Hacienda trata de inhabilitar al expresident por no declarar bienes

Montoro está a punto de cerrar todos los trámites para sancionarle por una falta “muy grave”

I. Santamaría - Viernes, 11 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - Carles Puigdemont podría ser inhabilitado para ejercer cargo público durante cuatro años por no declarar sus bienes a Hacienda, que se halla a punto de culminar todos los trámites para abrirle un expediente sancionador por falta “muy grave”. Desde el ministerio que dirige Cristóbal Montoro confirmaron la próxima apertura del expediente, de acuerdo a la Ley de Régimen de Incompatibilidades de Altos Cargos al Servicio de la Generalitat de Catalunya. No en vano, los altos cargos de las instituciones catalanas están obligados a presentar, junto a la declaración de actividades, la declaración patrimonial y de intereses en un plazo de tres meses a contar desde la toma de posesión.

Puigdemont parece haber agotado ya el límite de los tres meses para entregar la documentación que debe incluir, como mínimo, todos sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, los valores o activos financieros negociables, las participaciones societarias y el objeto social de las sociedades participadas y el de todas en las que tenga intereses. E igualmente debería haber entregado la última declaración tributaria del impuesto sobre las personas físicas. Ninguno de estos documentos ha sido entregado por el expresident, que recogió en Bélgica, donde se exilió a finales de octubre, la última notificación de Hacienda requiriéndole su entrega en quince días, un periodo ya sobrepasado sin respuesta.

Hacienda ha resuelto, por tanto, abrirle un expediente sancionador por infracción de carácter muy grave y el pasado miércoles pidió a la Generalitat que en cinco días nombrase un instructor para hacerse cargo del proceso. Como el Gobierno español tiene asumidas las competencias catalanas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, será el Consejo de Ministros el que nombre al instructor del expediente sancionador contra Puigdemont, lo que hará previsiblemente en su reunión de la próxima semana.

Por otra parte, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el PP de Catalunya contra los acuerdos de la Mesa del Parlament de los pasados días 3 y 24 de abril, en los que se admiten la delegación de voto de los diputados Puigdemont y Comín, respectivamente. El tribunal de garantías dictó una providencia en la que afirma que este tema, que también fue recurrido por Ciudadanos y admitido a trámite este pasado martes, plantea “una cuestión jurídica relevante” que, además, presenta “unas consecuencias políticas generales”. El partido de Albert Rivera defiende en su escrito que los acuerdos de la Mesa que permite el voto delegado de los investigados por rebelión son contrarios al Reglamento del Parlament e “incumplidores de las taxativas determinaciones del Constitucional”.

el PP mueve ficha El recurso presentado ahora por el PP plantea un problema que afecta a una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina de este Tribunal. Al igual que ya afirmó con la cuestión planteada por la formación naranja, el Pleno no aprecia “la urgencia excepcional” alegada por los populares para adoptar “medidas cautelarísimas” de suspender estos acuerdos mientras se resuelve el fondo del asunto. No obstante, el Tribunal Constitucional ordena abrir una pieza separada de suspensión, por lo que concede un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente para que efectúen alegaciones.

El hecho de que el PP haya querido presentar un recurso de amparo por separado hizo que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, diese por roto el pasado miércoles el apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy en la aplicación el artículo 155. Tras ello, el presidente español tachó de “aprovechategui” al líder de la formación naranja por tratar de buscar rédito electoral, aunque ayer rebajó los ánimos.