centro de acogida foral

Diez víctimas de violencia machista denuncian sufrir un “abandono total” en un centro dependiente de la Diputación

Piden el “cierre inmediato” del recurso residencial Bidean por las condiciones de insalubridad y el trato negligente recibido
Reclaman un cambio de gestión y la “reparación e indemnización por los daños y perjuicios causados”

Jorge Napal Ruben Plaza - Martes, 8 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

Donostia - Una decena de mujeres víctimas de violencia machista atendidas en un centro de acogida foral denunciaron ayer haber sufrido “maltrato institucional” durante su estancia en este recurso residencial para el que solicitan su “cierre inmediato”. Aseguran que el trato fue “negligente”. Se trata en concreto del centro Bidean para estancias intermedias, que dispone de ocho plazas, destinado a atender demandas de protección y alojamiento para víctimas y personas a su cargo que precisen una intervención especializada integral.

Las denunciantes registraron ayer mismo diferentes escritos al respecto ante el Ararteko. En la información remitida al Defensor del Pueblo en el País Vasco incluyen testimonios que vendrían a demostrar que en este recurso foral se han “vulnerado derechos”. Hablan de “condiciones de insalubridad y abandono total” durante los últimos cuatro años en este centro dependiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa gestionado por la Fundación para el Estudio y Promoción de la Acción Social (Fepas).

Las denunciantes asumen que la responsabilidad de realizar las tareas de limpieza es de las propias usuarias, si bien recuerdan que compete a las trabajadoras la obligación de planificar las tareas, supervisarlas y no permitir que el centro llegue a unas condiciones de insalubridad como las que dicen haber sufrido.

En representación de estas mujeres, Marta Guerra y Monika Aizpitarte, miembros del Movimiento Feminista de Donostia, solicitaron ayer en una comparecencia de prensa en Donostia una “reparación e indemnización por los daños y perjuicios causados”, así como una reestructuración del equipo de trabajadoras y un cambio de gestión del centro.

Durante la intervención, en la que no admitieron preguntas de los periodistas, solicitaron la supervisión de este tipo de recursos asistenciales por parte de la Diputación, así como “una alternativa de ayuda para las mujeres que han tenido que abandonar el recurso y todavía están en fase de recuperación”.

Sobre la situación de este centro habló el pasado 24 de abril en una comisión en las Juntas Generales de Gipuzkoa la diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, quien, a preguntas del grupo de EH Bildu, reconoció que su departamento había recibido quejas sobre su funcionamiento.

Peña admitió que el centro “está quemado”, debido a falta de espacio y carencias estructurales, y anunció que su departamento trabaja para reubicar ambos recursos en un nuevo emplazamiento, con más plazas y espacio, para mejorar la atención que prestan.

A este respecto, las denunciantes insisten en que el problema no es que el centro se haya quedado pequeño sino “las vulneraciones continuas de nuestros derechos”. Se quejan del “trato negligente recibido por parte de algunas trabajadoras, quienes no han atendido las necesidades de salud, psicológicas y sociales de las mujeres, haciendo una total dejación de sus responsabilidades”. Incluso, añaden, cuando las usuarias han caído enfermas.

Según el escrito remitido al Ararteko, hay testimonios de mujeres maltratadas a las que algunas trabajadoras del centro llegaron a proferir frases humillantes y degradantes culpabilizándolas de la situación.

Denuncian además que no se han aportado recursos económicos para el transporte y realización de actividades para que las mujeres que no disponen de medios puedan estructurar el ocio y el tiempo libre. “Tampoco se han atendido las necesidades de alimentación, existiendo una grave carencia de alimentos tanto para las mujeres como para los menores. Nos han estado dando comida caducada, como huevos, carne y yogures”, según denuncian.

Entienden por todo ello que en vez de recuperarse de los graves episodios de violencia sufridos como mujeres maltratadas ha ocurrido más bien todo lo contrario. Es decir, se ha producido un “grave retroceso” en su proceso, provocándoles “daños a nivel integral de salud”. Las denunciantes insisten en señalar que han sentido maltrato institucional. “No se ha respetado -aseguran- el principio ético de no maleficencia, es decir, no dañar aún más a una persona que acude a pedir ayuda”.