Desde la Avenida de Tolosa

Torpeza política

Por Adolfo Roldán - Lunes, 21 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

El 21 de octubre de 2017 el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 a Catalunya, provocando una situación excepcional que altera la normalidad del sistema constitucional español, expresada en el artículo 2 de la Constitución. La medida aprobada por el Senado solo podía aplicarse de manera provisional “hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña”. El nombramiento de los consellers es prerrogativa política exclusiva del president de la Generalitat, que es el que libremente decide quién va a integrar su Govern. La decisión del Gobierno español de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el decreto de creación, de nominación y ámbito de competencias del nuevo Govern, pero no el de los nombramientos de cuatro consellers (Turull, Rull, Comín y Puig) es, según Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, “una torpeza política y un ataque frontal a las normas esenciales de nuestro ordenamiento, que bien podría definirse como golpe de estado jurídico”. Es cierto que entre las medidas aprobadas por el Senado se incluyó la posibilidad de que el Gobierno central someta a un régimen de autorización previa las actuaciones de la Administración autonómica, “pero aplicar esta facultad al nombramiento de los consellers supone un fraude mayúsculo”, asegura Urías en un artículo publicado en eldiario.es. “La única intención de este fraude es mantener la duración de la situación excepcional del 155 de manera indefinida, vulnerando el acuerdo del Senado y guiándose simplemente por razones de oportunidad”. Con esa decisión, Rajoy intenta evitar que C’s le adelante por la derecha a costa de crear una situación de incertidumbre jurídica y política. Si los nombramientos de los cuatro consellers le parecen ilegales, bastaba con esperar a su publicación para impugnarlos ante los tribunales, quienes decidirán si los cuatro candidatos tienen o no sus derechos políticos intactos.

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