Acepto el uso de datos, pero ¿para qué?

El nuevo reglamento de protección de datos entra en vigor hoy garantizando una mayor seguridad jurídica en los usuarios

Viernes, 25 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Dos años después de su aprobación, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos es hoy una realidad. Tras bombardear los correos electrónicos las últimas semanas, las empresas deben de haber recibido el visto bueno de sus usuarios para continuar manteniendo sus datos. De lo contrario, deberán borrarlos de sus discos duros.

La normativa de la Unión Europea, aprobada en mayo de 2016 y que ha contado con dos años de transición, es clara: el consentimiento del usuario debe ser con carácter general, libre, informado, específico e inequívoco. El consentimiento no puede deducirse del silencio o de la inacción de los ciudadanos.

En medio de la polémica de Facebook y el poder que las grandes compañías tienen sobre los datos de sus usuarios, el nuevo reglamento, conocido como GDPR, obliga a las empresas a proporcionar la información de qué tipos de datos recogen y los fines que pretenden hacer con ellos. En Gipuzkoa, la nueva ley afecta a más de 20.500 empresas, una cifra que aumenta a las 60.000 en toda Euskadi.

Aceptar la casilla de términos y las condiciones debería ser, a partir de hoy, mucho más entendible. Las extensas notas legales tendrán que haber dado paso a textos de comprensión más asequible, incluyendo imágenes y hasta emoticonos en aquellos puntos complicados para el usuario.

Asimismo, decir adiós definitivamente a Facebook o a otra red social tendría que ser, por fin, posible. Hasta ahora, aunque podías eliminar tu cuenta, la empresa mantenía tus datos personales, posibilitando de este modo volver a reabrir la cuenta con facilidad.

Hoy, en cambio, cada usuario puede retirar con su consentimiento todos los datos, saliendo del sistema sin dejar huella de su paso.

Las grandes multinacionales con sede fuera de la UE como Google no se libran del reglamento, puesto que esta cubre a todos los ciudadanos europeos. De este modo, las propias compañías han tenido que perfilar sus servicios ajustándolos a los estándares europeos y no han sido los usuarios quienes lo han hecho a la legislación de la sede de cada empresa.

Sanciones Para garantizar que estas obligaciones se lleven a cabo, la ley otorga a las autoridades nacionales poder imponer multas a las empresas. Las infracciones más graves pueden llegar a los 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio de la industria.

Cada usuario puede desde hoy exigir la supresión de datos alegando el derecho al olvido, incluyendo el olvido digital.

Asimismo, también se exige la portabilidad de los datos, permitiendo a voluntad de cada uno recibir en formato electrónico los datos personales que se tengan y sus limitaciones de uso. - N.G.