PNV y EH Bildu pactan reconocer la nacionalidad vasca en el estatuto

Parlamentarios y representantes de Eusko Ikaskuntza, ayer, en la Cámara vasca. (Foto: Jorge Muñoz)

La propuesta del Título Preliminar garantiza la igualdad de derechos a través de la ciudadanía

Txus Díez - Jueves, 31 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:02h.

gasteiz - Una semana después de que PNV y EH Bildu se pusieran de acuerdo en una propuesta común de preámbulo para el nuevo estatus vasco, ayer ambas formaciones volvieron a consensuar el siguiente paso, un Título Preliminar que busca casar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos que residen en la CAV con la plasmación sobre el papel de la aspiración de los partidos abertzales en torno a la nacionalidad vasca.

Jeltzales y soberanistas acuerdan así establecer por un lado la ciudadanía vasca, un concepto ligado a la residencia en cualquier municipio de la CAV, y que da acceso automático a todos los derechos y servicios públicos “con independencia de cuál sea su procedencia o nacionalidad”. Por otro lado, se acuerda fijar mediante ley aprobada en el Parlamento Vasco los términos de la futura nacionalidad vasca, “habida cuenta del carácter plurinacional del Estado español”, y se añade que “nadie será discriminado por razón de su nacionalidad”.

Esta distinción entre ciudadanía y nacionalidad ahonda en la brecha que la redacción del nuevo estatuto está abriendo entre los partidos abertzales, y PP, PSE y Elkarrekin Podemos, formación abiertamente contraria a las posturas de EH Bildu y PNV en las últimas semanas tras una primera fase de trabajo en común.

La formación morada ha emitido un voto particular a este Título Preliminar que constituye “una huida hacia adelante” tras un preámbulo marcado por el “maximalismo”, un documento que “reparte carnés de vasquidad”, que da un tratamiento “casi anecdótico” a la igualdad entre hombres y mujeres, deja como “mero añadido final” la aportación de Elkarrekin Podemos en torno a los derechos sociales y confunde de forma “intencionada” estatuto y estatus.

Por su parte, desde el PSE su portavoz parlamentario , José Antonio Pastor, señalaba ayer sobre la propuesta de PNV y EH Bildu que “no es inocuo establecer diferencias entre ciudadanía y nacionalidad”, y apostaba por corregirlo antes de debatir un texto articulado redactado por juristas.

El parlamentario de EH Bildu Pello Urizar rechazaba todas estas críticas alegando que “es la ciudadanía la fuente de derechos, y no la nacionalidad”, y en relación a este asunto del nuevo Estatuto afirmaba que “el PSE tiene un problema;el PSOE”.

Por otra parte, la propuesta del PNV y EH Bildu parte del principio de que “la voluntad popular” es “el único límite de las decisiones políticas”, y por tanto “el principio de legalidad no será límite para el despliegue del principio democrático, sino el cauce adecuado para la expresión ordenada de la voluntad de la ciudadanía vasca y el marco para que todos los proyectos políticos puedan ser materializados siempre que conciten el respaldo mayoritario de la ciudadanía”.

El texto reconoce “la identidad nacional” de Euskal Herria, de la que la CAV forma parte, y apuesta por “un ejercicio pactado del derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia, para lo cual habrá de dotársele a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante”, para acompasar el principio de legalidad al democrático.

También se faculta a las instituciones vascas a convocar “consultas populares y referendos” sobre asuntos “políticos y sociales”, o sobre la relación con el resto de Euskal Herria, con España o con la Unión Europea.

En cuanto a ese nexo con el Estado, la propuesta establece que habrá “una relación singular y bilateral de naturaleza confederal, en el marco constitucional”, una relación basada en “el respeto mutuo y de no subordinación” garantizada por “un sistema de relación bilateral efectiva”. Se apuesta por un sistema para resolver conflictos sin “mecanismos de suspensión unilateral de normas” o de “intervención de la autonomía”, ni “imposición o coerción unilateral de ninguna clase”.

También reconoce “el derecho a establecer vínculos políticos y relaciones de colaboración y cooperación” con Nafarroa e Iparralde, “incluida la posibilidad de establecer estructuras u órganos institucionales permanentes y comunes”, siempre “desde el respeto total y absoluto” a la voluntad institucional y ciudadana de ambas realidades políticas y “en el marco de los procedimientos legales vigentes en cada momento”.

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