La Audiencia Nacional juzga desde hoy los altercados de 2017 en Iruñea

Tres jóvenes de Errenteria y otra de Beasain se enfrentarán a peticiones de siete años de prisión para cada uno

J. Arretxe Iker Azurmendi - Lunes, 21 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - Este lunes arrancará en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid el juicio contra los cuatro jóvenes por los altercados que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2017 en Iruñea. Los cuatro -tres de Errenteria y otro de Beasain- se enfrentan a siete años de prisión cada uno, acusados de “desórdenes públicos terroristas”.

La vista oral de este procedimiento abreviado tiene previstas dos jornadas: la del lunes y la del miércoles, cuando el caso debería quedar visto para sentencia, como señala el padre de uno de los tres acusados de Errenteria, Patxi Petrirena: “La petición de la Fiscalía es dura, son siete años. Estamos ante una gran incertidumbre. Por un lado, con ganas de acabar, sí, pero con mucha tensión”.

Los hechos, en cuya valoración de terrorismo difirieron la Audiencia Nacional y la Audiencia navarra, sucedieron en la tarde-noche del 11 de marzo del año pasado, al acabar una manifestación convocada por la dinámica Errepresioari Autodefentsa. En los altercados que tuvieron lugar en el Casco Viejo de la capital navarra, algunos manifestantes “encapuchados”, según la Delegación del Gobierno español en la Comunidad Foral, habrían lanzado a comercios y a agentes de la Policía “piedras, botellas y otros objetos”. Resultaron detenidas cuatro personas, una de ellas menor de edad y que en octubre quedó fuera de la causa.

Fue entonces cuando declararon en Madrid otras once personas, de las que diez quedaron fuera del procedimiento y el undécimo, el joven de Beasain, será el cuarto que se sentará en el banquillo de los acusados el lunes y el miércoles.

Apenas una semana después de aquellas declaraciones de octubre, la jueza que llevó la instrucción, Carmen Lamela, entendió que al tener casi lista su investigación, los tres jóvenes que se encontraban en prisión desde marzo podían salir en libertad hasta la celebración de la vista oral. En ella, según Lamela, se analizará que existió “una evidente alteración de la paz pública y pusieron en peligro la integridad de los funcionarios de Policía y demás ciudadanos que en aquel momento se encontraban en el lugar de los hechos”.

“Han intentado retomar su vida, su trabajo, sus estudios, y en parte lo han conseguido, aunque no de manera normalizada”, reconoce sobre las puestas en libertad Petrirena, que recuerda el “duro parón de ocho meses” que supuso el encarcelamiento de los tres jóvenes de Errenteria y que llevó al primer edil, Julen Mendoza, y tres exalcaldes (los socialistas Juan Carlos Merino y Adrián López;y Sabin Olaizola, HB) a reclamar que el juicio no se celebrara en Madrid, sino en la Audiencia Provincial de Nafarroa.

Tribunal competente La causa llegó al Juzgado de Instrucción número 4 de la capital navarra -el que correspondía por estar de guardia-, que decretó prisión preventiva de los tres detenidos y se inhibió en favor de la Audiencia Nacional al entender que los altercados podían constituir un delito de terrorismo, según se recoge en el artículo 573 del Código Penal.

Las familias recurrieron esta decisión en la Audiencia navarra, que estimó en parte su solicitud: mantuvo a los jóvenes en prisión pero se declaró competente para investigar lo sucedido al no considerarlo terrorismo y sí un delito grave de desórdenes públicos.

El Tribunal Supremo resolvió este conflicto competencial en junio al considerar que “los hechos se ejecutaron mediante conductas concertadas dirigidas a crear un estado de terror e inseguridad ciudadana” y que “de forma indiciaria” son acciones que “pueden ser perfectamente subsumidas en el delito de terrorismo en concurso con presuntos delitos de lesiones, daños, desórdenes públicos, incendio y atentado”.

“Nos damos cuenta de que la causa llega al lugar que no tenía que haber llegado y estamos en otros parámetros a los habituales, bajo otros factores”, reconoce Petrirena, agradecido por todos los apoyos y la solidaridad “de la gente y la institucional” recibida estos meses, a pocos días de viajar a Madrid respecto a esta divergencia judicial resuelta a favor de la competencia de la Audiencia Nacional.

Corresponderá al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, compuesto por Ángel Hurtado, Julio de Diego y María José Rodríguez, enjuiciar los hechos de aquel 11 de marzo. “Antes de ser juzgados ya han sido condenados. Estamos ante algo injusto y desmedido”, resume Petrirena la “dura petición” de siete años que ha hecho la Fiscalía. Nervioso, reconoce, confía en un final en medio de “tanta incertidumbre: Que no haya condena”.