politika

El fracaso de Llarena

El profesor en Derecho Europeo Joxerramon Bengoetxea explica al Grupo Noticias las claves del rechazo belga a la euroorden remitida por el juez

“El TS ha desbarrado;debe intentar que se dé la cooperación judicial en los términos que prevé el Derecho” “Se está pidiendo que se salten las formas, lo cual sería completamente contrario a derecho”

T. Díez/H. Unzueta - Domingo, 20 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - El varapalo que la Justicia belga ha propinado al Tribunal Supremo y al juez Pablo Llarena desestimando la euroorden contra los exconsellers catalanes Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret por un defecto de forma ha causado, por encima de cualquier otra consideración, sorpresa. El magistrado fue advertido del error y rehusó corregirlo, lo que ha dejado a los tres políticos catalanes libres para moverse por Europa. Joxerramon Bengoetxea, profesor en Derecho Europeo y en Teoría Jurídica, Sociología y Filosofía del Derecho de la UPV/EHU analiza para el Grupo Noticias lo ocurrido.

Para empezar, Bengoetxea señala que no es en absoluto extraordinario que una euroorden contenga errores formales, y de hecho, recuerda que la resolución belga que tanto revuelo ha levantado se basa en una sentencia dictada en torno a la euroorden emitida por Hungría para la detención en Rumania de un camionero, Niculaie Aurel Bob-Dogi, sin orden de detención previa en su país de origen. La petición quedó sin efecto y sentó precedente en el seno de la Justicia europea.

Eso sí, “si es verdad” que Llarena fue advertido del error por la fiscalía belga entonces “habría aún más gravedad por no haber considerado dicha advertencia y dar por supuesto que su concepción es la válida, que el auto es suficiente, cuando se ha demostrado que no”, señala Bengoetxea, quien califica de “absurdo” pedir una detención a nivel europeo sin haberla emitido antes a nivel interno.

En todo caso, el jurista guipuzcoano considera que “el Tribunal Supremo ha desbarrado completamente” negándose a rectificar e incluso enmendando la plana a la Justicia belga. “Al Supremo le compete intentar que se produzca la cooperación judicial en los términos que prevé el propio derecho relativo a la euroorden;si ese derecho exige unas formalidades el primero que tendría que salvarguardar dichas formalidades es todo órgano judicial de la Unión Europea”. Así, con su actuación, el Tribunal Supremo “está entrando en un terreno extrajurídico, está haciendo valoraciones sobre intencionalidades de otros tribunales en lugar de considerar si el procedimiento que se está llevando a cabo en el sistema jurídico español es adecuado o no”.

Al fin y al cabo, explica, la crítica del Supremo a los órganos jurisdidiccionales belgas se produce por “cumplir precisamente las formalidades que prevé el propio sistema”, y de ahí extrae la conclusión de que “se está pidiendo que se salten las formas, lo cual sería completamente contrario a derecho”.

En cuanto a los argumentos concretos expuestos por el juez español ante la resolución belga, Bengoetxea explica que “Llarena considera el auto como suficiente elemento para proceder a la detención, pero no se da cuenta de que también hay que proceder internamente, si no parecería que solo prevés la detención formalmente en el extranjero, fuera de tu jurisdicción”.

El jurista puntualiza en ese sentido que “un auto tiene una función formalmente distinta, la orden de detención está dirigida a quienes hacen ejecutar dichos autos, por lo tanto habría que dirigirse a ellos explícitamente, e igual que se pide a nivel de la Unión fuera del Estado español tendría que dirigirse el mismo requerimiento a los agentes dentro del Estado español”. Y en todo caso, “si el sistema de la euroorden lo prevé, es algo que Llarena debería haber sabido, tendría que haberlo cumplido en vez de intentar excusar su incumplimiento”.

¿Podría, por tanto, de haberse admitido la euroorden, darse la paradoja de que para evitar la detención los exconsellers huyeran a España, donde no se les persigue formalmente? “Esa sería una consecuencia lógica -señala Bengoetxea-, aunque en cualquier momento podría emitirse la orden de detención nacional”.

efecto dominó Por otro lado, la decisión de la Justicia belga abre una ventana de esperanza para Clara Ponsatí, radicada en Escocia, donde ejerce como profesora universitaria;o Carles Puigdemont, actualmente en Alemania a la espera de conocer qué decide el tribunal regional de Schleswig-Holstein con respecto a la euroorden emitida por España para pedir su extradición. Bengoetxea explica que “en principio, si no hay orden de detención interna previamente a la orden europea, el argumento sería igualmente aplicable, el defecto de forma no está subsanado e incluso no se puede subsanar a posteriori;una vez que la emites es sobre el supuesto de que has emitido la interna”.

Según explica, sería imprescindible reiniciar todo el proceso para conseguir la extradición de Puigdemont y de los exconsellers exiliados, suspender la orden vigente, “emitir una orden de detención a nivel español y luego emitir una nueva euroorden”, aunque en todo caso “el auto no perdería su valor”.

cronología

3 de noviembre. La causa del 1-O la abrió la jueza Carmen Lamela en la Audiencia Nacional. Fue esta quien decretó cárcel incondicional sin fianza para los consellers que acudieron ante el tribunal el 2 de noviembre. Todos aquellos que huyeron al exilio, entre los cuales figuraba el president Puigdemont y los consellers Comín, Serret y Puig, se vieron afectados a la mañana siguiente por una euroorden emitida por la jueza.

5 de noviembre. Los exiliados a Bruselas son requeridos por la justicia belga. Puigdemont y los consellers deciden entregarse en una comisaría de Bruselas donde se les toma declaración. Entonces, llega el primer varapalo: el juez los deja en libertad, aunque impone medidas cautelares, como salir de territorio belga y mantenerse localizables y disponibles.

17 de noviembre. La Fiscalía de Bruselas exige la entrega de Puigdemont y los consellers a las autoridades españolas pero el tribunal belga competente no toma una determinación y aplaza la decisión, algo que alarga los plazos.

5 de diciembre. Ya con el juez del Supremo Pablo Llarena al cargo de la causa, este decide, en un giro muy inesperado, retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra el president y los consellers. Llarena, no obstante, sí mantiene la orden para territorio español.

23 de marzo. Llarena recupera la euroorden para Puigdemont y los consellers. El magistrado esperó a tener el procesamiento terminado antes de reclamar a las autoridades que detengan a los independentistas exiliados por rebelión y malversación. El juez quiere forzar la devolución rápida de los líderes independentistas.

6 de abril. La mañana siguiente a la orden de liberación de Puigdemont tras el descarte del delito de rebelión por parte del tribunal alemán -otro varapalo-, el juez belga decide en un nuevo proceso dejar en libertad sin fianza con medidas cautelares a los consellers Puig, Comín y Serret.

16 de mayo. La justicia belga tumba la euroorden por defectos de forma. Los belgas consideran incompatibles la orden nacional de detención con la euroorden emitida, error del juez Llarena.

peticiones

6

España ha solicitado a Bélgica la extradición de los consellers Comín, Serret y Puig, a Alemania la de Puigdemont, a Escocia de Clara Ponsatí y a Suiza la de Marta Rovira.