57 expresos de ETA

El Gobierno abre un nuevo frente contra los presos y requisa bienes a los ya excarcelados

La Guardia Civil interviene nóminas, cuentas y viviendas de expresos de ETA para pagar las indemnizaciones de las víctimas

Humberto Unzueta - Viernes, 18 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - La disolución de ETA hace dos semanas no ha traído el fin a los despliegues policiales y las macrocausas judiciales tan habituales en Euskadi en las últimas décadas en respuesta a la amenaza y la actividad violenta de la banda. Agentes de la Guardia Civil volvieron ayer a desarrollar una operación contra el universo de ETA, de sus rescoldos, aunque en esta ocasión el objetivo no era la detención de personas, sino la intervención de bienes pecuniarios y patrimoniales.

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorías de la Audiencia Nacional, intervino en diferentes localidades de Hegoalde, e incluso La Rioja, numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.

Se trata de exmiembros de la banda -algunos de ellos históricos con atentados y asesinatos a sus espaldas, pero la mayoría vinculados a la kale borroka- que mantienen viva su sentencia pero que están en libertad. Según el Ministerio del Interior, los agentes han detectado numerosas sentencias donde no se ha actuado contra el patrimonio de los miembros de ETA, pero están ya prescritas, pese a no haber hecho pago alguno por sus responsabilidades civiles. Sobre ellos pende una deuda contraída con el Estado español, que es el que subsidiariamente se hace cargo del pago a las víctimas.

Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la operación Zerga(impuesto, en euskera), permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizara acción alguna para satisfacer esas obligaciones.

Los requisos a exmiembros y expresos de ETA irrumpen en el momento decisivo en el que empiezan a decidir si se acogen a la legalidad penitenciaria de manera individualizada para mejorar su situación y en su caso adelantar su salida de prisión. Supondrá un elemento adicional a valorar antes de su decisión definitiva.

Después de que el año pasado el colectivo oficial de presos EPPK que controla a la gran mayoría de los internos levantara la prohibición que durante décadas ha impuesto a sus miembros para acogerse a las vías individuales y los beneficios penitenciarios. Los presos tienen libertad para decidir por sí mismos si quieren caminar hacia la reinserción o quedarse como estaban. La mayoría ha optado por aceptar la legalidad y en virtud de ella deberá durante el tiempo acreditar una buena conducta, su rechazo a la violencia utilizada y a la organización que la promovió y el reconocimiento del daño causado.

Entre los requisitos también está incluida la reparación a sus víctimas en la medida de sus posibilidades económicas a través de la responsabilidad civil. En buena parte de los casos, los presos se han declarado insolventes para hacer frente a las grandes sumas de dinero en concepto de responsabilidad civil y en algunos casos han pagado pequeñas cantidades obtenidas por sus trabajos (destinos) dentro de la cárcel.

Los agentes de la Guardia Civil han bloqueado y embargado más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras en las que los expresos tenían depositados sus ahorros. También ha actuado sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 735 euros al mes. Son alrededor de 30 los que tienen un trabajo y el Estado les retendrá todo lo que sobrepase esa cuantía, que se utilizará para pagar indemnizaciones a las víctimas provocadas por ETA, dinero que ha sido adelantado por el Estado.

Nóminas, cuentas y pisos Además de intervenir en las nóminas y las cuentas bancarias, la Guardia Civil también embargó varios vehículos, incluida una autocaravana e identificó catorce propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento. La Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si antes no se paga la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa e incluso La Rioja.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señaló que la operación demuestra “la continuidad en la lucha antiterrorista” a la que se ha comprometido el Gobierno tras el anuncio de disolución de ETA. “Las fuerzas de seguridad continuarán persiguiendo a los terroristas, allá donde se encuentren”, subrayó.

Por su parte, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, denunció “firmemente” la operación, que calificó como “la respuesta del Estado a la desaparición de ETA”. Manifestó su “solidaridad con los afectados” y acusó al Estado español de querer “seguir manteniendo a este pueblo anclado en el pasado”.