Pacto Antiterrorista

Ni declaración conjunta sobre el fin de ETA ni mención al futuro de los presos

El Pacto Antiterrorista se salda sin una posición compartida de los partidos, que aparcan el debate del acercamiento

Humberto Unzueta - Viernes, 11 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Donostia - Los principales partidos del Estado español fueron incapaces de sacar algo en limpio de la reunión del Pacto Antiterrorista convocada ayer por el Gobierno español para constatar el cierre definitivo de ETA. El encuentro se saldó sin una declaración conjunta y las formaciones tampoco abordaron la situación de los presos y el escenario futuro una vez que la banda ha echado la persiana de manera definitiva.

Fue la reunión del miedo, no a ETA que ya ha dejado de matar e incluso de existir, sino a que las fisuras internas y la incapacidad de acordar unos mínimos sobre el final de la organización y la política penitenciaria a aplicar a sus alrededor de 230 presos en cárceles españolas -otros 50 purgan sus condenas en penales franceses- acaben visualizando justo lo contrario al único objetivo declarado del encuentro de ayer: “escenificar la unidad” de los partidos ante el final de ETA. Para dar contenido a la reunión y tener algo con que venderla, los participantes se aferraron a las víctimas, a las que expresaron su apoyo, y al “espíritu de unidad” al que apeló el ministro del Interior y ayer maestro de ceremonias, Juan Ignacio Zoido.

La reunión no podía deparar grandes cosas teniendo en cuenta el orden del día establecido por el ministro en la convocatoria y que pasaba por una “salutación” del propio Zoido, una “valoración” del final de ETA y las “intervenciones” de los portavoces de los grupos. Así las cosas, el resultado fue una “escenificación de unidad” sobre la “derrota” de la banda y poco más.

El Ministerio del Interior había barajado la posibilidad de que del encuentro saliera un texto compartido que certificara que ETA no se ha disuelto voluntariamente sino que ha sido derrotada, pero finalmente descartó la idea ante las divergencias entre los partidos que podían echar al traste la foto de familia que se buscaba.

Partido Popular, PSOE, Unidos Podemos -como observador-, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Partido Aragonés, Coalición Canaria y UPyD asistieron a la reunión, a la que a última hora se sumó el PDeCAT con muchas dudas. PNV, EH Bildu y ERC no lo hicieron al entender que el foro no tiene razón de ser y menos aún con ETA disuelta.

El propio Zoido restó importancia a la imposibilidad de los partidos para ponerse de acuerdo en un texto de mínimos. “No se trataba de una declaración programática y de estar pendientes de una coma”, señaló, para a renglón seguido rebajar el rango de la reunión al asegurar que su objetivo era que la Policía española, la Guardia Civil y el CITCO informaran a los partidos sobre el estado de la lucha antiterrorista.

A falta de otros argumentos, el “espíritu de unidad”, la derrota de ETA y la memoria de las víctimas fueron las apelaciones continuas del ministro y del resto de participantes. Zoido instó a los partidos a mantener el espíritu de unidad que ha llevado a que “ETA haya sido vencida y a trabajar para que no se permita ninguna falta de respeto a la memoria de las víctimas”, haciendo “distinciones entre ellas o con alusiones a una falsa e insultante responsabilidad compartida”.

“¿Y los presos, qué?” La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, subrayó la “deuda ingente” de la sociedad con las víctimas que “no podrá pagar nunca, por lo que deberán estar siempre presentes en la historia de la violencia sin sentido y totalitaria” de ETA. La diputada dijo que no era el objetivo de la reunión hablar de cambios en la política penitenciaria, “sino poner de relieve la derrota sin matices de ETA y demostrar nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas”. A ellas también dedicó su valoración el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, que prometió que no se les va a olvidar nunca, en tanto que recordó que quedan por resolver más de 300 crímenes, armas por entregar y órdenes de busca y captura por cumplir.

Los principales partidos quisieron aparcar el debate sobre un posible acercamiento de los presos tras su disolución y así lo hicieron, salvo UPyD y UPN. Aunque en el orden del día no figuraba ningún punto de ruegos y preguntas, los representantes de UPyD, que no tiene parlamentarios en las Cortes Generales, sacaron el tema al formular la pregunta: “¿Y los presos, qué?”. Zoido no tuvo escapatoria y les respondió que les espera “la aplicación escrupulosa de la ley porque no habrá contraprestaciones ni concesiones”.

Fuera del cónclave y a preguntas de los periodistas sobre si se podía producir un cambio en la política penitenciaria en el caso de que, por ejemplo, los presos pidan perdón, Zoido subrayó que el requisito no debe ser “rellenar un formulario”, sino “acreditar y mantener a lo largo del tiempo actitudes y conductas”.

Una vez más mezcló la política penitenciaria que el Gobierno español puede o quiere aplicar a los presos, como es el caso de la dispersión y el alejamiento, con la legislación penitenciaria que establece el itinerario y los requisitos que todo recluso debe recorrer y cumplir para progresar de grado, acceder a permisos de salida y obtener beneficios penitenciarios. Es la ley y no el Gobierno de turno quien define los pasos en el camino hacia la reinserción del preso. Siempre con la voluntad del recluso que, en el caso de ETA, ha vetado durante décadas y hasta hace solo unos meses de manera sistemática a sus presos la opción de las vías legales e individualizadas para acogerse a las medidas que flexibilizan la vida penitenciaria del interno.

Uno de los pocos que opinó sobre este asunto fue el diputado de Podemos Rafael Mayoral al defender que todos los presos cumplan sus condenas cerca de sus familiares. Al margen de la cuestión penitenciaria, destacó que la desaparición de ETA, que “nunca debió existir, es una buena noticia”, anhelada por toda la sociedad. Dicho final ha llegado por la unidad de todos y con el convencimiento de que, pese las diferencias, no han existido discrepancias al acabar con la banda, zanjó.

Prisión para los yihadistas. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió ayer a prisión a los dos presuntos yihadistas detenidos el pasado martes en Abadiño y Lorca (Murcia) acusados de delitos de enaltecimiento del terrorismo islamista, adoctrinamiento, autoadoctrinamiento y captación para el Estado Islámico (EI) por animar a cometer atentados en Europa. Según informaron fuentes jurídicas, la magistrada decretó su prisión preventiva a petición de la Fiscalía tras tomar declaración a ambos por la mañana. La detención de los dos presuntos yihadistas se produjo en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y las autoridades marroquíes, que se saldó con otros tres detenidos en Castillejos, localidad próxima a Ceuta. Los investigadores creen que los cinco arrestados formaban parte de una estructura de reclutamiento y adoctrinamiento que llamaba a atentar en Europa.