Llarena se ciñe a la sedición para extraditar a Puigdemont

El juez del Supremo divide la causa contra el expresident para no demorar en exceso la entrega

Sábado, 12 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Donostia - El juez que investiga el procés catalán en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, afloja la presión en la batalla judicial internacional que mantiene contra los principales exresponsables del Govern en el extranjero. Al menos, en lo referente a que las autoridades alemanas extraditen al president cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, por el delito de rebelión. El magistrado ha remitido un escrito a la Fiscalía del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, para que divida el proceso y plantear así la opción de que entreguen por ahora a Puigdemont por el delito de sedición.

Aunque la tramitación judicial siga su curso, Llarena mantiene vigente la petición de extraditar a Puigdemont por la rebelión. Si bien esta situación podría alargar el proceso por los recursos que Puigdemont podría presentar. Es por ello que Llarena, que ha actuado a petición de la Fiscalía, ha optado por acortar plazos. El Ministerio Público entiende que se puede juzgar a los procesados por separado. En esa misma situación se encuentran la número los exconsellers Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, la ex número dos de ERC Marta Rovira y la exparlamentaria de la CUP, Anna Gabriel.

En el escrito enviado a las autoridades germanas, el magistrado plantea que lo ocurrido en los días previos y posteriores al 1-O y ese mismo día se interprete como sedición en un escrito ampliatorio en la que advierte de la “intensidad” de la violencia desplegada, que pudo “haber comprometido de manera efectiva y profunda” la capacidad de decisión del Gobierno español. Asimismo, acredita su planteamiento con el envío de decenas de vídeos. Estas grabaciones se refieren a la jornada del 20 de septiembre, cuando se produjo el asedio a la Consellería de Economía durante un registro y a otras jornadas en las que se produjeron cortes en carreteras y concentraciones frente a lugares donde se hospedaban agentes del instituto armado. Reconoce Llarena que esta intensidad de la violencia de los protagonistas del procés“es verdad que no se detalla en el Auto de Procesamiento de 21 de marzo de 2018, si bien añade que dicha ausencia “es debida a que esta particularidad no se exige con esa rotundidad en el ordenamiento jurídico español”.

El escrito, de 17 páginas en total, destina un total de siete de ellas a acreditar la situación de violencia, y para ello parte de un relato que describe una situación muy anterior a los hechos del pasado otoño en Catalunya. “Desde hace años, los nacionalistas han venido impulsando manifestaciones que han agrupado hasta 1.000.000 de personas -asegura Llarena a los alemanes-. Cierto es que no han tenido carácter violento, pero han sido un alarde de que contaban con el apoyo de una parte importante y significativa de los habitantes”, apunta.

Añade que “esta capacidad de movilización aparece como un condicionamiento” al Gobierno español y que “las movilizaciones multitudinarias son notoriamente expresivas de la transcendencia que podía llegar a tener un alzamiento popular masivo.” El magistrado incardina este relato en un escrito complementario a la tramitación de la euroorden dirigida a Puigdemont cuyo objetivo es recordar a las autoridades germanas que los delitos de rebelión y malversación no son los únicos por los que puede ser juzgado en España, ya que las conductas que se le atribuyen también podrían ser objeto de petición de condenas por otros tipos penales.

Comín, en igual situación Llarena también ha remitido un escrito a las autoridades belgas en el que plantea la opción de que entregue al exconseller de Sanidad, Antoni Comín, por el mismo delito de sedición que Puigdemont. El argumentario empleado para su orden europea de detención y entrega está planteado es similar, al instar a la Justicia de Bélgica que no se dan los requisitos para entregarlo a España por un delito de rebelión. En lo que respecta a los exconsellers Meritxell Serret y Luis Puig, ambos procesados también por desobediencia, el magistrado señala que “se limitan a su participación en la convocatoria del referéndum” mediante el decreto aprobado por el Govern el 6 de septiembre de 2017. - E.P./Efe