La comisión de investigación sobre la crisis política de Irun se atasca en su primera sesión

Un empate invalida la primera votación, que iba a fijar el calendario de sesiones

Xabier Sagarzazu Iker Azurmendi - Viernes, 18 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

irun - La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Irun para aclarar lo ocurrido en la gestión del ámbito de Korrokoitz, el cese del jeltzale Xabier Iridoy (PNV) como edil de Urbanismo y los argumentos dados por el alcalde José Antonio Santano (PSE), que provocaron a finales de enero la ruptura del gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas, celebró ayer su primera sesión. Una sesión que acabó atascando el discurrir de este órgano, pese a que se había votado un calendario de fechas de sesiones.

La propuesta, que tuvo el voto a favor de Sí Se Puede Irun (Podemos) y PNV, establecía que las próximas reuniones se celebrarán el 1 y el 22 de junio, el 6 y 20 de julio. En contra votó el PSE, y el PP y EH Bildu optaron por abstenerse.

Los grupos salieron de la reunión, que se prolongó una hora y media, pensando que había un calendario, pero minutos después, según relataban fuentes consultadas por este periódico, el funcionario que ejerce de secretario de la comisión llamó a sus integrantes para advertirles de que “al ser el voto ponderado, y en función del peso de cada grupo político en la Corporación, SPI y PNV, que tienen cinco ediles cada uno, sumaban lo mismo que el PSE, que tiene diez”, por lo que había “un empate técnico en el que nadie había reparado” y, por tanto, “el calendario no está aprobado”, por lo que deberá ser debatido en una próxima sesión.

tensión En el transcurso de la reunión ningún grupo advirtió esta circunstancia del voto ponderado, y se llegó a votar el calendario tras algunos momentos de tensión, como cuando Miguel Ángel Páez (PSE) censuró “que Xabier Iridoy sea juez y parte en una comisión que debe investigar su propia actuación y en la que debe comparecer”, algo a lo que el jeltzale respondió que él “da la cara, no como otros”, en alusión a la ausencia de Santano, añadiendo que “la propia Secretaría ha aclarado que no hay impedimento” en ser representante de su grupo en esta comisión.

Al principio de la sesión, la presidenta de la comisión, Muriel Larrea (PP), advirtió a los integrantes que “tras analizar el dictamen aprobado en Pleno para la creación” de este órgano y una vez consultada la Secretaría, era necesario justificar “expresamente los motivos por los que se pide a cada persona que comparezca” en la comisión, algo que “ninguno” había hecho.

David Soto (SPI), Jokin Melida (EH Bildu) y Xabier Iridoy (PNV) mostraron su “extrañeza e indignación por no haber sido advertidos de esto”, cuando “se había acordado, la semana pasada, que se presentaran propuestas de documentación a estudiar, calendario de sesiones y comparecientes para el día 14”, el pasado lunes.

Iridoy propuso “aprobar el calendario presentado por SPI y debatir, de cara a las próximas sesiones, las comparecencias”, si bien recordó que “el acuerdo de creación de la comisión establecía muy claro que el primer compareciente será el alcalde Santano” y señalaba que en su “propio caso y en el de los funcionarios y técnicos municipales, los argumentos para ser llamados a comparecer” eran “evidentes”, si bien “en el caso de personas ajenas al Consistorio, sí sería necesario estipular formalmente los motivos de la citación para declarar ante la comisión”.

Finalmente, se acordó abrir un plazo de cinco días hábiles para especificar esas motivaciones y se propuso votar únicamente el calendario de reuniones.

Fue aquí cuando el secretario explicó que “el dictamen del Pleno habla de reuniones cada quince días, y cuando no se explicitan estos como días naturales, la ley establece que por defecto son días hábiles”, por lo que “las próximas reuniones deberían fijarse para el 7 de junio, el 28 de junio y así sucesivamente, cada quince días hábiles”.

En este punto, el socialista Miguel Ángel Páez señaló que “el calendario que trae SPI, con reuniones el 1 y 22 de junio y el 6 y 20 de julio, no cumple la ley, porque ni respeta quince días naturales ni mucho menos hábiles entre sesión y sesión, por lo que sería impugnable por la vía administrativa y por lo contencioso, en sede judicial”.

El secretario recordó que “si hay un consenso entre los grupos, como ocurre a veces en los plenos y otros órganos administrativos, se puede establecer un calendario que no cumpliera esa literalidad”.

La oposición del PSE era clara, pese a lo cual, se votó la propuesta, con PNV y SPI a favor, PSE en contra y la abstención de PP y EH Bildu. Salieron de la sesión pensando que había un calendario de fechas aprobado hasta que recibieron el aviso de que el voto ponderado provocaba un empate.

En una nota por la tarde, el PNV calificó lo sucedido como “errores lamentables” que atribuyó a la “pésima organización de la presidencia” y a la voluntad de los socialistas, “liderados por el alcalde, aunque ausente por no querer dar la cara y exponerse públicamente”, de “disfrazar todo este proceso con mentiras, dilatando innecesariamente el proceso e introduciendo la confusión en las sesiones”.

En la próxima sesión, con fecha aún no fijada, deberá debatirse y aprobarse de manera definitiva el calendario de sesiones, junto con la lista de comparecientes en cada fecha. Los grupos están a la espera de que el secretario defina los pasos a dar y les cite en los próximos días a una reunión informal previa, de la que debería salir la fecha de esa segunda sesión formal de la comisión.