Presos: el debate pendiente

La política penitenciaria es un ámbito a abordar tras el fin de ETA para apuntalar la convivencia en Euskadi

Un reportaje de Imanol Fradua - Domingo, 20 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Bajada la persiana de ETA, la política penitenciaria se ha instalado en el primer plano político. Con 278 presos diseminados en 61 cárceles del Estado, Francia y Portugal, su situación aflora como uno de los temas a abordar en un horizonte sin la presencia de la organización armada que puede facilitar su reinserción. El camino a trazar por los reclusos centra el debate. Por lo pronto el Gobierno español, a través del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya ha advertido que “no habrá concesiones”. Abrazar la legalidad penitenciaria reconociendo el daño causado ya no es el único requisito. “Rellenar un formulario” no es la solución, sino que cada encarcelado deberá “acreditar y mantener a lo largo del tiempo actitudes y conductas” que permitan obtener mejoras. El Ejecutivo de Madrid pone así la pelota en el tejado de los propios presos, que deberán ir dando pasos de forma individualizada y acorde a la ley para mejorar su situación penitenciaria.

Abordar este ámbito conllevará tiempo. Así lo revela la radiografía de la situación actual de los presos. Buena parte del colectivo -se calcula que alrededor de 150 personas- está encarcelado con condenas abultadas por delitos de sangre que, en algunos casos, suman cientos de años de reclusión. Muchos de ellos no saldrían de la cárcel ni siquiera para 2050. El alejamiento es otro factor clave. El último informe de la agrupación de familiares y amigos de presos, Etxerat, contabiliza un total de 278 reclusos. La mayoría se encuentran en cárceles del Estado español (224), Francia contabiliza 51 y Portugal un único caso, y hay tres en prisión atenuada. De todos ellos, el 66% está a más de 600 kilómetros de Euskal Herria. El primer grado, el régimen penitenciario más duro, es tónica habitual. El 95% está en esta situación. Pero todos ellos tienen un nexo común para obtener mejoras: deben ajustarse a la ley penitenciaria ante un Gobierno español que asevera hasta la extenuación que abogará por la aplicación escrupulosa de la Ley.

Escalonado en tres grados -primero, segundo y tercero-, el itinerario que debe efectuar un recluso para ir obteniendo mejoras es una carrera de obstáculos. Para pasar del primero -el régimen más duro al que los condenados por terrorismo pasan directamente- al segundo, que da opción a permisos, es necesario acreditar buen comportamiento. Pasar del segundo al tercero, que abre la opción a abrazar un régimen de semilibertad, es más complejo. El quid de la cuestión está en el artículo 72.6 de la Ley Penitenciaria, que alude a que los reclusos condenados por terrorismo o los cometidos en el seno de organizaciones criminales deben mostrar “signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas”.

Además, tienen que colaborar activamente “con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos” por parte de una organización armada como ETA que ya no existe como tal, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado”. Deberán mostrar “una declaración expresa de repudio y de abandono de la violencia”, junto a una petición expresa de perdón a las víctimas, así como por los informes técnicos que acrediten que está realmente desvinculado de la organización y su entorno.

Pero el debate de los presos, especialmente en el caso del reconocimiento al daño causado, se mueve en dos planos. A un lado se encuentra el terreno político;al otro está la legislación. La Justicia y la política no siempre han ido de la mano, aunque lo cierto es que desatascar uno de los principales retos para la convivencia futura en Euskadi es tarea compartida entre muchos actores. Pese a sus tímidos avances, Francia ha ido aflojando la tensión con acercamientos de presos en la recta final de sus condenas a las prisiones de Lannemezan y Mont-de-Marsan, las más cercanas a la muga de Biriatu. Es el camino opuesto al de España, que ha rehuido la cuestión. La aplicación escrupulosa de la normativa penitenciaria es el listón que siempre ha manejado Moncloa, si bien lo han elevado. El Ejecutivo del PP está bajo la presión de Ciudadanos y los colectivos de víctimas, que ya han advertido de que se opondrán a cualquier concesión.

Los gobiernos vasco y navarro de Iñigo Urkullu y Uxue Barkos también tienen su propuesta, que pasa por constituir un grupo de trabajo con Madrid para ir dando pasos hacia el acercamiento de reclusos a las penitenciarías cercanas a Euskadi -a 250 kilómetros- o aplicar criterios humanitarios en el caso de los presos enfermos y los mayores de 70 años de edad. Desarrollar vías legales sobre los principios de individualización, reconocer el daño causado y reinsertarse es la hoja de ruta propuesta. El colectivo de presos de ETA (autodenominado EPPK, por sus siglas en euskera) también ha ido recorriendo etapas. De la histórica concepción de amnistía grupal o nada, han pasado a reconocer las salidas individuales por cauces legales como método para ir “vaciando” las prisiones.

ley versus política La legislación a la que tantas veces se apela desde el universo político, sin embargo, es concisa sobre aspectos como el alejamiento, rebajas de penas, cambios de grado o reclusos enfermos. Abogado de diez de los presos de la vía Nanclares, el profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto Xabier Etxebarria conoce a la perfección el camino a recorrer para aquellas personas antaño ligadas a ETA que quieran reinsertarse. Y aporta una clave. “El cumplimiento de la legalidad penitenciaria es la única salida posible”, ya que no se vislumbra que el Gobierno español dé un giro copernicano en su política penitenciaria.

Los presos de la vía Nanclares “aceptaron la responsabilidad de sus delitos, aparte de que luego pidieron perdón o se reunieron con víctimas. Aparte de eso, aceptaron la legalidad penitenciaria y se dispusieron a cumplirla”, matiza Etxebarria. Asimismo, una buena conducta facilita que los reclusos actuales puedan acceder a mejoras en sus condiciones frente a los “beneficios”, un término que este letrado prefiere no utilizar, ya que “no son ningún privilegio, sino que es una cuestión de derecho”.

Con ETA desaparecida, el abogado considera un “error” mantener vigente el alejamiento. “Una persona que está en Pamplona no cumple su pena menor que si lo hace en Badajoz. No tiene absolutamente ningún sentido. Y de repente se considera que acercar a los presos es como ofender a la dignidad de las víctimas. No tiene sentido. Y es un tema que ahora mismo es importante”, apostilla. En este caso, ve un impulso claramente político. “A qué cárcel se envía a una persona debería ser decisión individual, y el principio general es que esa persona esté cerca del lugar donde se vaya a reinsertar. Es un principio jurídico general. Que el principio general, en relación con unos tipos de delitos sea el alejamiento, contradice por un lado la idea de individualización, que es una máxima penitenciaria evidente;y segundo, quebranta el principio general, que es el cumplir en el lugar de reinserción”, precisa Etxebarria.

De la misma forma, Etxebarria considera que los avances en materia penitenciaria no vendrán del Gobierno español, pero tampoco de Instituciones Penitenciarias, entidad integrada en el Ministerio del Interior. La Justicia es el único camino. Y recuerda la labor realizada durante la vía Nanclares, en la que “todo lo conseguido a partir de 2011 no fue gracias a Instituciones Penitenciarias, más bien con su oposición. Todo lo conseguido fue a base de recursos al Juzgado Central de Vigilancia y a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional”, tal y como subraya.

Letrada de unos 90 presos, Onin-tza Ostolaza afirma que el mantenimiento en primer grado, “que debería aplicarse por tiempo limitado, es un castigo excepcional”, más si cabe cuando ETA ha dicho adiós. “Los módulos de aislamiento, los cacheos diarios o tener solo cuatro horas de patio” son el pan de cada día. De hecho, y después de que el EPPK se abonara a las salidas individuales bajo la legalidad tras largas décadas en las que romper la disciplina del colectivo suponía ser repudiado e inmediatamente expulsado. Ostolaza afirma que la “mayoría” ha comenzado a recorrer desde el año pasado ese trayecto para progresar de grado o ser acercados. Las respuestas recibidas por las autoridades, por el contrario, han sido “generalidades, argumentos del pasado”, por lo que se ha activado la vía de los recursos “ante el juez de Vigilancia Penitenciaria o en última instancia, ante la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.

“No hemos recibido muchas respuestas”, apunta la letrada, “y están tardando muchísimo, pero poco a poco van llegando”. ¿En qué sentido? “En el mismo de los últimos años”. No en vano, Ostolaza considera que la Justicia tampoco es una senda fácil de recorrer, ya que una reforma de 2003 estableció a los juzgados de vigilancia de cada territorio como competentes, mientras que puso el foco en los informes de las prisiones, de Instituciones Penitenciarias o la Fiscalía, lo que de facto dificulta el proceso. Por el contrario, la abogada considera que Francia “puede ser un ejemplo de que sí hay voluntad”, ya que considera que la ley permite mejorar su situación.

Una figura clave para progresar del segundo al tercer grado es el reconocimiento expreso del daño causado, un requisito que Ostolaza reclama “clarificar”. Y apremia a “ir dando pasos. Vayamos poco a poco desbloqueando esta situación poniendo sobre la mesa no solo formularios -en referencia a las palabras de Zoido-, sino lo que la ley pide que se haga”. El futuro, en todo caso, pasará por deshilvanar el nudo que acogota la política penitenciaria. Es el debate que viene.

Régimen penitenciario. De los 224 internos en cárceles del Estado -tres de ellos están en prisión atenuada en sus hogares-, el 95% están en el régimen de vida carcelario más duro: el primer grado. Fórmula automática para los reos acusados de terrorismo, esa cifra contrasta con el exiguo 2% de encarcelados comunes que se encuentran en la misma situación en España, donde la población penitenciaria es de las más abultadas de Europa al alcanzar casi las 60.000 personas. Solo 29 presos de ETA se encuentran en segundo grado, lo que permite obtener ciertos beneficios.

Desde 1989. La radiografía tras casi tres décadas de política de dispersión, ideada por el Gobierno socialista de Felipe González en 1989, en plena marejada de los años de plomo de la organización, dibuja un panorama sumamente complejo para abordar. Solo hay cuatro reos en cárceles vascas y navarras, tres de ellos por estar gravemente enfermos, y ocho en centros penitenciarios ubicados a menos de 250 kilómetros de la muga de Euskal Herria (Burgos, Logroño y Mont-de-Marsan, este último ubicado en Francia). Por el contrario, en las cárceles más alejadas, aquellas que están ubicadas a más de 750 kilómetros -Puerto, Algeciras, Huelva o Almería, a más de 1.000 kilómetros de Euskal Herria-, se encuentran un total de 105 reclusos.

Prisión atenuada. Tan solo existen tres presos en prisión atenuada -José Ramón Foruria, Mikel Gil y Mikel Irastorza- y otros tantos en penitenciarías o centros de salud de la CAV y Nafarroa por estar enfermos de gravedad. Se trata de Aitzol Gogorza, Jesús María Martín Hernando e Ibon Iparragirre, que se encuentra ingresado en Aita Menni Zentroa, en Arrasate. Existen un total de 91 reclusos que necesitan de atención médica, según el último informe elaborado por Etxerat, si bien 14 de ellos padecerían enfermedades graves e incurables y otros ocho en esa misma situación prefieren no hacer públicas sus dolencias. La inmediata libertad de los reclusos enfermos es una de las principales reclamaciones.

Política penitenciaria. Las progresiones de grados, la obtención de permisos o las peticiones de acercamiento están fijadas por la Ley Orgánica General Penitenciaria, aprobada en 1979 pero que ha sufrido diversas reformas durante los últimos años, encaminadas sobre todo a dificultar que los reclusos con delitos de terrorismo puedan obtener el tercer grado que les permite ir saliendo de la prisión, siempre que abjuren de su pasado y reconozcan el daño causado. Las Juntas de Tratamiento de cada cárcel, Instituciones Penitenciarias, los Juzgado de Vigilancia Penitenciaria o la Fiscalía de la Audiencia Nacional son, entre otros, las entidades que entran en juego a la hora de abordar la situación de cada preso.

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