UPN adjudicó a dedo 15 millones de euros para gestionar los centros de menores

Firmó al menos tres contratos entre los años 2005 y 2012 sin ningún tipo de concurso ni publicidad

Ibai Fernandez - Domingo, 27 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Iruñea - El Gobierno de UPN adjudicó a dedo al menos tres contratos para la atención de menores, sin mediar concurso público, publicidad ni negociado por el que se invita a varias empresas a participar, y con un coste total de 15 millones. El mayor de todos se remonta a 2005, firmado con la Fundación Ilundain para un periodo de gestión de 10 años, con una cuantía anual de 1.357.215,18 euros. La misma empresa fue adjudicataria en 2011 de un contrato por 479.065 euros anuales, que se mantuvo durante dos ejercicios, también sin concurrencia pública ni publicidad. Mientras que, en 2012, la adjudicación fue para Dianova, con un contrato para cuatro años por un total de 489.953 euros.

El primero se establece en 2005, con José Ignacio Palacios como responsable de Bienestar Social y Miguel Sanz como presidente del Gobierno, como continuación de un contrato anterior adjudicado a la Fundación Ilundain. Se trata de 20 plazas en régimen de internado para menores en dificultad, o conflicto social. Se aprueba por un periodo de diez años por la vía de concierto negociado sin publicidad, de manera directa sin que ninguna otra empresa pudiera concurrir.

Para ello, se alegan causas técnicas. De esta forma, el departamento aprueba la adjudicación a la Fundación Ilundáin de forma directa, pese que en ese momento al menos había otras cuatro entidades con capacidad técnica para realizar la labor, al margen de las que hubieran podido concurrir con experiencia en otras comunidades.

De la misma forma, el departamento en 2012, ya bajo el nombre de Políticas Sociales y con el hoy diputado de UPN en el Congreso Íñigo Alli como consejero, volvió a alegar motivos técnicos para adjudicar directamente y sin concurso ni publicidad un contrato para la gestión de los centros menores. En este caso fue para Dianova, con quien firma un concierto para la gestión de un servicio educativo a cuatro menores por un plazo de cuatro años con un coste de 489.953 euros. En ese momento había al menos dos entidades con capacidad técnica y profesional para gestionar el servicio.

Entre uno y otro, el Gobierno de UPN adjudicó al menos un contrato más para la atención de menores sin concurrencia pública, publicidad ni negociado. El caso data de 2011, con la hoy parlamentaria de UPN Maribel García Malo al frente del departamento. García Malo cuando se adjudica nuevamente a la Fundación Ilundain de forma directa la gestión de un módulo de cinco plazas de internamiento para menores dentro del sistema de reforma, en el centro de cumplimiento de medidas de internamiento impuestas por el Juzgado de Menores.

En esta ocasión sin embargo lo hace recurriendo a un emergencia con el que para agilizar los trámites y evitar el concurso público. Una fórmula poco habitual en la Administración Pública, y que se reserva para casos de especial urgencia o gravedad, como suelen ser los desastres naturales. El contrato inicial es de 192.523 euros de entre marzo y julio, con un coste anual estimado de 479.065,78. Se mantiene durante dos ejercicios consecutivos.

Dudas legales Las adjudicaciones directas no son habituales en la Administración Pública, y cada vez lo son menos. Los requisitos legales han variado los últimos años, reduciendo el máximo presupuestario y restringiendo los criterios. También las exigencias de intervención son mayores en la actualidad, por lo que ninguno de los contratos directos firmados por los gobiernos de UPN serían posibles en la actualidad.

Respecto a su adecuación legal en el momento en el que fueron suscritos, los juristas consultados muestran sus dudas, tanto en lo referente a la exclusividad (solo hay una empresa con capacidad técnica) como a la emergencia.

En el primer caso, para justificar la existencia de una única opción de concierto, es necesario que existan razones técnicas, artísticas o de derechos de exclusividad y, por otra parte, que estas razones hagan “absolutamente necesaria” la adjudicación del contrato a una empresa determinada.

No está claro que en los contratos de 2005 y 2012 se cumplieran ambos requisitos. De entrada, porque en ambos casos había otras empresas con capacidad técnica para desarrollar esa labor. Y porque, incluso en el caso de llevar a cabo el contrato sin concurrencia pública ni publicidad, se podía haber recurrido al negociado sin publicidad. Fórmula por la que se invita al menos a tres empresas del sector a presentar proyectos, adjudicando el contrato final a quien mayor puntuación logra en el concurso. Algo que según la ley debe hacerse siempre que sea posible.

La norma es muy exigente en este punto, dado que exige que deben motivarse y acreditarse suficientemente en el expediente de contratación los motivos por los que la adjudicataria ha sido la única empresa seleccionada en un trámite directo que debe quedar solo para circunstancias muy excepcionales.

Las mismas dudas quedan en cuanto a la tramitación de emergencia a la que se recurrió en 2011 para conveniar el servicio. Según las fuentes consultadas, este recurso únicamente es posible para acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional, y siempre que de estas situaciones se desprenda la necesidad de que la Administración actúe de forma inmediata.

Se trata de un procedimiento excepcional que, según la propia ley, debe ejercerse de forma restrictiva y solo como último recurso, cuando no sea posible utilizar otro procedimiento por urgencia extrema. Además, mediante esta fórmula la Administración solo contratar lo necesario para hacer cesar la emergencia surgida. Son necesarias por lo tanto una urgencia y una gravedad excepcionales que no parecen darse en este caso.