Paco Etxeberria evaluará los abusos policiales

PNV, EH Bildu, Podemos y PSE pactan seis expertos para la comisión de la ley que estudia los casos de 1978 a 1999
El TC ha suspendido su función para conceder la categoría de víctima

Míriam Vázquez - Viernes, 25 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Donostia - Las instituciones vascas han iniciado los trámites para poner en marcha la comisión evaluadora de los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. Dentro del margen limitado que les concede la suspensión del Tribunal Constitucional, que congeló parcialmente la ley a petición del Gobierno español e impide que se comience a otorgar la categoría de víctima a los denunciantes, la comunidad autónoma va a poner en marcha la comisión de valoración de los casos y está designando a sus integrantes. En concreto, tal y como ha podido saber este periódico, el Parlamento Vasco ha acordado ya los seis nombres que le corresponden (tres titulares y tres suplentes), donde vuelve a figurar el reconocido forense Paco Etxeberria, colaborador habitual de las instituciones vascas en el esclarecimiento de la tortura y la exhumación de gudaris y milicianos. Los nombres han sido fruto de un acuerdo a cuatro entre PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE, que coinciden en reparar a estas víctimas. Solo el PP, con nueve escaños sobre un total de 75, rechaza esta reparación con el argumento de que debe existir una sentencia judicial que respalde el testimonio del afectado.

La propuesta se ha elaborado con la intención de cubrir todas las disciplinas afectadas, incluyendo dos profesionales con un conocimiento especialmente extenso en los abusos contra las mujeres y las violaciones en los interrogatorios. Hay penalistas, forenses y personas procedentes del movimiento cooperante.

Los tres titulares que han propuesto los grupos son Juana Balmaseda, presidenta de la Comisión Jurídico-Penitenciaria del colegio de abogados de Bizkaia, mediadora en los colegios de abogados de España y autora de la obra Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco;Eloína Mayo, que ha asesorado al Gobierno Vasco sobre la inmigración y ha sido directora de Promoción Social de la Diputación de Araba en materia de igualdad, cooperación y derechos humanos;y el reputado forense Paco Etxeberria, que ha participado en más de 100 exhumaciones por todo el Estado y tuvo también un papel destacado en la identificación de los cadáveres de los niños Ruth y José.

Se da la circunstancia de que el perfil profesional de Etxeberria provocó que el PP tuviera grandes dificultades para desmarcarse de su informe de torturas, que recoge 4.129 denuncias. La parlamentaria Juana Bengoechea tuvo que reconocer hace unas semanas que no duda de la veracidad del documento, pero fue desautorizada por la dirección del PP, que mantuvo su rechazo al informe y pidió su retirada.

Los tres suplentes que proponen los grupos son Felipe Gómez, director del máster europeo de Deusto en Derechos Humanos y Democratización;Josu Oskoz, técnico de proyectos de cooperación en la Diputación de Araba y experto en las vulneraciones de derechos en el Sahara;y Miguel Ángel Navarro, uno de los profesionales que participaron en el informe sobre la incomunicación y tortura que realizó Argituz y que examinó 45 casos aplicando el Protocolo de Estambul.

La ley aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 establece que la comisión la compondrán la directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco (Monika Hernando);tres personas designadas por el secretario general de Convivencia, Jonan Fernández (una de ellas será experta en derecho penal, otra estará especializada en víctimas y una tercera será historiadora), tres nombradas por el Parlamento (una de ellas debe representar a la sociedad civil), y dos peritos forenses y un psicólogo del Instituto Vasco de Medicina Legal. En total, serán diez personas, un número fijo que se tendrá que mantener en todas las reuniones. Por ello, el Parlamento ha propuesto tres suplentes para cubrir bajas.

funciones La comisión debe reunirse al menos una vez al mes con carácter ordinario. Realizará un informe anual con los resultados de su trabajo y los datos recabados. Esta comisión se encargará de valorar las solicitudes y declarar la condición de víctima, las medidas de reparación o la denegación de la solicitud. Esta función ha quedado temporalmente suspendida por el Constitucional y no podrá llevarse a cabo de momento.

los expertos de la comisión de valoración