográfico, con una Navarra más euskaldun de la mitad para arriba y menos de Tafalla para abajo.

Todos estos datos aportados por la última Encuesta Sociolingüística (2016) deberían ofrecer una buena materia prima. El reto es saber si esos casi 140.000 navarros que en un grado u otro conocen esta segunda lengua propia -además de que pasen de saberla a usarla-, pueden ejercer sus derechos lingüísticos en cuestiones tan básicas como dirigirse a la Administración, ser atendido en el médico... Es decir, si las instancias públicas dan cauce y garantizan esos derechos -sin que supongan menoscabo para los de las otras comunidades lingüísticas- o no. Sin embargo, las estadísticas se han convertido en realidad en una arma arrojadiza para cuestionar políticas de normalización lingüística. Ese 12,9% esperanzador para quienes apuestan por ver la botella medio llena de una lengua que afianza su recuperación ha sido utilizado desde sectores de la oposición política y sindical para tratar de que la botella se quede medio vacía, fijándolo como techo o como piedra de toque para calibrar y adjetivar cualquier medida de promoción o incluso de restitución que se descalifica como una “imposición” para el 76,8% de la población o un “privilegio” para una minoría.

Los convocantes de la marcha ponen el foco en cómo defender supuestamente a una mayoría preponderante de una minoría hasta ahora marginada y que por unos pequeños pasos garantistas que ha logrado ahora es presentada como una amenaza.

EDUCACIÓN: Oferta de modelo D por encima de mugas e inglés como única “imposición”

Todos los expertos afirman que la educación básica es un elemento clave para garantizar el futuro de una lengua. La estructura de la enseñanza navarra en materia de modelos lingüísticos lleva décadas consolidada en un esquema de cuatro modelos (D, A, G y B) que suscita un amplio consenso social y académico, así como buena acogida en las familias que anualmente eligen libremente en cada preinscripción. La foto resultante es un modelo D, en euskera, que ronda el 30% en tres años, y el G como mayoritario, sostenido por el impulso del PAI (Programa de Aprendizaje en Inglés) y la privada. El modelo A (castellano con euskera) va fluctuando y el B es residual. El panorama escolar también ha sido agitado por una refriega política en torno a los dos cambios más significativos que en este aspecto ha sufrido el sistema educativo: uno ha afectado al euskera y otro al inglés.

El Parlamento, en la pasada legislatura, y el Gobierno -en esta- han hecho posible con cambios en la Ley del Euskera y en la mecánica de la prematriculación una reivindicación social que tenía lógica: las familias navarras, contribuyentes y sujetos de derechos, deberían de tener el mismo derecho a elegir modelo y titularidad de red al margen de su lugar de residencia. En términos prácticos esto se tradujo en que Educación debería ofertar líneas públicas del modelo D también en la zona no vascófona si había demanda. Una modificación basada en el concepto de “opción” y “libertad de elección” fue casi denostada como “extensión”, “colonización...”. El resultado ha sido modesto cuantitativamente (una decena de centros abrieron línea) pero importante cualitativamente en cuanto a la atención de un derecho de ciudadanos sin discriminación por el lugar en el que vivan.

El otro cambio de calado viene de la mano del PAI (que no es un modelo sino un programa de intensificación lingüística en inglés, ya que también hay PAI D), que ha sido sometido a un proceso de evaluación y revisión en esta legislatura. Esto provocó fuertes críticas desde la oposición, que hablaba de que se trataba de paralizar esta oferta, que en realidad ha ido aumentando tanto en alumnado como en número de centros, que supera el centenar (116). También en este caso la demanda de las familias ha sido el factor clave, pero a diferencia del otro tema, para muchas no ha sido una opción, ya que los centros que entran en esta vía (muchos de castellano) incluyen ya esta inmersión en lengua extranjera de salida. Al ser en gran parte de los casos la red pública la única existente en las localidades, no hay mucho margen. No obstante, es cierto que hay una notable demanda social, aunque también impulsada por una oferta dirigida y acelerada que arranca de legislaturas anteriores. Ha habido un intento de enfrentar y presentar como excluyentes el inglés y el euskera, cuando en realidad son dos lenguas que juegan en ligas diferentes (una es propia y otra, internacional), y más de 45.000 escolares estudian ya en más de un idioma.

En FP la situación aún es más desigual para el euskera (aunque ha habido progresos de incrementar la oferta), mientras que en la universidad pública, la UPNA, también se han dado pasos parciales pero hoy en día sólo se puede estudiar íntegramente en euskera la carrera de Magisterio pese a reivindicaciones para desdoblar otras carreras con demanda como Enfermería. Uno de cada cuatro alumnos de primero estudia materias en euskera y el 26% de los exámenes de la selectividad son en esa lengua.

ADMINISTRACIÓN. ¿Un 1% de los puestos no docentes con euskera para atender a 80.000 navarros bilingües?

Lo que sí que es cierto es que los 80.000 euskaldunes actuales que pagan impuestos tienen muy difícil topar con alguno de los 148 funcionarios no docentes que hoy en día son bilingües por requisito de su puesto cuando van al médico, piden una beca, se aproximan a una ventanilla... La Administración tiene un instrumento fundamental, además de las OPE, para tratar de dar un servicio público que atienda a la ciudadanía en el idioma propio que ésta quiera: el decreto foral recientemente aprobado que desarrolla la Ley del Euskera y la Carta Europea de las Lenguas, aunque también en el marco de la normativa de Función Pública. Sobre este texto -que supone una relectura en positivo de la reglamentación que en su día desarrolló UPN con Miguel Sanz (2003), en una clara involución respecto a la etapa de Juan Cruz Alli- han llovido numerosos pronunciamientos y posiciones políticas y sindicales. Está pendiente de varios recursos judiciales aunque el TSJN ha rechazado suspensiones cautelares.

Los cambios normativos y en tablas de baremos o méritos pueden ser discutibles pero no suponen un vuelco respecto a la situación actual, más allá de que en ocasiones se parte de cero o de bajo cero. Y es que los datos en cuanto al número de puestos en el que el euskera es requisito no los ha cuestionado nadie y son elocuentes tanto a nivel global como departamento a departamento. En términos absolutos, descontando los funcionarios del departamento de Educación (donde hay profesorado bilingüe para el modelo D), no llegan al 1% (148 puestos de 23.000) los puestos en los que se exige este idioma para ejercer. Con esta plantilla -aunque hay otros 1.000 con titulación alta tras cursos de reciclaje- habría que atender a una comunidad potencial de más de 80.000 euskaldunes. El repaso por departamentos aún es más llamativo. En todo un Complejo Hospitalario de Navarra, con casi 6.000 empleados, hasta hace poco sólo había una plaza bilingüe (en Enfermería);sólo hay otra entre los 444 funcionarios de Hacienda y ninguna entre los 379 del departamento de Cultura que atiende museos, casas de cultura, instalaciones deportivas... El decreto trata de ir reequilibrando esta situación mediante un diagnóstico y planificación progresiva y departamental sin desplazar a funcionarios con destinos definitivos, tratando de rentabilizar el personal reciclado de cara al público y creando los llamados “circuitos bilingües”, es decir, no duplicar la Administración sino habilitando itinerarios para que un contribuyente euskaldun pueda hacer un trámite en la lengua que quiera.

TRABAJO PÚBLICO. Ni euskaldunizar la Administración ni que el inglés cuente más que el euskera en la Ribera

Dentro de lo que es la regulación del euskera en la Administración, un tema sensible es cómo se accede a un puesto de funcionario o cómo se pasa, una vez dentro, de uno a otro. La nueva normativa aprobada no modifica el grueso del sistema de oposiciones y concurso-oposición aunque, tras un importante debate interno dentro del cuatripartito, en las mesas sindicales y con los informes del Consejo de Navarra (crítico), el Consejo del Euskera y la Federación Navarra de Municipios y Concejos se reformulan diversos aspectos dentro del marco de la vigente Ley del Euskera (no se cuestiona la zonificación) corrigiendo algunas cuestiones como que una lengua extranjera contara como mérito más que una propia (valía 0 puntos) en la zona no vascófona. La puntuación del euskera sube, pero nunca por encima de la experiencia o la titulación, como se ha llegado a decir con consignas del estilo de “es más importante saber euskera que ser un buen técnico”. ¿Los profesionales euskaldunes no hablan también castellano o son peores técnicos? Otra cuestión es cuando esta lengua se fija como requisito obligatorio. Esto está pendiente de una planificación partiendo del anterior diagnóstico de una presencia de salida casi simbólica. A finales de año cada departamento presentará su plan. Los ayuntamientos, con las ordenanzas, llevan su propia dinámica de plantillas y también ha habido polémicas por casos puntuales.

EMPRESA PRIVADA. La artificial polémica sobre pedir un plan del euskera en las contratas

Los instrumentos de planificación lingüística en el sector privado son mucho menores que en el ámbito público. Por un lado está el abanico habitual de convocatorias y subvenciones a diferentes empresas de comunicación, euskaltegis, editoriales por potenciar el uso y la difusión del euskera El revuelo se montó al cuestionar UPN y otras fuerzas incrementos porcentuales importantes. Lo que no dijeron es que en las legislaturas anteriores los redujeron a mínimos o incluso suprimieron en algunos casos.

La última polémica se produjo con motivo de la aprobación de una pionera ley de contratos públicos. Aunque lo sustancial de la norma era introducir elementos de transparencia y de valores sociales en el texto, la oposición se centró en cinco líneas de la ley (una disposición adicional) que sugerían a las empresas beneficiarias de las adjudicaciones contar con un plan de euskera en el caso de dar un servicio de cara al público para formar al personal en esa lengua. La disposición no es obligatoria ni condiciona adjudicaciones, pero levantó un gran revuelo político y sindical. De nuevo la materia lingüística fue utilizada en la confrontación. La ley fue finalmente aprobada sin mayores problemas.

ZONAS Y AYUNTAMIENTOS. ¿Imposición del euskera en toda Navarra o decisión democrática de 44 localidades?

Los ayuntamientos llevan su propia dinámica interna en materia lingüística desde la autonomía municipal. Pero también están sujetos al marco general y pueden influir en él. Uno de los movimientos más interesantes de esta legislatura fue la iniciativa municipalista de un puñado de ayuntamientos que acabó con la modificación de la propia Ley del Euskera una vez más. La zonificación es una peculiaridad de la legislación lingüística foral discutida y discutible ya que no está claro el criterio (¿Sociolingüístico? ¿Histórico? ¿Político?) con el que se dibujaron hace ya 30 años las llamadas “zona vascófona”, “zona mixta” y “zona no vascófona”. Y más en un mundo, actualmente sin fronteras, y en una comunidad en la que, por ejemplo, no había -hasta una reciente modificación parcial de la LFV- ninguna traba para la enseñanza pública de inmersión en inglés pero sí para el modelo D público. A efectos prácticos educativos. Tudela era zona “anglófona” pero “no vascófona”. Esto se subsanó en la pasada legislatura. En la actual, el protagonismo se lo han llevado una cuarentena larga de municipios que, en representación de 40.000 habitantes, solicitaron ser incluidos en el listado de localidades de la zona mixta, con un nivel de protección superior a la no vascófona. La iniciativa, que necesitó de un cambio legal en el Parlamento, partió de decisiones por mayoría en los plenos municipales. ¿Imposición o voluntad democrática?

SEÑALIZACIÓN. ¿Señales en los dos idiomas es imponer o respetar la pluralidad?

El ámbito de las denominaciones en carteles, señales, logos y de documentos, lo que viene a llamarse “el paisaje”, puede tener un calado práctico menor pero una carga simbólica importante. Navarra viene de una época en la que las denominaciones bilingües no habían tenido una buena salud ya que o bien eran vetadas (o minusvaloradas, con letras minúsculas o en tonos grises) vía acto administrativo o acababan, como respuesta, tachadas en carteles y carreteras. Decreto y orden foral restrictiva versus spray.

La nueva etapa política abrió una filosofía diferente que se trasladó en la actualización de diversa normativa, desde el decreto foral del euskera en la Administración (103/2017, del 15 de noviembre), hasta el más reciente de reordenación de denominaciones (5/2018, de 28 de febrero). Como norma general el criterio es que sean bilingües (si es zona vascófona el euskera va el primero y si es mixta o no vascófona, al revés) y dejando abierta la puerta a las entidades locales y departamentos como “opción” no como “obligación” o “prohibición”. En este sentido, la Administración foral sigue los pasos de otras como ayuntamientos, universidades (la UPNA y la Universidad de Navarra integran el castellano, el euskera y el inglés en muchos carteles), instituciones culturales e incluso empresas privadas que desde hace tiempo han apostado en muchos casos por los formatos bilingües al considerarlos más inclusivos e incluso rentables desde el punto de vista del marketing ya que una lengua propia en un mundo uniforme es un gancho o “valor añadido”.

LEYES, ORDENANZAS... La legislación europea, estatal y foral protege a la lengua en riesgo

Sobre la materia lingüística se superponen una serie de legislaciones en diferentes ámbitos que tienen en común el enfoque de proteger a la lengua minorizada sin menoscabar derechos de comunidad dominante. La “protección” se concreta en instar a tomar medidas de “promoción”, “fomento”, etc... que se traducen en la práctica en una discriminación positiva, es decir, apoyar a la parte más débil para garantizar que no desaparezca o pueda llegar a un nivel de igualdad de oportunidades. Estos conceptos y palabras se repiten tanto en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias (que habla del euskera, del catalán, del gallego... pero no del castellano, al no considerarla lengua minorizada), la Ley Foral del Euskera y la normativa que la desarrolla (decretos, resoluciones...) Sin embargo, en recientes declaraciones y en el propio manifiesto de apoyo de la manifestación de hoy se hace una lectura de estos textos forzando su letra y espíritu hasta el punto de parecer que es el idioma español (uno de los más potentes del mundo) el que está en riesgo de desaparición en una comunidad con un entorno mayoritariamente castellano (medios de comunicación, calle, escuela, Internet....).

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