Fernando Ramallo Fernández | experto del comité de la carta europea de lenguas minoritarias

“La zonificación lingüística de Navarra es un anacronismo absoluto”

El representante de España en el comité de expertos de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias desmonta los argumentos de la manifestación de hoy en Iruñea

Daniel Burgui Iguzkiza - Sábado, 2 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:04h.

pamplona - El multilingüismo es una de las esencias de la diversidad de la Unión Europea. Junto a los 24 idiomas oficiales o principales de los Estados existen más de 60 lenguas autóctonas, habladas por 40 millones de ciudadanos. Estas lenguas cohabitan en contacto unas con otras, pero en desigual relación y proporción. Entre ellas, por supuesto, el euskera. La guía y los buenos preceptos que regulan la protección de estos idiomas es la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, un acuerdo ratificado en Estrasburgo en el año 1992 y del que España es firmante y parte activa. En el manifiesto de la marcha convocada para esta tarde en Pamplona contra la política lingüística del Gobierno de Navarra se invoca en varias ocasiones al espíritu de este documento y organismo como referencia. Fernando Ramallo (Vigo, 1965), el representante de España en el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, se muestra absolutamente crítico con los argumentos de esa manifestación.

Ramallo, que además es doctor en Lingüística y profesor titular de la Universidad de Vigo, miembro de la Real Academia de la Lengua Galega, ha dirigido precisamente investigaciones que analizan el discurso y la política en torno a la planificación lingüística. Participó hace un año en una sesión sobre plurilingüismo en el Senado español para presentar las conclusiones del último informe europeo. Así, mientras desde el Consejo de Europa se plantean medidas como la protección de otras lenguas de uso en España en situación precaria como el beréber en Melilla o el aragonés, o la extensión de la oficialidad de las lenguas en territorios limítrofes como el gallego en Asturias y Castilla y León o el portugués en Extremadura, aquel mismo informe en lo referente al periodo 2012-2016 seguía señalando la situación de vulnerabilidad y poco respeto al euskera en algunos ámbitos en Navarra.

¿La oficialidad de una lengua es importante para su protección?

-La oficialidad, más que importante, es fundamental en lenguas que están en una situación comprometida como es el euskera en Navarra, más que en otras regiones. La zonificación es un anacronismo absoluto y no sirve a la lógica de los Derechos Humanos. Y no hablo desde una perspectiva militante, sino teniendo en cuenta la situación de muchas lenguas minoritarias en muchos lugares del mundo. Como experto en sociolingüística, la oficialidad debe extenderse a todo el territorio de Navarra y permitir que toda la ciudadanía tenga derecho a usar su lengua y a aprenderla para mejorar en el futuro, tanto si hoy es usuario de ella como si no. No es la solución definitiva, pero sí un paso muy importante de avance y consolidación de los derechos de las personas no solo de hoy, si no las que deseen expresarse en esa lengua en el futuro.

A menudo para regular los derechos de los hablantes se parte de la realidad sociolingüística como una foto fija.

-Olvidamos que no solo se trata de nuestros derechos, sino los de los hablantes futuros, de los que vendrán después de nosotros. Trabajo desde hace diez años en líneas de investigación sobre los “neohablantes”, que son un actor fundamental para entender el futuro de las lenguas.

¿Es posible garantizar ese futuro confiando en exclusiva en la libertad de los hablantes?

-Eso es una banalidad. No creo que sea el momento en el siglo XXI de dejar en manos de los hablantes y la libertad de cada uno el futuro de las lenguas y en especial de las minoritarias, porque partimos de un modelo claramente de desigualdad. No estamos en un modelo de consenso. Reconozcamos la desigualdad como punto de partida. Y es necesaria una política pública emancipadora y que implique la contribución de la sociedad y las agencias, el sistema educativo, los medios de comunicación y la administración. Requiere esfuerzos.

Uno de los argumentos que se esgrimen contra la promoción activa del euskera es que estas políticas vulneran los derechos de los castellanoparlantes.

-Esto es absurdo. El español es una lengua estupenda que goza de una salud magnífica, y nada de lo que se hace desde la política lingüística va en contra del español. La potenciación de las lenguas minoritarias es indispensable y de ninguna manera estas lenguas van a ocupar o retirar al español de otros espacios. Basta con cuantificar la presencia de las lenguas minoritarias en cualquier ámbito para ver que no es así. Y en la práctica, los datos estadísticos muestran que casi todas las lenguas minoritarias pierden hablantes. Y no a favor del inglés, el japonés o el suajili, sino que se van al español. Por tanto, no hay ninguna amenaza para el castellano, salvo en la mente de determinados colectivos y personas. Es un fetichismo.

Desde su experiencia en diferentes ámbitos europeos e internacionales, ¿Cuáles destacaría como buenas praxis de política lingüística?

-No hace falta ser excesivamente imaginativo con las políticas lingüísticas, hay prácticas muy elementales que funcionan y hay que reforzar. Crear espacios de uso y fomentar el valor que tienen nuestras lenguas y la ocupación de los espacios es capital. El paisaje lingüístico es muy importante, todo el asunto de las señales y carteles, parece muy obvio pero es una manera muy básica de dar prestigio y mejorar la autoestima de los hablantes, de valorar una lengua. También es importante llevar acabo acciones “micro”, promover las lenguas a nivel local, desde los municipios y ayuntamientos que pueden y tienen potestad de incentivar el uso de las lenguas dentro de su ámbito. Ya que son las instituciones más próximas a la ciudadanía. Esto por ejemplo, salvaría muchos escollos sobre el debate identitario.

¿Cuáles son los retos a futuro en el Estado español en este asunto?

-Desde una perspectiva crítica es necesario reconocer constitucionalmente el valor de todas las lenguas, tanto las que son oficiales como las que no. Incluso aunque tengan muy pocos hablantes. Y desde luego, superar la erosión política en la que viven algunas lenguas, que para algunos partidos ha sido un discurso muy rentable. También desde los medios de comunicación.