“El terrorismo existe sin la necesidad de muertos. Todo esto sigue siendo lo mismo”

El fiscal mantiene la petición de siete años de prisión para los cuatro guipuzcoanos por los altercados de Iruñea en 2017 mientras las defensas piden su absolución

J. Arretxe - Jueves, 24 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Donostia. El juicio que arrancó el lunes en la Audiencia Nacional contra cuatro jóvenes guipuzcoanos por los altercados que tuvieron lugar en el Casco Viejo de Iruñea el 11 de marzo de 2017 se cerró ayer con la petición de la Fiscalía de condenar a siete años de prisión a cada uno de ellos, frente a la absolución que pidieron los abogados defensores.

"Las organizaciones desaparecen, pero las ideas y la forma de actuar permanecen". Con esta frase sintetizó el fiscal, José Perals, la posición que le llevó ayer a mantener la petición de siete años de prisión para uno de los cuatro jóvenes acusados. "Si algo nos ha demostrado la historia es que el terrorismo existe sin la necesidad de muertos. Todo esto sigue siendo lo mismo", aseguró Perals, quien afirmó que la manifestación de aquel 11 de marzo bajo el lema Errepresioari autodefentsa evidencia que es "la misma dinámica de siempre", en alusión al todo es ETA, aunque "de manera más episódica".

"Se podrá decir que el Ministerio Fiscal vive en un mundo imaginado que no se corresponde con el actual, que nos gustaría que fuera así, pero lo cierto es que existió una manifestación contra la represión", fundamentó el fiscal su posición en la marcha que acabó con unos altercados que para Perals, que consideró acreditada la versión escuchada a los agentes que participaron en el operativo policial de 2017, forman parte de una estrategia planificada.

Según recordó, tres de ellos viajaron en un autobús alquilado desde Errenteria cargados con piedras y bengalas extremo que la defensa negó el lunes al señalar que el vehículo fue inspeccionado en un control policial próximo a la capital navarra para "alterar la paz pública" y provocando un "clima de terror" y "violencia inusitada".

Perals señaló, según recoge Europa Press, que otra prueba de la "violencia inusitada" fueron los cánticos a favor de la lucha, ETA y sus presos que se profirieron durante la manifestación y hasta la "batalla campal".

El fiscal, que mantuvo su petición de penas, modificó su escrito de conclusiones para añadir que "tanto la convocatoria de la manifestación como el desarrollo de los hechos y el comunicado posterior, se deben a la dinámica desplegada por la izquierda abertzale radical que es contraria a la inserción abertzale en las instituciones democráticas y se trata de una dinámica contraria al cese de la violencia del entramado de la organización terrorista ETA".

El fiscal, el mismo del caso Altsasu que espera veredicto, consideró que "persiste la herencia de décadas de terrorismo en el País Vasco y Navarra", y que lo sucedido en Iruñea, que no fue "una simple algarada", forma parte "de ese entramado" que aunque "el frente armado es cierto que ha dejado de matarnos, que no es poco", dijo "se resiste a desaparecer" y que continúa "en la idea de seguir imponiendo su ley mediante la violencia y causando el terror".

Ya habían sido detenidos "Él sabrá a lo que se refiere cuando dice que todavía existe un entramado", respondió el abogado de tres de los acusados, Iñigo Iruin, para quienes reclamó la absolución. Rechazó la calificación de los altercados que hizo la Fiscalía, porque "para que se genere alarma y se altere gravemente la paz pública tiene que repetirse en el tiempo y es preciso generar una atmósfera social de temor y desasosiego". En este sentido, Iruin recordó las protestas del barrio burgalés de Gamonal contra un proyecto municipal: "Hubo incidentes más graves durante siete noches seguidas y a nadie se le ocurrió tipificarlo como terrorismo".

Iruin, que dudó de si el fiscal vivía en "2018, 2008 o 1998", cuestionó la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar este tipo de sucesos al recordar que ETA cesó de manera definitiva su actividad violenta seis años antes de los hechos que se juzgan. A su entender es "inadmisible" que el Ministerio Fiscal se guíe por la "ubicación geográfica" para calificar los hechos.

El letrado recordó que la convocatoria de la marcha no estaba firmada por ningún colectivo y que los incidentes fueron aislados, a lo que añadió que, además de la petición de absolución, no cabe ni la indemnización de 600 euros a cada uno de los tres agentes lesionados ni los 30.000 euros por los daños ocasionados en algunos comercios y el mobiliario porque, según señaló, queda probado según la prueba testifical que sus tres representados, los tres jóvenes de Errenteria, ya habían sido detenidos cuando sucedieron las lesiones, durante los enfrentamientos.

El abogado del cuarto representado, que tampoco hizo uso del derecho a la última palabra, también solicitó la absolución para el joven de Beasain, que se reconoció con una piedra en la mano, aunque contempló de manera subsidiaria un año de prisión por alteración de orden público. Sin la calificación de terrorista.