Cifuentes, imputada por cohecho y falsificación en el ‘mastergate’

La jueza le cita a declarar por unos presuntos delitos que acarrean penas de seis años de cárcel

Sábado, 12 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

madrid - La jueza que investiga la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos ha citado como investigada (imputada) a la expresidenta madrileña el próximo 26 de junio por delitos de falsificación de documento público y cohecho.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid informaron ayer de la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que el jueves comenzó la toma de declaraciones a los investigados en el caso y ha decidido realizar nuevas citaciones, incluida la de Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien dimitió el pasado 25 de abril como máxima autoridad de la comunidad, también ha renunciado a su condición de diputada, es decir, ha perdido su aforamiento y puede ser investigada por un juzgado ordinario.

Cifuentes, que ha pedido el reingreso en la Universidad Complutense, será investigada por delitos que, además de pena de cárcel, llevan aparejada la inhabilitación especial para cargo o empleo público o al menos la suspensión.

La jueza del número 51 de Madrid investiga las circunstancias en las que se produjo la aprobación del máster de la expresidenta madrileña en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), causa en la que, de momento, ha citado a cuatro personas más como investigadas. La última de ellas, el jueves mismo, Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster y quien aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación.

La jueza tomó declaración a López de los Mozos como testigo, pero decidió imputarla por un presunto delito de prevaricación administrativa por haber calificado supuestamente a alumnos que podrían no haber cursado el máster de esa universidad.

El jueves declararon ante la magistrada otras dos investigadas: Cecilia Rosado, profesora del máster de Cifuentes y secretaria del tribunal encargado de examinarla;Amalia Calonge, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que alteró sus notas.

La titular del Juzgado número 51 empezó la investigación por la denuncia de Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca y una de las profesoras cuya firma fue falsificada, en este caso en el acta de convalidación de notas.

Para el lunes 14 la magistrada ha citado como testigo a Ignacio Escolar, director de eldiario.es (que publicó las primeras informaciones sobre el caso) y ya el próximo 6 de junio al exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde, en este caso como investigado. Ese mismo día declararán como testigos Figueruelo y otros doce testigos, entre ellos los profesores Alfredo Allué y Laura Nuño y nueve alumnos.

Los delitos de cohecho y falsedad documental, infracciones penales de las que se acusa a Cifuentes acarrean penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación para cargo público durante un periodo de seis años. El cohecho es la infracción penal que se produce contra la Administración pública por parte de un funcionario o particular que solicite dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo.

El delito de falsedad documental se refiere a alterar “un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial” o simular “un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad”. - N.G.

COHECHO