El fiscal pide que los exgestores de GHK abonen 45 millones

Se suma a las demandas de la acusación contra Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta

Iraitz Astarloa Paulino Oribe - Viernes, 11 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se suma a la petición de la Diputación de que los exgestores de Bildu Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin devuelvan 45 millones de euros por la paralización de la incineradora de Zubieta en el año 2013.

Se resuelve así la primera incógnita de este proceso judicial, que arrancó en febrero con una audiencia previa en la que las dos partes defendieron sus posicionamientos procesales así como las pruebas que sustentan sus declaraciones. Posteriormente, el pasado 12 de abril, se celebró la jornada testifical, en la que se tomó declaración a ambas partes. Tras aquella cita, no fue hasta ayer cuando la acusación y la defensa presentaron sus conclusiones y defendieron sus posicionamientos, tal y como hizo el Ministerio Público. Este se adhirió a los argumentos y peticiones realizadas por parte de los actuales gestores del Consorcio de Residuos (GHK) y solicitó el reintegro del quebranto económico causado por aquella decisión adoptada de forma unilateral y que, a día de hoy, asciende a 45 millones: 8,2 millones de los cuales corresponden a la indemnización, 36,3 millones a lo abonado por los swaps -contratos de cobertura del préstamo- y el resto a gastos indebidamente abonados.

Según informó GHK en un comunicado, los abogados de la acusación se ratificaron en sus posiciones y defendieron que los anteriores gestores de EH Bildu adoptaron la decisión de rescindir el contrato del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa y paralizar la incineradora, al margen del interés general, y que esta decisión ocasionó graves perjuicios económicos. En relación, con lo alegado por los demandados de pretender el redimensionamiento de la infraestructura, argumentaron que en ningún momento pretendieron tal cosa y, como prueba de ello, se refirieron a la inexistencia de proyectos alternativos.

La representación legal de GHK consideró especialmente grave que los anteriores gestores de EH Bildu hicieran caso omiso del mandato de las Juntas Generales de Gipuzkoa, que les instaron en reiteradas ocasiones a cumplir con la Norma Foral y, a pesar de todo, optaran por resolver el contrato. Los abogados entienden que, con esta actuación, “se atribuyeron competencias que no les correspondían e incurrieron en una desviación de poder, incumpliendo además las más elementales normas de buena gestión”.

Asimismo, apuntaron que la rescisión del contrato se produjo “sin informe técnico alguno que la respaldara” y “en contra del interés general, sin justificar la idoneidad de la resolución, prever la cuantía de la indemnización ni analizar los efectos económicos derivados por la conversión en especulativos de los swaps”.

En esta misma línea, recordaron que, en el Consejo de Administración de 21 de junio de 2012, “los asesores técnicos advirtieron de los riesgos en los que incurría la sociedad”.

Tras la vista de conclusiones celebrada ayer, quedará esperar a que, en los próximos meses, la magistrada Margarita Mariscal de Gante dicte sentencia. Sobre el fallo cabe recurso en el Tribunal Supremo.