La adjudicación del Servicio vasco de Mediación Intrajudicial está en entredicho

El Parlamento Vasco cuestiona las decisiones del Departamento de Trabajo y Justicia que afectan a los mediadores

Beatriz Sotillo - Domingo, 27 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - El Parlamento Vasco quiere que el Departamento de Trabajo y Justicia repare el error cometido en la adjudicación del Servicio de Mediación Intrajudicial y le ha instado a que negocie con los trabajadores actuales y la nueva empresa adjudicataria con el objetivo de que estos mediadores puedan continuar realizando una labor ampliamente reconocida y valorada.

El posicionamiento de la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco a favor de los mediadores que denunciaron que el concurso de adjudicación del servicio incumplió los convenios del sector pone en cuestión los argumentos de los responsables de Justicia para evitar la subrogación de los actuales trabajadores del servicio y les pide que “reconsideren” su postura y “respeten” los derechos de estos profesionales. En el debate de la proposición no de ley sobre el Servicio de Mediación Intrajudicial no solo se habló de la necesidad de incluir la cláusula de subrogación, sino que también afloraron las sospechas que desde el principio han acompañado el concurso público para elegir la empresa que durante los próximos tres años se encargará de las tareas de mediación en los juzgados de Euskadi. Así, los parlamentarios de Bildu, Podemos y PP plantearon que aunque el departamento que dirige María Jesús San José argumenta que se trata de un servicio nuevo, el cambio de nombre -de Servicio de Mediación Intrajudicial a Servicio de Justicia Restaurativa- no justifica la omisión deliberada de la cláusula de subrogación y opinaron que prescindir de los profesionales que durante años han realizado estas tareas solo se explica porque hay “interés en que sea otra empresa la adjudicataria del servicio y que tenga las manos libres para emplear a su propio personal”.

Recurrir el concurso El empeño del Departamento de Trabajo y Justicia en mantener y adjudicar el concurso en estos términos pese a las advertencias de las Comisiones paritarias del sector de Intervención Social y el posicionamiento del Parlamento Vasco conllevará previsiblemente la judicialización del proceso y la paralización de la adjudicación, que se resolvió a favor de la empresa IRSE Euskadi, y que acaba de ser notificada oficialmente a las organizaciones que agrupan a los actuales mediadores. Una vez materializada esta notificación, según señalaron fuentes del sector, las empresas que acudieron al concurso tienen previsto poner en marcha recursos contra el proceso y el fallo, ya que incluso los grupos parlamentarios de la oposición observaron durante el debate sobre este polémico caso que del citado concurso podrían derivarse responsabilidades “políticas y penales”.

Frente a los argumentos defendidos por la consejera San José y otros responsables del Departamento de Trabajo y Justicia sobre los beneficios del concurso y un supuesto cambio de funciones en el Servicio de Mediación para justificar la no inclusión de la subrogación de los trabajadores, fuentes del colectivo de mediadores señalaron que “nunca ha habido una posición contraria al concurso público y, ni siquiera, a que el servicio sea adjudicado a una empresa distinta a la actual”, pero sí a la “falta de verdadera concurrencia” detectada en el proceso y a la vulneración de los convenios del sector. Según estas fuentes, “las sospechas de falta de limpieza” en el concurso y la ausencia de diálogo en el proceso, así como varias irregularidades, han enrarecido la situación, hasta el punto de que los actuales trabajadores de la mediación siguen desarrollando su trabajo sin saber en qué momento serán relevados o, en algunos casos, pasarán a la nueva empresa pero perdiendo sus derechos laborales. En el debate de la proposición no de ley los parlamentarios Jon Hernández y Julen Arzuaga recordaron que el Departamento de Justicia “ha reconocido la eficacia” y la valía de los actuales mediadores judiciales en numerosas ocasiones y foros públicos, por lo que “habría que buscar la razón que anima a pretender prescindir de los trabajadores”.

Desde el sector de Intervención Social, cuyos representantes fueron los primeros en alertar de que el concurso convocado por el Departamento de Trabajo y Justicia incumplía los convenios, recordaron que desde el principio había sospechas de que la adjudicación del Servicio de Mediación estaba “predirigida” hacia una empresa concreta y que todas las actuaciones posteriores y el resultado “lo han confirmado al cien por cien”.

El concurso

Licitación. El concurso para la contratación de las prestaciones del Servicio de Justicia Restaurativa se convocó a finales de 2017.

Polémica. El responsable del Servicio de Justicia de Adultos comunicó a los mediadores que los pliegos del concurso no incluirían la subrogación de sus puestos de trabajo.

Protesta. Las comisiones paritarias del sector de Intervención Social indicaron que esto era irregular e iniciaron acciones.

Servicio público

La mediación como solución y alternativa a la Justicia adversarial comenzó a funcionar en Euskadi en 2007 con el Servicio de Mediación Penal, llamado más tarde Servicio de Mediación Intrajudicial y ahora, de Justicia Restaurativa. Es público, gratuito y voluntario y está establecido en todos los partidos judiciales.